Rivero reclama el apoyo de Felipe VI para paralizar las prospecciones

El presidente canario solicita una reunión con los presidentes de CaixaBank y Sacyr, accionistas de Repsol

10.06.2014 | 00:02
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, durante su intervención en el pleno.
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, durante su intervención en el pleno.

El presidente canario, Paulino Rivero, anunció ayer que el 20 de junio solicitará una reunión urgente con el futuro Rey de España, Felipe VI, con el fin de intentar frenar las prospecciones petrolíferas cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. El jefe del Ejecutivo regional añadió que hoy pedirá un encuentro inminente con los presidentes de CaixaBank y Sacyr, accionistas mayoritarios de Repsol, para que conozcan de primera mano la "alta contestación social" y el amplio rechazo institucional en Canarias contra los sondeos.

En un pleno monográfico en el Parlamento para debatir una comunicación del Gobierno sobre los sondeos, Rivero se hizo eco de la respuesta "masiva" de los isleños en las manifestaciones convocadas el sábado, tras la aprobación el 29 de mayo, víspera del Día de Canarias, de la Declaración de Impacto Ambiental positiva a las prospecciones. Sólo el PP se volvió a mostrar a favor de la búsqueda de hidrocarburos, y su portavoz, Australia Navarro, replicó que "la inmensa mayoría de los canarios", no participaron en las protestas.

Rivero sostuvo que los canarios no quieren que el mar "se convierta en un campo petrolífero", sino en un "espacio enorme de oportunidades" para actividades relacionadas con la economía azul. Rechazó, además, que en el horizonte haya al menos 20 plataformas como las que "adornan" el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que "son las que calcula Repsol que se pondrían en alta mar en el supuesto de que se encuentre petróleo". Recordó que más de cien entidades sociales y científicas, 27 partidos políticos y doce organizaciones empresariales se han pronunciado en contra de las catas, protesta a la que se sumaron "miles de canarios" en una movilización "histórica".

Así, el Gobierno regional recoge ese "clamor" y va a intentar con "todas sus fuerzas, energía, coraje y decisión" evitar las prospecciones. En este sentido, demandará una reunión con el próximo jefe de Estado y, una vez que el Ministerio de Industria materialice la autorización de los sondeos, se interpondrá un recurso solicitando su suspensión cautelar. En tercer lugar, este martes Rivero solicitará una reunión con los dirigentes de CaixaBank y Sacyr, principales empresas en el accionariado de Repsol. Asimismo, el Gobierno canario aumentará su compromiso para impulsar las energías renovables y promoverá la declaración del mar de Canarias como "santuario marino" para reforzar la pro tección de su "extraordinaria biodiversidad".

En diciembre de 2001 el Gobierno de José María Aznar aprobó la primera autorización a Repsol, pero el Tribunal Supremo la anuló en 2004 por la ausencia en el expediente de planes de contingencia en caso de accidente. Durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) se decidió no aprobar los sondeos hasta un acuerdo con las instituciones canarias. Esos siete años de "tranquilidad" se rompieron con la llegada del PP a Moncloa en 2011, rememoró Rivero. Denunció que este expediente, al que se han presentado 11.000 alegaciones, está "lleno de irregularidades" y han dominado "las prisas y el oscurantismo".
"Atropello"
En su discurso, afeó la actitud del PP canario favorable a las prospecciones, a diferencia de sus colegas en Baleares. Advirtió de que sería "intolerable" que el Gobierno español abortara este proyecto en la región balear, gobernada por el PP, pero sí cometiera "este atropello" en Canarias "por razones de tipo político". Por ello, nacionalistas y socialistas estarán vigilantes y esperan que se produzca "cuanto antes" la respuesta del presidente, Mariano Rajoy, sobre la consulta popular reclamada desde febrero. Si el dictamen es negativo, el Ejecutivo canario articulará "los mecanismos para que los ciudadanos puedan expresarse". "Esto no es un asunto jurídico, sino político y social", enfatizó el presidente de Coalición Canaria, para quien "si la legislación actual no es capaz de dar respuesta a la demanda de un pueblo, entonces habrá que modificar la ley".

El Gobierno central ha avanzado que seguirá adelante con los sondeos porque, de lo contrario, "estaría prevaricando". "Nada más lejos de la realidad, sólo hace falta voluntad política", espetó Rivero.

La portavoz del PP, Australia Navarro, le acusó de practicar un ecologismo de "pacotilla", así como de usar "la batalla" sobre el crudo para "tapar las vergüenzas" de su gobierno y seguir intentando imponer su candidatura a la presidencia del gobierno en 2015. Destacó que su partido representa al 97,5% de canarios que no acudieron a las marchas y que "quieren las prospecciones y beneficiarse, si lo hay, de ese petróleo, en términos de economía y empleo". Coincidió entonces con la delegada del Gobierno, Carmen Hernández Bento, que cifró en menos de 50.000 los asistentes en todas las manifestaciones, el 2,5% de la población, frente a los más de 200.000 contabilizados por los convocantes.

Rivero le contestó que, si el PP sigue la misma dinámica, "la explosión popular en la calle va a multiplicarse, porque la gente acepta errores, pero no abusos". Les retó a que si están tan convencidos de que una mayoría quiere los sondeos acepten el referéndum.

El portavoz del Grupo Nacionalista en la Cámara regional, José Miguel Ruano, arremetió contra quienes no defienden a Canarias y buscan "acallar la voz del pueblo" y trasladó a Rivero el apoyo de su grupo para "llegar hasta el final". El portavoz del PSOE, Manuel Fajardo, denunció "chapuzas" en los ministerios de Industria y Medio Ambiente y censuró la opacidad en el proceso y la obstrucción de los derechos de la ciudadanía.

El portavoz del Grupo Mixto (NC-PIL), Román Rodríguez, apostó por arbitrar los mecanismos legales para celebrar un plebiscito. Precisamente, los grupos Nacionalista, Socialista y Mixto aprobaron una propuesta de resolución a la comunicación del Gobierno canario en el que, en caso de persistir el silencio del Ejecutivo español sobre el referéndum, o se negara, se buscarán los mecanismos para efectuar la consulta. Los tres grupos reprobaron "el trato" del Estado y tumbaron las diez iniciativas del PP sobre la legitimidad del Gobierno central en la exploración de hidrocarburos, que el proyecto evaluado no implica la extracción de petróleo y la exigencia al Gobierno regional de "cesar en campañas que confunden y alarman a la opinión pública", entre otros puntos.

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