Vivienda evita el desahucio de 25 familias con el convenio con la Sareb

La entidad cede a la Comunidad Autónoma 50 viviendas para alquiler social cuya renta será inferior a 78 euros para familias con ingresos menores al salario mínimo

12.11.2015 | 02:00

La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) ha cedido al Gobierno de Canarias 50 viviendas para destinarlas a alquiler social para aquellas familias mas vulnerables. Se trata de un acuerdo que ayer se selló con la firma de un convenio entre la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, y el director general de Desarrollo Corporativo de la Sareb, Óscar García. Y por lo que dieron a entender a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la rúbrica del documento, parece que no será el único acuerdo que estudia el Ejecutivo regional con esta entidad, aunque ninguno de ellos quiso avanzar algo más de lo que hablaron en la reunión previa a la firma.

El director general de Desarrollo Corporativo de la Sareb dijo que esta firma supone dar un "paso más" asegurando que "se mantendrá una interlocución muy activa" con el Ejecutivo regional y "no solo en materia de vivienda, sino en otros programas que se enmarcan en el ámbito de nuestra responsabilidad social corporativa".

Por su parte, Hernández destacó que no solo son cincuenta familias las que podrán tener una vivienda en alquiler a un precio que puedan pagar sino que con la firma de este convenio "se ha evitado que muchas de las familias que están en proceso de lanzamiento con la Sareb por impagos, puedan permanecer en sus viviendas evitando así el desahucio". En concreto, la mitad de los inmuebles cedidos por esta entidad se ceden para estos casos.

La vicepresidenta señaló también que además, las personas en riesgo de exclusión social tendrán prioridad en el acceso a estas viviendas en régimen de alquiler social.

De igual manera, la también consejera de Vivienda explicó que ninguna familia que cobre menos del salario mínimo interprofesional –648,60 euros mensuales– destinará más del 12% de esos ingresos (78 euros) para abonar el alquiler social de la vivienda, mientras que aquellas personas cuyo salario supera dicha cantidad, el máximo que pagará por la renta mensual no superará el 30% de sus ingresos, tal y como recomiendan las instituciones europeas, aseveró.

En este sentido, Hernández subrayó que se han mejorado los protocolos establecidos por la Unión Europea para aquellas personas más vulnerables con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.

Por otro lado, Patricia Hernández informó de que horas antes de rubricar el convenio de viviendas con la Sareb, había mantenido una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, con el objetivo, dijo, de "trabajar en el protocolo de la oficina de defensa del derecho a la vivienda e intermediación hipotecaria y establecer los mecanismos de actuación ante un proceso de lanzamiento, ya sea entre particulares o entidades financieras y un particular".

Hernández subrayó de manera "muy positiva" la actitud que está manteniendo sobre este problema la Administración de Justicia, a lo que, reiteró, se añade la "buena noticia" de la firma de este convenio. "Es un día importante, porque no solo se queda solo en una firma de un documento, sino que tiene su reflejo en la vida de las personas más vulnerables". "Este es un primer paso en un camino a recorrer con la Sareb", añadió Hernández.

Por su parte, Óscar García agradeció el "interés y empeño personal" de la vicepresidenta del Gobierno canario en la firma de este convenio y mostró su disposición a colaborar con el Ejecutivo de Canarias en acuerdos futuros. De hecho dijo que va a "tener una interlocución muy activa, no solo en el ámbito de la vivienda sino en otros programas que vamos a desarrollar".

El convenio de cesión de este medio centenar de inmuebles entre la Sareb y Visocan (Viviendas Sociales de Canarias) tendrá una duración de 5 años y la mayor parte de las cincuenta viviendas cedidas al Ejecutivo de Canarias se encuentran en Tenerife y Gran Canaria.

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