Díaz alega que desconocía el informe con los reparos a las ayudas del Icfem

El exconsejero de Empleo niega ilegalidades en los fondos para formación

20.06.2014 | 00:03

La primera jornada del caso Icfem evidenció ayer la tensión acumulada en estos 16 años que ha tardado la causa penal en llegar a juicio. El fiscal delegado contra la corrupción en Las Palmas, Luis del Río, interrogó durante casi tres horas a Víctor Díaz, que ejerció de consejero regional de Empleo entre 1995 y 1999. El representante del ministerio público cuestionó con intensidad la legalidad de las ayudas para la formación y la reinserción laboral que fueron concedidas en esa etapa por Díaz en calidad de presidente del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem). El acusado, que se enfrenta a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa continuada, combatió con vehemencia las irregularidades que le atribuye el fiscal, entre ellas la concesión de esas ayudas pese a los reparos de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias.

"Desconocía ese informe cuando firmé los contratos programas", respondió el político.

Díaz, que es abogado laboralista, no se sentó en el banquillo, sino en el estrado junto a su abogado, Eligio Hernández. Lo mismo hizo el exdirector general del Icfem Diego León, que se defiende a sí mismo, mientras el tercer acusado, Francisco Almeida Ossa, ocupó el banquillo en solitario. Estos dos últimos no pudieron declarar, pues entre las cuestiones previas y lo farragoso de la materia, sólo hubo tiempo para que preguntara el fiscal. El abogado José Rivero sigue hoy con el interrogatorio a Díaz en representación de Justicia y Sociedad, colectivo de juristas que ejerce la acusación popular tras querellarse por la supuesta gestión fraudulenta de las ayudas al empleo.

Y entre el público, casi llenando la Sala de la Sección Sexta de la Audiencia, sindicalistas y caras conocidas de la política como Carmelo Ramírez e Inés Jiménez, que acudieron a la primera sesión y presenciaron el interrogatorio del fiscal. Del Río, quizá en el momento más tenso de la vista, no dio por buena la respuesta de Díaz, y mostró su extrañeza por el desconocimiento del informe elaborado por la abogada del Icfem, ya que ese dictamen llevaba fecha de 29 de diciembre de 1995 y ese mismo día también se rubricaron los contratos programa con la Asociación de las Pequeñas Empresas de Economía Socal (Apeco), la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (Feth), la Fundación Canaria para el Empleo y la Formación (Forecam) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), entre otros colectivos cuyos responsables de entonces están citados como testigos para el próximo 25 de junio. Se trata de dirigentes empresariales como José Miguel Suárez Gil, Fernando Fraile o Roberto Goiriz, por citar a los más conocidos.

El fiscal sostiene que los acusados cometieron numerosas irregularidades durante años, pues permitieron que sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones se beneficiaran de esos cursos al subcontratarlos con academias y otros centros de formación, lo cual estaba prohibido por la normativa. Además, siempre según el fiscal, la letrada del Icfem puso reparos a cinco cláusulas contractuales: carece de una descripción general de las acciones de formación profesional ocupacional por familias profesionales; no indica la proporción de alumnos a los que afectará su aplicación de acuerdo a los colectivos definidos (activos, parados de larga duración, jóvenes en busca de empleo, ocupados, en especial amenazados de exclusión del mercado laboral); no especifica el número de alumnos sobre el que se aplica el porcentaje de reinserción para definir el alcance real de los objetivos de reinserción; y tampoco establece mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de las acciones.

Del Río hizo especial hincapié en esa falta de control y en la subcontratación, pues, a su juicio, esa dinámica impedía exigir el reintegro de la subvención cuando se incumplían las condiciones acordadas en el contrato programa. El fiscal señaló a Díaz como máximo responsable de esa situación, tanto como consejero de Empleo como por su condición de presidente del Icfem y miembro de su consejo de administración.

Sin embargo, el exconsejero negó la mayor, incluso respondió al celo acusador del fiscal con frases como "debería haber dirigido usted el Icfem", "es falso lo que dice sobre los centros homologados" o "me ofende que cite a Aurelio Ayala porque está fallecido". El presidente de la Audiencia, Emilio Moya, tuve reconducir varias veces en interrogatorio en ese sentido.

Por lo demás, Díaz sostuvo que los cursos podían ser impartidos por centros colaboradores homologados y negó que eso fuera subcontración. Añadió que estaba permitido porque su predecesor en el cargo, Francisco Rodríguez Batllori, introdujo esa posibilidad. En un cuanto al informe, asegura que conoció los reparos en enero de 1996, un mes después de que firmara los contratos, cuando se lo comunicó la secretaría técnica. También explicó que presentó en fiscalía una denuncia por falsificación de documentos e inició el expediente de reintegro de la subvención, aunque rechazó que conociera más casos. Del control de los cursos dijo que eso era competencia de una comisión mixta creada con es finalidad.

Las cuestiones previas, que van desde la nulidad de las actuaciones por la vulneración del derecho de defensa hasta las prescripciones de los delitos, serán resueltas en la sentencia. El tribunal también acordó, a petición de Diego León, solicitar a la fiscalía las denuncias que este presentó con las irregularidades detectadas en su etapa.

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