CC y PSOE avalan la ley para expropiar a la banca y dar casas a 32.000 familias

El Estado recurrirá la norma antidesahucios como hizo en Andalucía y Navarra, suspendidas por el Constitucional

12.06.2014 | 12:39
Inés Roja ayer en su intervención sobre las subvenciones a VPO.
Inés Roja ayer en su intervención sobre las subvenciones a VPO.

Los grupos nacionalista (CC-PNC-CCN) y socialista aprobaron ayer en el pleno del Parlamento regional la ley que permite la expropiación a la banca del uso de la vivienda objeto de un desahucio por un plazo máximo de tres años, y exige que todas las casas vacías de entidades financieras o empresas –un stock de 130.000 viviendas, según cálculos del Gobierno regional– sean inscritas en un registro para que puedan ser puestas en alquiler a precios asequibles. La nueva normativa podría beneficiar a 32.000 personas apuntadas en el registro público de demandantes de vivienda protegida.

Esta ley es prácticamente un calco de las acordadas en Anda lucía y Navarra, sobre las que pesa la suspensión cautelar impuesta por el Tribunal Constitucional a raíz de un recurso del Gobierno central. El PP canario anunció ayer la intención del Estado de llevar también a los tribunales la norma de las Islas.

La modificación de la Ley Canaria de Vivienda es uno de los pilares de la estrategia frente a la pobreza, aprobada en julio de 2013 en la Cámara regional. Casi un año después se lleva a cabo su reforma con el objetivo de evitar el desalojo de sus casas a las familias en situación de emergencia social, así como movilizar el parque de casas vacías que existe en el mercado.

Por primera vez, se define la vivienda como un bien de interés social y se legisla sobre la vivienda libre, además de la protegida.
Entre 2008 y 2012 más de 10.000 familias han sufrido el lanzamiento judicial de sus viviendas en las Islas por un proceso de ejecución hipotecaria. Por ello esta norma pretende abordar la situación generada por el impacto de la crisis.

Una de las medidas más importante consiste en un registro de viviendas deshabitadas, con incentivos para que sus dueños las alquilen.
El nuevo texto declara el interés social de la vivienda y la posibilidad de la expropiación temporal. En los supuestos de ejecución hipotecaria instados por entidades financieras, el Instituto Canario de la Vivienda actuará como mediador entre los bancos y quienes hayan sido los moradores de la vivienda. En caso de no alcanzarse acuerdo, se procederá a la expropiación del derecho de uso de la vivienda. Esta medida es extraordinaria y se realizará cuando el lanzamiento pueda generar una situación de emergencia o exclusión social a los afectados.

Asimismo, se incorpora una actuación inspectora y sancionadora que se concibe para operar sobre la acumulación de viviendas desocupadas en manos de bancos e inmobiliarias. Las multas oscilan entre los 60 euros por una infracción grave hasta los 300.000 euros, si es muy grave, como "no dar uso habitacional efectivo a la vivienda".

La norma, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, concitó el rechazo del PP y la abstención de NC-PIL, tal y como habían avisado en comisión parlamentaria. Para los populares es "ilegal" y "un plagio" de la andaluza. Su portavoz en la materia, Felipe Afonso, cree que "el espíritu de esta ley es pura falacia, pues no hay ninguna medida efectiva para garantizar el derecho a la vivienda". "Están haciendo una ley a sabiendas de su ilegalidad y esto debería avergonzarles", advirtió el diputado.

El portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, pronosticó que la iniciativa "no va a funcionar", al carecer de medidas efectivas para frenar los desahucios hipotecarios y por impago del alquiler. Igualmente, criticó que se ponga en marcha tras siete años de crisis.

Por contra, el presidente del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, refutó las "descalificaciones" del PP, por entender que Canarias regula un asunto que es responsabilidad del Ejecutivo central. Admitió que aunque "hay dudas razonables" sobre las normas andaluza y navarra, aún no hay sentencias desfavorables.

El portavoz socialista, Manuel Fajardo, subrayó: "Aquí no se confisca ningún bien, es una expropiación temporal del uso" de la vivienda a las entidades financieras adjudicatarias tras un proceso de ejecución hipotecaria. Puso en valor la "valentía" del Ejecutivo por promover la ley, a pesar de la amenaza del PP sobre su inconstitucionalidad.

Para la consejera de Vivienda, Inés Rojas, ayer fue un día "histórico", al dar el visto bueno a una ley que "define la vivienda como un bien de interés social, y la aleja de intereses especuladores". Se preguntó para qué quieren los bancos las "viviendas cerradas sin ningún uso". "Sólo le pedimos al PP que no vaya contra la gente", aseveró.

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