Pleno del Parlamento de Canarias

El Parlamento de Canarias solicita la paralización del decreto de alquiler vacacional

La propuesta ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto el PP y Podemos

25.09.2015 | 00:43

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una proposición no de Ley en la que solicita al Gobierno canario la paralización del decreto de alquiler vacacional.

Esta propuesta, que ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto el PP, solicita la puesta en marcha de todas las gestiones necesarias para que el Gobierno paralice las sanciones y la aplicación del decreto que regula el alquiler vacacional hasta que apruebe uno nuevo negociado.

El objetivo es "traer a la legalidad la oferta preexistente, pero no queremos promover una mayor oferta de este modelo", aclaró el portavoz de CC, José Miguel Ruano, a la hora de defender la iniciativa. Ruano señaló que el objetivo del nuevo decreto debe ser legalizar las situaciones de los apartamentos vacacionales preexistentes, que estaban en situación alegal antes del decreto y que en muchos casos el decreto ilegalizó por estar en zonas turísticas, pero advirtió de que hay que garantizar la calidad de la oferta. Además, rechazó una regulación que permita a las entidades bancarias que entren en el negocio del alquiler vacacional con propiedades inmobiliarias que no han podido vender.

La iniciativa de CC y PSOE contó con el apoyo de NC y ASG, mientras que el PP y Podemos se abstuvieron al no ser apoyadas las enmiendas respectivas que habían presentado. La regulación del alquiler vacacional fue aprobada por decreto dos días antes de las elecciones por el anterior Gobierno de Canarias, también formado por CC y PSOE, pero estos partidos reconocen ahora que no fue una normativa acertada, por lo que quieren que el nuevo ejecutivo paralice su aplicación y su régimen sancionador y vuelva a negociar con todas las partes.

El decreto ha sido impugnado por la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, que considera que favorece exclusivamente los intereses de los hoteleros mientras ilegaliza el 90 por ciento de la oferta de apartamentos. También ha suscitado el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que sostiene que elimina la competencia al dejar a los hoteles como únicos alojamientos autorizados en zonas turísticas.

"No hay que menoscabar el tejido socioeconómico" del sector hotelero, "pero hay que ser sensible con las viviendas de alquiler turístico", dijo la diputada del PSOE Rosa Bella Cabrera para justificar la iniciativa. La diputada del PP Astrid Pérez anunció la abstención de su grupo al entender que la paralización sin más del decreto, no sólo del régimen sancionador como ella proponía, dejará en una situación de inseguridad jurídica grave a los 50.000 propietarios de viviendas vacacionales.

Astrid Pérez reclamó que el nuevo decreto recoja las objeciones de la CNMC y que levante las restricciones a la competencia. Tampoco fue aceptada la enmienda defendida por Asunción Delgado, de Podemos, quien pretendía poner dos meses de plazo al Gobierno para aprobar un nuevo decreto y que pedía expresamente al ejecutivo que eliminase la restricción de que haya alquiler vacacional en zonas turísticas.

Asunción Delgado acusó al anterior Gobierno de Canarias de cometer un "fraude electoral" porque dos días antes de las elecciones aprobó el decreto y cuando los propietarios de viviendas pensaban que había regularizado su situación se encontraron al día siguiente de los comicios, al leer la norma, con que el ejecutivo los había situado en la ilegalidad. El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, admitió que el decreto fue insuficiente porque no tuvo en cuenta las situaciones de alegalidad preexistentes que acabaron pasando a la ilegalidad, pero, dirigiéndose a la consejera de Turismo, puso límites a la nueva regulación que debe abordar el ejecutivo. En concreto, la nueva regulación debe acomodar las situaciones preexistentes, pero también exigir calidad, aflorar la economía sumergida y no promover una mayor oferta de este modelo, según Ruano. "Queremos que el Gobierno valore que la simple división por tipología de suelo no es suficiente para afrontar el asunto", dijo.

Luis Alberto Campos, de Nueva Canarias, se mostró partidario de paralizar las sanciones y de que haya una nueva regulación, pero "cualquier resultado final no puede ir nada en menoscabo de la calidad del destino", dijo, al tiempo que descalificó las objeciones de la CNMC como "un panfleto neoliberal". Para Jesús Ramón Ramos, de ASG, la normativa necesita una revisión y se deben tener en cuenta las posiciones de todas las partes implicadas.

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