Soria critica a Rivero por promover una consulta ´ilegal´ sobre las prospecciones

El presidente canario dice que el Gobierno actuará en el referéndum de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía

28.06.2014 | 00:20

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo mantiene que el referéndum que se plantea realizar en otoño el Gobierno de Canarias en relación con las prospecciones petrolíferas en aguas del Archipiélago "es ilegal". No hay ningún tipo de consulta de ese tipo reconocida en el ordenamiento autonómico sobre una materia de competencia estatal y, por lo tanto, tampoco existe la posibilidad de darle apariencia de legalidad a partir de la ley de Participación Ciudadana, tal como está estudiando el Ejecutivo regional. Así lo vinieron a considerar ayer tanto el titular de ese Ministerio, José Manuel Soria, como el subsecretario del departamento, Enrique Hernández Bento, quien además tildó de "contrasentido" que el Gobierno canario pida primero permiso al Gobierno central para hacer la consulta, y luego la haga por su cuenta sin disponer de autorización estatal.

Soria advirtió al presidente de Canarias, Paulino Rivero, en una entrevista radiofónica que la primera obligación de un gobernante es "cumplir las normas y hacerlas cumplir", resaltando que si se convoca un referéndum ilegal "está llamando a los ciudadanos a no cumplir las leyes".

En el mismo sentido, Hernández Bento insistió en que "un presidente autonómico no debería hacer una consulta ilegal, sobre todo en relación con algo que es competencia de Estado y no de la comunidad autónoma que gobierna", como son las prospecciones petrolíferas. El subsecretario cree está por ver qué tipo de disposición legal aprueba el Gobierno regional para tratar de conocer la opinión de los canarios sobre esta cuestión, pero avisa que ninguna podrá referirse a una materia que no es de su competencia.

"Habrá que esperar a ver cómo lo hacen, pero la consulta popular no es de competencia de la Comunidad Autónoma y se trataría de una consulta ilegal", afirma el subsecretario, quien en todo caso aseguró desconocer si el gabinete del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, tiene preparada algún tipo de respuesta a la reclamación realizada cuatro meses atrás por Canarias para autorizar un referéndum de este tipo.

El presidente regional aclaró ayer al respecto que el Gobierno actuará siempre de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el reglamento del Parlamento. En tanto se espera la respuesta de Rajoy –el plazo establecido por el Gobierno canario expira el lunes– en Canarias "lo que hacemos es armar y desarrollar nuestra normativa para que, si en su momento entendemos conveniente hacer esa consulta, poder hacerlo en el marco legal adecuado", explicó tras la inauguración de la central hidroeléctrica de El Hierro.

Reglamento

Con esa finalidad el Gobierno ultima un decreto que desarrolla el reglamento de participación ciudadana. La ley, aprobada en 2010, establece en su artículo 20 la posibilidad de llevar a cabo consultas o sondeos populares. La normativa no estará aprobada y en vigor hasta después del verano.

Entre tanto, la hoja de ruta marcada por el Ejecutivo el jueves, tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo que da el visto bueno a las prospecciones, apunta a mantener la batalla judicial.

Rivero tacha de "política" la sentencia del Alto Tribunal y pone el foco en el voto particular de dos de los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso –José Manuel Bandrés e Isabel Perelló– que dudan de si las prospecciones cumplen las directivas medioambientales de la Unión Europea. "Cuando hay una jugada dudosa vamos a preguntar al tercer árbitro, el Tribunal de Luxemburgo [Tribunal de Justicia de la Unión Europea]", reiteró el presidente.

Ayer tanto el ministro como el subsecretario de Industria y Energía ironizaron con esa posibilidad. Soria recalcó que "en política también es importante saber perder" e instó a Rivero y a su Ejecutivo a "pasar página" después de haber dado "una batalla muy dura".

Hernández Bento, por su lado, aseguró que la sentencia del Supremo demuestra que el Ministerio "está haciendo las cosas bien y con el absoluto convencimiento de que se está cumpliendo la normativa española y la europea". Ahora bien, "el Gobierno canario puede acudir a todos los estamentos que considere oportunos". Y animó a Rivero a dar este paso porque "así todos nos quedaríamos más tranquilos".

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