Gobierno y cabildos redoblan el frente judicial contra las prospecciones

Recurrirán la sentencia en el Supremo y buscarán amparo ante el Tribunal Constitucional

26.06.2014 | 01:07

La desestimación por parte del Tribunal Supremo de los recursos contra las prospecciones petrolíferas no arredra a las instituciones canarias. El Gobierno canario y los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote anunciaron ayer que la batalla judicial seguirá en todos los frentes posibles donde haya cualquier resquicio legal para recurrir los sondeos. Como primer paso los servicios jurídicos leerán con detenimiento las sentencias del Supremo para interponer un incidente de nulidad contra el fallo.

Según la sentencia notificada al Cabildo de Fuerteventura, dos de los cinco magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo discrepan del fallo desestimatorio. Esta división entre los componente de la sala será uno de los principales argumentos que se utilizarán tanto para el recurso ante el mismo órgano judicial como para llegar en amparo al Tribunal Constitucional por una posible vulneración de la tutela judicial efectiva, precepto que figura en el artículo 24.1 de la Carta Magna.
"Esta división en el Supremo significa que hay discrepancias entre los magistrados y que el tema no es tan fácil como pretende hacernos ver el Gobierno central, el voto particular nos abre otras posibilidades a la hora de seguir recurriendo", afirma el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, Fernando Ríos.

A este frente hay que añadir el que se abrirá desde que el Ministerio de Industria publique la resolución que autorice las prospecciones tras la declaración de impacto ambiental. La Comunidad Autónoma y los cabildos reclamarán ante la Audiencia Nacional medidas cautelares para que se suspendan los sondeos de forma provisional para evitar males mayores hasta que la Justicia decida sobre los nuevos recursos que se presentarán. Las instituciones canarias insisten en que la declaración de impacto aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente adolece de fallos en el proceso de información pública y en la tramitación administrativa, por lo que la autorización que dé Industria se recurrirá con estos argumentos.

Otra opción que se baraja es continuar con la presentación de quejas y recursos ante los organismos europeos. De hecho, la reclamación presentada en la Comisión Europea será aumentada con la declaración de impacto ambiental, mientras que la comisión de peticiones del Parlamento Europeo continuará analizando este asunto cuando se constituya la nueva Cámara salida de las elecciones del pasado 25 de mayo. Un hipotético recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo también se analizará a la luz de las sentencias del Supremo.

El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, advirtió ayer desde Washington que la Comunidad Autónoma está dispuesta a llegar incluso a instancias europeas e internacionales aunque subrayó que "todavía no está agotado el camino en el Supremo". Rivero confirmó que ya se han cerrado las fechas para reunirse con los máximos accionistas de Repsol. Con los representantes de la constructora Sacyr se verá el 7 de julio en Madrid, mientras que con CaixaBank lo hará el 21 de julio en Barcelona.

"La sensibilidad que no estamos consiguiendo por parte del Gobierno de España a ver si la conseguimos por parte de las empresas", agregó. Cuestionado por el posible interés de empresas petroleras estadounidenses, señaló que Canarias apuesta por la industria relacionada con la reparación de buques y de plataformas petrolíferas, pero "estamos en contra de la explotación de los recursos en las costas del Archipiélago".

El presidente del Cabildo de Lanzarote advirtió de que "no permitiremos bajo ningún concepto los pinchazos" y "cada vez que nos den la espalda nuestra capacidad de lucha aumentará".

Dos de los cinco magistrados discrepan del fallo a favor de los sondeos

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso presentado por el Cabildo de Fuerteventura desestima el mismo pero deja a la Sala dividida ya que son tres magistrados los que respaldan el fallo, mientras que dos discrepan de los argumentos esgrimidos en la misma. El fallo deja claro desde el principio que la decisión judicial se limita exclusivamente a decidir sobre el cumplimiento de la normativa vigente en el trámite administrativo de las prospecciones, sin entrar en la controversia social y política que provoca los sondeos petrolíferos en la sociedad isleña. La sentencia sostiene que el Gobierno ha hecho uso de su "libertad de decisión" al aceptar "los riesgos que pudiera tener esa actividad en otros órdenes de la vida social y económica, como son los relativos al desarrollo turístico de las Islas Canarias". "El Consejo de Ministros hace uso de propia capacidad de decisión que los tribunales solo examinan desde el ángulo de la adecuación a las normas, sin que puedan sustituirle ni en el fondo de su opción, por muy controvertida que sea, ni en su aceptación de los riesgos asumidos", subraya el fallo que añade que su cometido es juzgar si se respetan las leyes.

Validez del decreto. El texto judicial contesta uno por uno a las distintas reclamaciones e impugnaciones presentadas por el Cabildo de Fuerteventura contra el decreto de 2012, que validó la autorización obtenida por Repsol en 2001. Es en este punto donde surge la primera discrepancia entre los tres magistrados que fallan a favor de las tesis del Estado y los dos que discrepan. Según el fallo, las autorizaciones de 2001 nunca llegaron a caducar, aunque en 2004 el propio Tribunal Supremo revocara parte de su contenido por sus insuficientes medidas de control ambiental. El decreto de 2012, subraya la sentencia, convalidó esos permisos a condición de que superasen una evaluación de impacto, como ha ocurrido tras la reciente declaración aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, los magistrados José Manuel Bandrés e Isabel Perelló mantienen que los permisos deberían ser revocados porque parten de una decisión que ha caducado (las autorizaciones originales de 2001), según la propia Ley de Hidrocarburos.

Medidas ambientales. El Supremo considera que no era exigible que los permisos pasasen por un procedimiento de evaluación de impacto reforzado (la evaluación ambiental estratégica) y que "no puede afirmarse, a priori", que unas prospecciones de una duración limitada "supongan sin más una perturbación significativa" para las especies animales que habitan en la zona de los sondeos petrolíferos. El voto particular contrario estima que debería haberse estimado parcialmente el recurso del Cabildo de Fuerteventura ya que se omite un estudio ambiental que valorae de forma íntegral y global el programa presentado por Repsol. En este sentido, recuerda que entre 2004 y 2012 se ha modificado la legislación medioambiental.

Legislación comunitaria. La pertinencia de consultar o no a los órganos comunitarios sobre la aplicación de las directivas en la autorización de las prospecciones es el tercer argumento utilizado por la sentencia para desestimar el recurso del Cabildo, pero también motivo de discrepancia entre los magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Tercera del Tribunal Supremo. Los jueces que discrepan de la sentencia estiman que se tendría que haber planteado una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como propone la defensa de la institución recurrente. Con esta consulta se trataba de conocer si se entiende que España está aplicando correctamente en este asunto las directivas comunitarias sobre estrategia marina y evaluación de impacto ambiental.

La sentencia aborda otro de los aspectos en los que más han incidido los demandantes: la supuesta contradicción entre este proyecto petrolero y los planes de Ministerio de Medio Ambiente de proponer a la UE la declaración de la zona marítima situada al este de Lanzarote y Fuerteventura como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El Supremo responde que los puntos de prospección están fuera de la delimitación de ese posible espacio protegido. Pero, además, apunta que aún en el supuesto de que el LIC estuviera ya declarado y los sondeos se ubicaran en su interior, eso "no impediría a priori las prospecciones e incluso la extracción de petróleo y gas", coincidiendo en estas tesis con el Ministerio de Medio Ambiente.

Los magistrados discrepantes dicen que la legislación comunitaria sobre la protección del medio ambiente se basa en el principio de la cautela, ya que se busca "fomentar un desarrollo sostenible". Por ello, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE hace mención específica a la necesidad de una protección elevada del medio.

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