Betancuria. Sanción por una construcción ilegal

Josefa entra en prisión en medio del clamor por su indulto

La abuela majorera ingresa en la cárcel de Tahíche para cumplir una pena de seis meses por no demoler su casa - Fue acompañada por el presidente del Cabildo y el alcalde de Betancuria

25.08.2015 | 11:22
La abuela Josefa Hernández atiende a los medios de comunicación antes de ingresar en la cárcel de Tahíche, ayer.

Josefa Hernández Goez, conocida popularmente como la abuela Fefa, vecina del municipio majorero de Betancuria, ingresó ayer en la cárcel de Tahíche para cumplir la condena de seis meses que le impuso una juez de Fuerteventura hace tres años por un delito contra la ordenación del territorio al no demoler parte de su vivienda ubicada en la zona de Campo Viejo, en unos terrenos heredados de su familia y que se encuentran en el interior del Parque Rural de Betancuria. La mayor parte de las instituciones públicas del Archipiélago, entre ellas, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, así como partidos políticos y diversos agentes y colectivos sociales, han demandado el indulto para esta mujer que tiene cinco personas a su cargo, entre ellos, a tres nietos. Además, ha recibido el respaldo de casi 50.000 firmas a través de la plataforma Change.org en apoyo a su libertad

El origen de la situación de Josefa se remonta a 2007 cuando agentes del Seprona de la Guardia Civil denuncian la realización de unas obras de ampliación de la vivienda unifamiliar de Josefa. Las obras denunciadas consistían en dos construcciones: la primera de 20 metros cuadrados, mientras que la segunda de unos 70 metros cuadrados. El objetivo de la ampliación tenía como finalidad poder acoger a tres de sus nietos y ofrecer unas garantías de habitabilidad a los hijos que por entonces residían en el domicilio familiar. Una de las hijas sufre una discapacidad de un 39% y otro es un parado de larga duración.

La Justicia la multó con 700 euros, ya abonados, y a la demolición de la demolición de la vivienda a lo que se negó por ser su único techo. Esta desobediencia ha provocado que terminara en la cárcel a pesar de las peticiones que rechazaban la medida hasta que se resolviera la petición de indulto.

Mandamiento judicial

Josefa debió ingresar en el Centro Penitenciario de Tahíche el pasado viernes tras el mandamiento de prisión de la jueza del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife con sede en Puerto del Rosario, María Isabel Quintero Verdugo, que salió de vacaciones el pasado día 21. Sin embargo, diversos problemas de salud provocaron su ingreso en el Hospital de Fuerteventura aquejada de hipertensión y azúcar. Además, Josefa había iniciado unos días antes una huelga de hambre ante la Delegación del Gobierno majorera.

A las 14.00 horas de ayer cogió el barco que le llevaría a Lanzarote para cumplir con la orden de ingresar en prisión. Acompañada del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, del alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, así como del consejero insular de Podemos, Andrés Brianso, y varios cargos del citado partido emergente. También estuvieron junto a Josefa sus hijas Minerva y Leticia.

La hija de la presa, Minerva, señaló, antes del ingreso en prisión que su madre "estaba medio dormida porque le hemos dado unas pastillas por prescripción medica para que no se le suba la tensión". Además, añadió, que "la despedida en casa fue un simple adiós. No quisimos un acto emotivo para que no se derrumbará. Volverá dentro de unos días. Estamos convencidos de que la Justicia hará justicia".

Por otra parte, la Fiscalía se dirigió este mismo sábado por escrito al Juzgado de lo Penal número 2 para recomendar que se suspendiera el ingreso en prisión de Josefa Hernández.

El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, reveló ayer que el Ministerio Público ha pedido en dos ocasiones que la abuela Fefa, no ingresara en prisión: primero el pasado 6 de julio y después el pasado sábado.

En sus dictámenes, la Fiscalía explicaba que no se oponía a que la condena de seis meses de prisión de Hernández siguiera suspendida, siempre y cuando hubiera por su parte un compromiso de demolición, así como que se atrasara su ingreso hasta que se resolviera la petición de indulto formulada por sus familiares.

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