El Ejecutivo reconoce que ignoró 264 infracciones en los parques nacionales

Podemos ve posible delito de prevaricación por omisión en la gestión de las denuncias

08.10.2015 | 01:03
La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ayer en la comision.

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, admitió ayer en comisión parlamentaria que en el departamento que dirige existen, desde 2010 a lo que llevamos de este año, un total de 264 infracciones cometidas en los parques nacionales del Teide, Caldera de Taburiente, Timanfaya y Garajonay que aún están pendientes de resolución y sanción. La consejera autonómica, que compareció a petición del Grupo Parlamentario Podemos, justificó esta inoperancia en la "falta de medios, de personal y la confusión administrativa en sus competencias ante una maraña legislativa".

La diputada de Podemos Asunción Delgado consideró que en este asunto "hay responsabilidades políticas y administrativas, incluso, apuntó a que pudieran derivarse en "responsabilidades penales" también en forma de "prevaricación por omisión" ante la falta de gestión de los expedientes sancionadores sin resolver.

Barreto señaló que cuando asumió el cargo ordenó realizar un resumen de los asuntos que se tramitaban en cada departamento y en la Viceconsejería de Medio Ambiente, en concreto, se encontraron con 264 denuncias no resueltas desde 2010 –detalladas por año y lugar en el cuadro que acompaña esta información–. La consejera destacó que de todas ellas, 109 obedecen a infracciones por estacionamiento o maniobras indebidas en vehículos y "deben ser los ayuntamientos quienes se hagan cargo de su tramitación", aunque se registren en la Viceconsejería.

En este sentido, admitió que "hay un problema con la normativa en la atribución de las competencias" ya que según dijo la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad no aclara o especifica qué administración tiene la atribución sancionadora sobre las denuncias medioambientales en los parques nacionales.

Por ello, Nieves Lady Barreto señaló que ha decidido, por ahora, "atribuir estas funciones a la Apmun (Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural) al poder asumir la tramitación de las denuncias acumuladas desde 2010, sin que sea necesario incrementar el personal o los medios". Sobre este punto anunció que a lo largo de esta legislatura se aprobará una nueva ley de biodiversidad que aclarará todas estas cuestiones".

No obstante, señaló que cuando se transfieran las competencias de los parques nacionales a los cabildos, proceso que comenzará el próximo año en Tenerife con el Teide, serán las corporaciones insulares las que asuman también funciones sancionadoras, pero reconoció dichas funciones "serán gravosas" para los cabildos, "que tienen escaso personal y medios", y por ello –dijo– aún se negocia cómo se lleva a cabo el traspaso de esas competencias sancionadoras.

Por su parte, la diputada de Podemos Asunción Delgado afirmó que "los vacíos competenciales, la maraña jurídica y la falta de recursos humanos y materiales no es una casualidad, sino una consecuencia de la falta de voluntad política y de interés de la administración canaria por el medio ambiente".

Delgado llamó la atención sobre el problema diciendo que "los que no han sido sancionados se ríen de todos nosotros porque saben que las infracciones acaban en la basura" y añadió que "no perseguir las infracciones no solo tiene una responsabilidad política y administrativa, sino que también puede ser penal por prevaricación por omisión".

Pero en las críticas hechas a los responsables políticos no incluyó a los agentes de medio ambiente de los cabildos y del Gobierno canario, ni la actuación del Seprona de la Guardia Civil o el grupo de medio ambiente de la Policía Autonómica, de los que dijo "son los que cuidan del cumplimiento de la normativa e inician las denuncias" pese al "escaso apoyo político".

Para Delgado es "indispensable publicar una normativa que aclare en qué órgano está la potestad sancionadora así como aumentar los medios humanos y materiales" y afirmó que "no es la solución" delegar las competencias en esta materia en la Apmun, sin incrementar sus recursos humanos y materiales, "porque ya de por sí funciona muy mal y un alto porcentaje de los expedientes que tramita acaban caducándose".

Para el diputado Jesús Ramón Ramos, del Grupo Mixto por la Agrupación Socialista Gomera, es necesario apostar por transferir también a los ayuntamientos competencias sancionadoras.

El diputado del Grupo Popular Miguel Jorge Blanco aseguró que "cuesta entender el galimatías tremendo" de normativas y competencias de inspección y sanción medioambiental, por lo que reclamó "urgencia" en clarificar la legislación y las competencias.

Ventura del Carmen Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista, señaló que "el problema es doble: hay descoordinación sobre las normativas y competencias y hay problemas de medios humanos y materiales.

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