El registro de participación del Ejecutivo concita un nulo interés ciudadano

Solo 37 personas y 14 entidades jurídicas están inscritas desde que se creó en octubre de 2014 para la consulta popular sobre el petróleo que nunca se realizó

16.11.2015 | 02:00

El registro de participación ciudadana que el Gobierno canario creó hace un año, en octubre de 2014, para permitir, entre otras cuestiones, la votación telemática en la consulta popular sobre los sondeos petrolíferos de Repsol -que nunca se llegó a celebrar- permanece activo, pero con un nulo interés por parte de los residentes en las Islas. Solo se han inscrito 37 personas físicas y 14 entidades ciudadanas en este registro, cuyo decreto se anunció a bombo y platillo, junto con el que regula las consultas populares, para estimular la participación de los canarios en el plebiscito que se iba a realizar sobre el petróleo y en cualquier otro que se pudiera celebrar.

Además, el registro tenía como función convertirse en un instrumento para recibir o pedir información periódicamente de temas de interés contenidos en el propio decreto de creación.

El director general de Transparencia, Participación Ciudadana y Relaciones Institucionales, Teófilo González, reconoce que no se le ha dado mucha difusión a este registro, aunque sostiene que el Gobierno se ha marcado en su nueva andadura potenciarlo, así como el uso de consultas populares para temas de interés ciudadano, como se hace habitualmente en otros países, como en Suiza.

A través del decreto que regula las consultas populares se podrían realizar consultas a nivel insular y regional sobre cualquier asunto que se requiera.

González pone como ejemplo que se podría preguntar sobre la puesta en marcha o no de la planta "regasificadora" de Arinaga, que tanta polémica sigue suscitando entre detractores y defensores. En su opinión, es un instrumento muy útil y común para testar el sentir de la ciudadanía. No obstante, en estos momentos "no hay ninguna petición de consulta", indica González.

En cuanto al registro, no sólo se creó para poder participar en estas consultas populares sino para pedir información sobre distintos temas contenidos en el decreto. Las catorce entidades ciudadanas inscritas y que reciben información periódica son asociaciones de árbitros, culturales, para la paz, de caza, terapeutas, taxis, discapacitados o de inserción laboral, entre otros.

La consulta ciudadana del petróleo se quería convocar el 23 de noviembre del año pasado al amparo de la Ley de Participación Ciudadana de Canarias, aprobada en 2007, pero cuyo desarrollo reglamentario se realizó a partir de agosto de 2014, a raíz de la oposición del Ejecutivo regional a las prospecciones en aguas próximas a las costas canarias autorizadas a Repsol por el Gobierno central. De esta forma, se formalizaron los dos decretos aprobados en octubre por los que se regula organización y funcionamiento del registro de participación ciudadana, así como el que regula las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general competencia de la Comunidad Autónoma.

En el caso de las prospecciones, el Ejecutivo canario demandó tras la autorización de los sondeos a Repsol en agosto del año pasado la celebración de un referéndum, que Madrid consideró ilegal ya que las competencias sobre hidrocarburos son estatales. Por ello, el Gobierno canario propuso hacer una consulta popular, que el Tribunal Constitucional suspendió a principios de noviembre. "La consulta no es referéndum y creíamos que jurídicamente procedía al amparo del Estatuto de Autonomía y la Ley de Participación Ciudadana", evoca González. Ahora espera que se use más este instrumento.

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