Marlene Martín: "La Administración ha perjudicado a los abogados"

"Del dinero recaudado con las tasas, ha llegado un 2´11% para invertir en Justicia", afirma la abogada y coordinadora del Turno de Oficio en Santa Cruz de Tenerife

05.10.2015 | 11:08

Marlene Martín Pérez nació en Venezuela en 1968, hija de padres canarios emigrantes, ejerce como abogada desde 1991 y en 2006 tomó posesión como diputada en la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados (Icatf) pasando a coordinar y presidir la Comisión del Turno de Oficio y asistencia al detenido por delegación del Icatf hasta la actualidad.

¿Cómo está funcionando el turno de oficio en la provincia tinerfeña que usted coordina?

Cada día debe funcionar mejor. Desde el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife se ha invertido en personal y medios en el Turno de Oficio. De hecho, ya existe la posibilidad de que los ciudadanos soliciten el derecho a la justicia gratuita por vía telemática y también se creó un sistema de cita previa con el fin de evitar tantas esperas. No obstante, y a pesar de esas mejoras, cada día son más y más los justiciables sin recursos que acuden al Colegio de Abogados para solicitar el reconocimiento de su derecho a una asistencia jurídica gratuita. Respecto a los letrados adscritos al Turno de Oficio, ellos son los que más invierten en la prestación de este servicio público, cada día menos reconocido por la Administración Pública, y sin embargo, más reconocido por los ciudadanos; son los que ponen a disposición de las personas justiciables no solo sus conocimientos jurídicos, sino además ilas nfraestructuras de sus despachos con medios materiales y personales, con costes económicos cuantificables. Desde luego, hay que dejar claro que si nos permitiera la Administración organizar el Turno de Oficio y la asistencia a los detenidos, sin tantos límites, funcionaría mejor.

El Tribunal Supremo les ha reconocido en una reciente sentencia su derecho a reclamar al Gobierno de Canarias las cantidades que éste les recortó en 2010 en los honorarios por conceptos que percibían los abogados del Turno de Oficio. ¿El Ejecutivo regional ya les ha abonado los dos millones de euros en los que el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife cifra el recorte?

Todavía no. Estamos en plena batalla administrativa y judicial para su reclamación. No vamos a quedarnos quietos, seguiremos en la lucha, hasta que todos y cada uno de los letrados tengan lo que se les debe. Bastante claro ha dejado el Tribunal Supremo que la citada Orden del Gobierno de Canarias es nula de pleno derecho.

Dos años más tarde, en 2012, de nuevo el Gobierno de Canarias volvió a apretarles el cinturón y ejecutó una nueva bajada en las retribuciones que perciben los letrados de la asistencia jurídica gratuita. ¿Aún está en manos de los tribunales la resolución de esa segunda demanda?
Sí. Se encuentra pendiente de recurso de casación en el Tribunal Supremo. Esperamos el reconocimiento, por parte de este alto tribunal, de la injusticia tan grave cometida en un servicio público fundamental, como es el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que no solo afecta a los abogados, sino también a los solicitantes de la asistencia jurídica gratuita.

¿Se justificaban esos recortes por una situación de crisis o los honorarios por los procedimientos en los que un letrado del Turno de Oficio trabaja eran altos?

No existió justificación. La Administración se aprovechó de la crisis para perjudicar a los abogados, atacando sin piedad a nuestro colectivo. Si bien todos podríamos señalar quién tenía que pagar los recortes, lo cierto es que los que más la hemos sufrido hemos sido los abogados del Turno de Oficio. Crisis que ha pagado y sigue pagando este colectivo de abogados, no solo con rebajas en los baremos, sino además con la imposición de condiciones muy gravosas en el desempeño de su trabajo.

¿Cuántas solicitudes para asistencia jurídica gratuita registran al año?

Cada año van aumentando progresivamente debido a la situación de crisis económica que sufrimos. En el presente año, hasta el 30 de septiembre, llevamos registradas más de 16.056 solicitudes.

El derecho a contar con un abogado del turno de oficio lo marcan los ingresos que tiene el ciudadano. ¿Cuáles son esos límites para poder optar a esta asistencia letrada gratuita?

Depende de los miembros de la unidad familiar. Hoy en día, el límite mínimo por unidad familiar son 15.000 euros aproximadamente, siendo elevada dicha cantidad, en función de los miembros que compongan dicha unidad familiar. Hasta cuatro miembros y 19.000 euros, y así se va elevando.

El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón implantó las tasas judiciales, lo que supuso una limitación al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos españoles. Argumentó en aquel momento que ese dinero se reinvertiría en la mejora de la Administración de Justicia.

¿Cuánto de ese dinero que el Ministerio recaudó por tasas judiciales se ha reinvertido en la mejora de la Administración de Justicia en Canarias o en esta provincia?

Lo de las tasas judiciales supuso una laceración al derecho a la tutela judicial efectiva y no hay más explicaciones. Al parecer, del dinero recaudado, apenas un 2´11% ha llegado a Canarias para invertir en la mejora de la Administración de Justicia, si bien en la exposición de motivos de la Ley que las impuso, se suponía que se iba a aplicar a la Justicia Gratuita.

¿Qué opinión le merecen las últimas reformas que han entrado en vigor como la del Código Penal y la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ´ley mordaza´?

Si bien entiendo que la legislación se debe amoldar a la evolución de la sociedad, en estos últimos tiempos, más que evolucionar, veo todo lo contrario: una grave involución en lo que se refiere al respeto a unos derechos consolidados. No entendemos, por ejemplo, que no se haya aprovechado tanta reforma legislativa para trasponer la Directiva Europea 2013/48/UE, que reconoce el derecho de todo detenido a entrevistarse previamente con su letrado y a que éstos intervengan en los interrogatorios de forma activa y efectiva. Así, nuestro Colegio de Abogados está amparando a los letrados que pretendan la aplicación de dicha norma, aún cuando no se haya traspuesto, porque entendemos que no podemos ser cómplices de la inactividad de los gobernantes, sino que debemos pelearnos por lo que consideramos derechos fundamentales de los ciudadanos. Legislar a impulsos no es bueno, y mucho menos a esta velocidad para sacar adelante reformas antes del fin de la legislatura.
El pasado lunes, el presidente de la Audiencia Provincial tildaba de "calamitosa" la situación de los juzgados de la capital tinerfeña y otros partidos judiciales y reclamó más salas para celebrar juicios y nuevos juzgados en Penal, Social y Mercantil. ¿Tiene la misma opinion?

Lo más importante, aparte de la salas de celebración de vistas, son los medios personales. Debe haber más jueces y funcionarios. Teniendo en cuenta los medios con los que cuentan, hay juzgados y salas que funcionan perfectamente, y otros, no tanto. Ahora mismo es gravísimo que el Juzgado de lo Mercantil no tenga un titular, y pese a la existencia de una juez de refuerzo, es una plaza que, desde el Colegio de Abogados se insiste en que debe convocarse inmediatamente entre especialistas en la materia, para dar solución a los problemas que existen en el mismo.

¿Qué demandas plantean los letrados de esta provincia al Gobierno canario o al estatal?

Los letrados estamos luchando porque a la Justicia se la dote de medios materiales y personales, por la eliminación absoluta de las tasas judiciales, por un modelo de justicia gratuita que reconozca el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantice los derechos de los usuarios del servicio público del Turno de Oficio, con una garantía de cercanía a los ciudadanos a quienes asisten, así como se reconozca la labor de los abogados como se merecen, tanto en la actividad del día a día, como en la económica. No se debe olvidar que sin abogados, no hay Justicia.

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