Berriel critica la falta de control en el proyecto de Grafcan en El Salvador

El exconsejero apartó a Bernardo Pizarro cuando se detectó el uso "indebido" de fondos por el socio de la empresa, Toponort

22.10.2015 | 13:08
Domingo Berriel.

El exgerente de la empresa pública Cartográfica de Canarias SA (Grafcan), Bernardo Pizarro, fue apartado de su cargo cuando la Consejería de Política Territorial se dio cuenta de que la gerencia de la UTE creada para desarrollar un proyecto contratado en El Salvador estaba haciendo un uso "indebido" de los fondos de la misma, sin autorización ni conocimiento de Grafcan. El exconsejero Domingo Berriel asegura que el contrato que le daba plenos poderes a la gerencia, en manos de la empresa Toponort, fue firmado por Pizarro sin la autorización ni el conocimiento del consejo de administración y que dejaba las manos libres al socio de la empresa pública canaria para solicitar créditos y disponer de fondos sin necesitar la autorización de Grafcan.

Cuando se detectó esta situación Berriel decidió nombrar a un consejero delegado, Juan Guedes, para investigar la operación de El Salvador, se encargó una auditoría y se exigió a Toponort una modificación de las relaciones contractuales para que Grafcan participara en el control financiero y económico del proyecto. El propio Berriel reconoce que las conversaciones con la gerencia de la UTE fueron "tensas y duras" hasta que se lograron los cambios. "Hubo resistencias durante algún tiempo y discusiones fuertes pero al final se consiguió un control colegiado de los gastos del proyecto", añade el exconsejero de Política Territorial.

En declaraciones a Cope Canarias, Berriel asegura que el gerente puesto por Toponort solicitó un crédito para hacer frente al coste del proyecto, que sería restituido con las certificaciones de obra. Sin embargo, cuando se detectó un uso indebido de los fondos y que se hacía uso de los mismos sin que Grafcan fuera informada ni pudiera participar del control financiero del proyecto, se apartó a Pizarro y se iniciaron las gestiones para impedir que los problemas económicos de la UTE perjudicaran a la empresa pública de la Comunidad Autónoma. De hecho, según Berriel, el proyecto empezó a acumular retrasos debido a la situación financiera de la UTE, lo que suponía un riesgo ya que el Gobierno de El Salvador podría exigir la ejecución de los avales firmados por Pizarro. Este hecho podía poner en una situación complicada a Grafcan tanto desde el punto de vista patrimonial -la sede de la empresa en la capital grancanaria está hipotecada- como financiero por los tres pagarés firmados por Pizarro.

El exgerente negó la pasada semana que su despido fuera motivado por la operación en El Salvador pese al informe interno encargado por el actual equipo de Política Territorial, que evidencia algunas operaciones poco claras. Pizarro defiende que todas las gestiones que hizo estaban autorizadas.

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