El Gobierno anuncia el fin de los sorteos de viviendas públicas

Patricia Hernández aclara que el nuevo proceso de adjudicación, que se realizará a través de un sistema de puntuación, "será muy participativo y urgente"

29.09.2015 | 13:02

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, ha anunciado este martes en comisión parlamentaria que se va a acabar con los sorteos para dar viviendas públicas a las personas que las necesiten, de forma que habrá un proceso de puntuación.

El anuncio lo ha realizado la también vicepresidenta del Gobierno canario durante una comparecencia para hablar de las líneas generales de actuación de su departamento, y añadió que el proceso de adjudicación de viviendas será muy participativo y urgente.

Patricia Hernández destacó que el derecho a tener una vivienda no puede someterse a la suerte de que toque un número u otro en un sorteo.

Además, durante la comparecencia Patricia Hernández abogó por analizar cuestiones como por qué en Canarias hay tanta polarización social y falta de cohesión, con independencia de que haya bonanza o crisis económica.

Dijo que ese análisis debe hacerse sin dejar de actuar en los casos de urgencia, e insistió en que también es preciso saber porqué se paga más a los hombres que a las mujeres.

A juicio de la consejera un trabajo digno es la mejor de las políticas sociales y aseveró que su equipo no está en la Consejería para "poner parches".

El portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), dijo que lo primero que debería hacerse es evaluar el plan del anterior gobierno canario para ver en qué se ha fallado, y aseguró que es necesario aumentar el presupuesto del plan de empleo social.

Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, indicó que todas las corporaciones insulares están dispuestas a sumar recursos económicos para las personas desempleadas que lo pasan mal, e insistió en que está dispuesto a sumar.

El diputado de Nueva Canarias Luis Alberto Campos indicó que el plan de empleo social debe aumentar en cuantía pero también debe incrementarse el porcentaje que aporte el gobierno regional y en cuanto al plan contra la pobreza y la exclusión social reclamó medidas de choque.

Luis Alberto Campos también preguntó por los datos "trucados" de personas atendidas en aplicación de la ley de dependencia y que en realidad recibe atención de otras instituciones.

La diputada de Podemos María del Río Sánchez centró su intervención en la pobreza infantil con consideraciones específicas en las familias monoparentales en dificultades, y exigió que en los presupuestos se aborden los problemas desde la perspectiva de género.

María del Río Sánchez expresó además la situación de los niños en desamparo, de forma que reclamó que se mejore la gestión para dar una atención adecuada, y también reclamó actuar para que tengan una vida digna mujeres mayores que no cotizaron y están en dificultades.

La diputada del grupo Popular Josefa Luzardo dijo que Canarias es la comunidad autónoma en la que más aumentado la desigualdad social, y se mostró contraria a evaluar el plan pobreza y la exclusión social, por lo que reclamó medidas para las personas porque el "hambre no espera".

Josefa Luzardo aludió asimismo la dependencia y preguntó para cuándo y como será el plan de choque anunciado por la consejera y preguntó cuántas viviendas tiene el gobierno canario vacías y pendientes de adjudicar, a la vez que opinó que es necesario hacer un censo.

El diputado socialista Héctor Gómez coincidió con Casimiro Curbelo en la necesidad de disponer de financiación y aseguró que la intención de su partido es revertir la situación, y su compañera de grupo Teresa Cruz criticó que en el ámbito español no haya una ley de servicios sociales.

Teresa Cruz también denunció la inestable financiación de las políticas sociales, así como que desde 2012 el Estado ha reducido de forma considerable la financiación a las comunidades autónomas.

La diputada del grupo Nacionalista María Elena Luis opinó que en el colectivo de personas en exclusión social debe incluirse a quienes tienen salarios muy bajos.

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