El CGPJ tramita el amparo de la juez del 'caso Willy' ante el digital de Sosa

03.12.2015 | 16:47

Los comentarios que el digital propiedad de Carlos Sosa ha vertido en torno la instrucción de la causa judicial sobre las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos a productoras por parte de Radio Televisión Canaria en la época en que Guillermo García Marchiñena la dirigía han llegado hasta el Consejo General del Poder Judicial. Esta misma semana se supo que el CGPJ ha admitido a trámite la solicitud de amparo de la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres y Farizo. La instructora del caso considera en el escrito que dirigió a ese órgano que las referencias a su actuación hechas en el diario digital "afectan a la independencia judicial".

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife solicitó el amparo tras leer en el periódico digital expresiones como "jamás en la historia judicial de Canarias se había visto que una denuncia claramente política (...) pudiera subir como un suflé hasta límites kafkianos con la colaboración necesaria de la titular de ese Juzgado", según explica el CGPJ en una nota. Esta y otra frases, como "jamás una instrucción judicial pudiera pudrirse hasta provocar la indefensión de los sospechosos" o o "la providencia es un claro ejemplo de mala praxis judicial y de absoluto disparate jurídico" forman parte de los textos adjuntados por la magistrada en su petición.

En el conocido como caso Willy se investiga como principal causa la presunta adjudicación irregular de varios contratos por Guillermo García Marchiñena, algunos de los cuales beneficiaron a empresas de su mentor, el periodista Francisco Padrón. Sin embargo, en la denominada por la policía como operación Gloria también está siendo investigado Rubén Fontes, exjefe de Producción del ente público en la época de García, quien presuntamente habría extorsionado a responsables de ayuntamientos de la provincia de Las Palmas para que favorecieran a Siete Mares SL, una de las productoras más beneficiadas durante la etapa de García y el propio Fontes en la tele autonómica.

En una providencia del pasado 30 de octubre, la magistrada pidió al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que averiguara si "Rubén Fontes se reunió con autoridades locales instándoles a que contratasen a Siete Mares SL con indicación de que si no lo hacían no contaran con la colaboración de RTVC". La juez quería saber si había alguna relación extraoficial o interés económico irregular que justificara que Fontes intentara beneficiar a Siete Mares. Lorenzo-Cáceres había recibido informaciones que indicaban que Fontes pudo presionar a los responsables de ayuntamientos para que hicieran encargos a esta empresa.

Los comentarios en el digital de Sosa sobre la instructora comenzaron tras la investigación a Fontes, cuya boda ofició recientemente la juez Victoria Rosell, que dejó la judicatura para ser la candidata de Podemos al Congreso por Las Palmas. Rosell a su vez es la pareja del director y propietario del digital.

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