La consulta popular sobre las prospecciones, para otoño

El presidente advierte a Madrid de que las Islas pueden convertirse en un "problema de Estado"

27.06.2014 | 02:20
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, comparece ante los medios de comunicación, ayer.
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, comparece ante los medios de comunicación, ayer.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, anunció ayer que la consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas que Repsol pretende realizar frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, se convocará para el otoño próximo. "Antes no puede ser, por razones puramente administrativas", avanzó ayer Rivero en una comparecencia ante los medios de comunicación tras presidir la reunión del Consejo de Gobierno.

"El Gobierno tiene una responsabilidad y ha liderado la oposición al petróleo desde el principio, pero ahora este es un asunto de la sociedad canaria, mientras el Ejecutivo sigue marcando los pasos". "Lo que hagamos, lo haremos con el conjunto de la sociedad canaria, con todos los partidos políticos y con la representación de la sociedad civil más amplia del Archipiélago. Con todos ellos articularemos cuál es el camino para la posible consulta en Canarias". Indicó, no obstante, que el próximo lunes vence el plazo que tiene el Gobierno de España para autorizar la consulta y "si se cumple y no se autoriza, estamos decididos a impulsar los mecanismos necesarios para que los canarios expresen su opinión, clara y nítida sobre las prospecciones".

En previsión de una respuesta negativa el próximo lunes, el Consejo de Gobierno aprobó ayer dos decretos de desarrollo de la Ley de Participación Ciudadana. Rivero explicó que "los tiempos son los tiempos" e informó de que "el decreto se acaba de dictar y tiene que pasar por la fase de información pública; pasar por el Consejo Consultivo y agosto está de por medio, así que nos colocaremos sobre el último trimestre del año por razones de tipo administrativo. No es posible que estemos en condiciones de tenerlo listo antes de finales de septiembre u octubre", vaticinó.

El Gobierno regional sigue con paso firme en su estrategia para impedir que Repsol lleve a cabo las prospecciones petrolíferas frente a las costas canarias. Así, Rivero manifestó que "los canarios nos crecemos cuando se producen situaciones de injusticia y de abuso" y en el asunto del petróleo, "en el empecinamiento que tiene el Gobierno de España de poner en riesgo el futuro de las nuevas generaciones, está abusando", reiteró y añadió que ante una situación como ésta en la que "se quieren priorizar los intereses de una empresa privada a los intereses de la gente que vive en el Archipiélago, el Gobierno de Canarias va a seguir firme en su objetivo y se tomarán todas las decisiones que estén en nuestras manos para impedir que las prospecciones se lleven a cabo".

El presidente canario avanzó que "batallaremos en el terreno jurídico" porque "esta batalla no ha hecho más que empezar, pero batallaremos también en la vertiente política y social". "Este no es un asunto jurídico, es un asunto político y como tal, no se puede despachar remitiéndonos a los tribunales", dijo y sostuvo que "si las normas vigentes no responden a las necesidades de un pueblo como Canarias, habrá que cambiarlas".

Rivero comentó que el Gobierno de España "tiene un problema de partido" con Baleares. "Hay un claro problema de partido, pero quiero que sepa (el Ejecutivo central) que con Canarias pueden tener un problema de Estado", aseveró. Añadió que "si se continúa en esta línea obsesiva, de pasar por encima de las razones políticas, por encima de la posición de las instituciones canarias y por encima del sentimiento generalizado de la gente que vive en Canarias; si siguen imponiendo las prospecciones petrolíferas, están sembrando y poniendo todos los ingredientes para que esta situación se convierta en el asunto más importante de desafección de Canarias con el Gobierno del Estado", apostilló.

"Es un asunto que pone en riesgo el futuro, desde el punto de vista socioeconómico: de nuestra principal actividad económica, que es el turismo, y también pone en riesgo la vida de las personas de Lanzarote y Fuerteventura, porque el cien por cien del agua que consumen en estas Islas es desalada y si se produjera un incidente, la capacidad de abastecimiento sería de apenas 48 horas" y para recuperar la calidad del agua del mar "se tardarían decenios", según estudios de las universidades canarias.

Con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, conocida el pasado lunes, dijo que aún no le ha llegado copia al Gobierno, pero se conoce el fallo y los términos en los que se produjo. "El hecho de que la sentencia sea desfavorable por el voto particular de tres magistrados contra los argumentos a favor de los otros dos, tiene varias lecturas", dijo. Para el alto tribunal "hay serias dudas de la legalidad de las autorizaciones" a las prospecciones. Y sobre todo, "hay serias dudas de que se cumpla con la legislación europea". "Los tres magistrados, que con sus votos particulares han aprobado la sentencia, impiden en la misma que se dé cuenta al Tribunal de Luxemburgo sobre el hipotético incumplimiento de la normativa europea", aseveró Rivero.

"Moveremos Roma con Santiago para llegar al Tribunal de Luxemburgo y saber si se está vulnerando la legislación europea. Que lo quieran impedir, nos genera dudas: ¿Por qué hay tan poca transparencia incluso en la sentencia? ¿Por qué el miedo a que se acuda a las autoridades europeas a consultar un asunto de tanta trascendencia y conocer su parecer sobre si se está cumpliendo con la legislación ambiental europea?", se preguntó.

Rivero anunció también que se reunirá con los accionistas más importantes de Repsol para intentar convencerles para que den un paso atrás y no apoyen las prospecciones. Así, el presidente regional puso fecha en el calendario para estos encuentros y fijó para el próximo 7 de julio la cita con representantes de Sacyr y el día 21 con el presidente de Caixabank. Avanzó que aún está pendiente la fecha para entrevistarse con el jefe del Estado, Felipe VI.

El jefe del Ejecutivo autonómico apuntó que espera conseguir de estas reuniones con los accionistas la "sensibilidad" que no encuentra en el Gobierno de España. Así, confió en que Caixabank y Sacyr "hagan valer sus compromisos" con la sociedad canaria, "porque son empresas muy importantes que tienen muchos intereses" en las Islas.

"Vamos a explorar todas las posibilidades y pondremos todos los obstáculos para que las prospecciones no se lleven a cabo", concluyó Rivero.

Canarias quiere la gestión de los aeropuertos isleños tras la privatización de AENA

El Consejo de Gobierno de Canarias ha iniciado los pasos para reclamar su participación en la gestión de los aeropuertos de las Islas, ante el cambio de modelo que, a juicio del Ejecutivo, supone la entrada de capital privado en AENA, enajenando el Estado un 49% de la empresa.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, informó ayer de que se ha pedido la convocatoria inmediata de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado para hacer valer la participación autonómica en la gestión de las infraestructuras aeroportuarias. En este sentido, el Consejo de Gobierno invoca la aplicación del artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía, que atribuye como competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma la gestión de los aeropuertos de interés general, cuando el Estado no se reserve la gestión directa.

Rivero sostiene que hay un "claro cambio del modelo de gestión, que era directamente público, a uno con participación indirecta tras la entrada de capital privado". "Los ocho aeropuertos canarios son de interés general y si el Gobierno de España deja de prestar el servicio de forma directa, tiene que producirse el traspaso al Archipiélago canario", sentenció.

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