El Gobierno reorganizará el modelo de atención a discapacidad

Establecerá un catálogo de servicios común en las siete islas, que pactará con asociaciones y cabildos, y agilizará la asistencia a las personas en espera de evaluación

21.10.2015 | 15:22

El Gobierno de Canarias reorganizará el modelo de atención a la discapacidad para, entre otros objetivos, establecer un catálogo de servicios común en las siete islas, que pactará con asociaciones y cabildos, y agilizar la asistencia a las más de 10.600 personas en espera de evaluación.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, ha expresado este miércoles 21 de octubre en la comisión parlamentaria del área su intención de que haya protocolos "claros y comunes para las siete islas" y para ello se creará un catálogo de costes y servicios "igual para toda la Comunidad Autónoma".

Además se implantará una herramienta informática para que la gestión de los expedientes sea más ágil y eficiente y Patricia Hernández señaló que también es preciso que haya una dotación de personal suficiente, para lo que se crearán nuevos equipos de evaluación de la discapacidad integrados por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y auxiliares administrativos.

"Estamos trabajando a destajo para sacar un plan de choque" al igual que sucede con la atención a la dependencia, explicó la también vicepresidenta del Gobierno de Canarias, quien indicó que se debe elaborar una estrategia común para actualizar el plan canario de atención a las personas con discapacidad, pues en el anterior no se aspiraba a "una política real de verdadera inclusión social".

Destacó la vicepresidenta canaria que son las asociaciones que atienden a las personas con discapacidad "las que están subsidiando el papel de la Administración pública" y subrayó que el Gobierno canario trabaja con estas entidades y con los cabildos, sobre los que recae "buena parte" de la atención, porque el servicio que se presta es diferente en cada isla.

La diputada del grupo Popular Josefa Luzardo consideró que, a diferencia de las cifras expuestas por la vicepresidenta, en Canarias hay unas 17.000 personas en lista de espera por un reconocimiento de discapacidad y señaló que los planes expuestos por Hernández "en el papel están muy bien, pero habrá que fiscalizar cuánto tiempo tardan" en aplicarse.

Josefa Luzardo dijo a la consejera que "le ha tocado un marrón de área en cuanto a la gestión que ha heredado" y preguntó cuándo va a haber un censo real de personas con discapacidad y planes específicos de empleo, ya que el 90 por ciento de las personas con sordera están en el paro.

La parlamentaria de Podemos Natividad Arnáiz calificó de "vergonzoso" el que aún las ciudades canarias sean inaccesibles, sobre todo en el caso las obras nuevas, y puso como ejemplo al vecino de La Oliva José Gómez, que es invidente y lleva tres años sin salir de su casa porque "las calles nuevas de su municipio no son accesibles".

Natividad Arnáiz recordó "otras vergüenzas" como el que en su opinión se niega el acceso a la educación de personas sordas por falta de intérpretes y el trato "denigrante" en centros de salud y transportes, sobre lo que apuntó que cuando el diputado de Podemos Pablo Echenique visitó las islas tuvo que viajar en la bodega del ferry.

Guadalupe González Taño, del grupo Nacionalista, apuntó que padece una discapacidad leve y que todas las personas, al envejecer, son susceptibles de sufrir una incapacidad o ser dependientes, pero el grado de dependencia dependerá de que se le faciliten medios para su autonomía personal.

"Ahí tiene un reto, señora consejera, y le animo a hacer un plan en el que se involucren todas las áreas del Gobierno" para lograr este objetivo, afirmó la diputada nacionalista, quien expuso como ejemplo que el Servicio Canario de la Salud (SCS) avisa de los cambios de cita por teléfono aunque el paciente tenga sordera.

Ello lleva a casos como el de una familia de La Palma en el que el padre y la madre sufren sordera, por lo que las llamadas telefónicas del SCS las atiende su hijo, un niño de 6 años, añadió González Taño.

Melodie Mendoza, diputada de la Asociación Socialista Gomera, afirmó que a La Gomera tardan meses en acudir los miembros del equipo de evaluación de la discapacidad y dijo que ningún parlamentario autonómico se desplaza en silla de ruedas, pues si no sería imposible que acudiese a las salas de las comisiones.

Luis Alberto Campos, de Nueva Canarias, afirmó que son las barreras sociales "las que estigmatizan" y coincidió en el que el Parlamento puede "dar ejemplo", como podría ser el incorporar a sus sesiones un intérprete para las personas con problemas de audición.

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