El Consejo Rector de la RTVC plantea personarse en la causa contra García

El órgano de dirección de la Televisión Canaria solicitó en agosto un dictamen al Ejecutivo regional y aún no hay respuesta

01.10.2015 | 13:55
El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, ayer en el Parlamento.

El Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) se plantea personarse en la causa judicial abierta por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los que habría incurrido el anterior director general del ente público, Guillermo García-Machiñena, por las irregularidades detectadas durante su gestión en la contratación millonaria de programas a la productora Amanecer Latino, propiedad de Francisco Padrón, amigo y antiguo jefe de García-Machiñena en su etapa en Radio Club Tenerife, e imputado también en esta causa que instruye la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de Lorenzo Cáceres-Farizo. En el procedimiento, en el que también está imputada la exdirectora financiera del ente público, Lourdes Reyes, podrían verse implicadas otras productoras como Doble Diez, Siete Mares Comunicación y Makenzie Music, según fuentes jurídicas, que confirman que la juez ya estudia la documentación sobre los contratos que suscribieron con García-Machiñena.

La decisión del Consejo Rector sobre la personación como acusación particular en dicho proceso se planteará de nuevo en una próxima reunión del máximo órgano de dirección del ente público para someterla a votación de los cinco consejeros, después de que el pasado 20 de julio se consensuara entre éstos remitir un escrito a los servicios jurídicos del Parlamento de Canarias y del Gobierno regional solicitando sus dictámenes sobre la necesidad de personarse en este proceso contra el que fuera director general de RTVC durante ocho años.

En dichos escritos se preguntaba también si la personación debía producirse antes o después de la declaración de Guillermo García-Machiñena y los otros dos imputados.

Respuesta

El Parlamento remitió su dictamen al Consejo Rector el 12 de agosto, solo un día después de la fecha que consta en el registro de entrada del escrito dirigido a la Cámara regional. Los servicios jurídicos del Parlamento manifestaron en su dictamen no tener competencias sobre dicha decisión y devolvían el asunto a la acción soberana del Consejo Rector. Mientras, el Ejecutivo canario no ha enviado respuesta alguna todavía, y eso que se requirió una contestación "urgente" sobre la cuestión por parte del Consejo, y de lo cual han transcurrido ya dos meses.

Dado que falta el pronunciamiento del Gobierno de Canarias, el Consejo Rector no se ha reunido todavía para adoptar una decisión colegiada sobre su personación o no en la causa judicial, bautizada como operación Gloria.

Pese a este impasse, hay consejeros que tienen claro que el Consejo Rector debió haberse personado nada más comunicarse el levantamiento del secreto de las actuaciones por parte de la juez, para que la asistencia letrada estuviera presente durante la toma de declaración a los tres imputados, los días 29 y 30 de julio, y acceder a la documentación que maneja tanto la Fiscalía como los letrados de las acusaciones populares que ejerce IUC y el sindicato UPCC.

Por su parte, el presidente del Consejo Rector de la RTVC, Santiago Negrín, manifestó ayer que dicha personación en la causa "es una decisión que se tomará en una próxima reunión" de este órgano y aclaró que su "opinión aquí sobra absolutamente" y "con la decisión que se tome, seguiremos para adelante". Negrín respondía así a los grupos parlamentarios que le preguntaban por esta cuestión en el seno de la comisión parlamentaria de control a la RTVC. Todos los partidos políticos pusieron sobre la mesa este asunto, con la única salvedad del Grupo Parlamentario Nacionalista, cuya diputada Guadalupe González Taño prefirió "hablar de futuro".

Negrín afirmó que ofrecerá "colaboración máxima" a la justicia en línea con la "transparencia absoluta" de la nueva etapa, y aunque quiso "mirar hacia adelante", no ocultó que al tomar posesión del cargo encontró un "escenario no agradable" con poco más de 300.000 euros para acabar el ejercicio.

El Consejo Rector está formado por Santiago Negrín, que fue propuesto por Coalición Canaria (CC) y es su presidente; María Antonia Álvarez, también propuesta por CC; María José Bravo de Laguna y Alberto Padrón, a iniciativa del Partido Popular, y María Lorenzo, propuesta por el PSOE.

María Lorenzo señaló ayer a la opinión de tenerife que su opinión al respecto es la que ya expresó en la reunión del Consejo Rector del pasado 20 de julio, como consta en el acta aprobada y entregada al Parlamento de Canarias.

Para Lorenzo, "el Consejo Rector tiene que personarse en la causa" y que "se debía haber nombrado dirección letrada desde ese mismo 20 de julio para poder participar en la toma de declaración que se efectuó los días 29 y 30 de julio a los tres imputados en el procedimiento".
Añadió que, aquella sesión del 20 de julio, se celebró porque ella misma había presentado un escrito solicitando al Consejo Rector dicha reunión para tratar este asunto, pero la decisión que finalmente se terminó acordando fue la de solicitar los dictámenes jurídicos al Parlamento y al Gobierno de Canarias.

En cualquier caso, María Lorenzo mostró su preocupación tras asegurar "no entender por qué los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias aún no han remitido su dictamen ya que se solicitaron con carácter urgente". No obstante, reiteró que a su juicio "el Consejo Rector debe personarse en la causa".

María Antonia Álvarez confirmó que el 20 de julio se planteó la personación en la causa por parte del Consejo Rector, "esa idea estaba ahí" y por eso se preguntó al Parlamento y al Gobierno de Canarias, para conocer su postura al respecto. En opinión de Álvarez, "el Consejo Rector debe posicionarse ya, sea en un sentido o en otro, pero debe hacerlo con la mayor celeridad posible porque no podemos estar en tierra de nadie, sin pronunciarnos", concluyó.

Alberto Padrón señaló que la "resolución que se tome será consensuada por todos los miembros del Consejo Rector, es un tema que hay verlo con cautela y prudencia y por eso se solicitaron los dictámenes a los servicios jurídicos del Parlamento y Gobierno de Canarias". "Con dichos informes en la mano se someterá a debate y votación en el seno del Consejo Rector, y si hay que personarse, ya nos personaremos, pero esta cuestión hay que hablarla, meditarla y razonarla".

Por su parte, María José Bravo de Laguna, señaló que prefería "no pronunciarse" al respecto destacando que quien debía hacer declaraciones era el propio Santiago Negrín, que además de presidente del Consejo Rector, fue elegido portavoz del mismo en la primera reunión de este órgano.

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