La Ley de Vivienda sigue adelante con amenaza inconstitucional y sin plan B

Al texto le queda el debate final en el pleno del Parlamento para su entrada en vigor

03.06.2014 | 16:20

El proyecto de ley que reforma la Ley de Vivienda de Canarias, en el que se prevén expropiaciones temporales a los bancos para aplazar desahucios, fue aprobado este martes 3 de junio en comisión parlamentaria por CC, PSOE y grupo mixto mientras que el PP lo considera inconstitucional y carece de un plan B propuesto por Nueva Canarias ante su previsible suspensión cautelar.

Al texto le queda el debate final en el pleno del Parlamento para su entrada en vigor, aunque si el Gobierno central presenta un recurso de inconstitucionalidad, como hizo en el caso de Andalucía, quedará presumiblemente suspendido cautelarmente hasta que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional.

Para evitar que esa suspensión cautelar impida aplicar el objetivo esencial de la ley, que las personas no se queden sin casa por la imposibilidad de pagar la hipoteca, el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, propuso "un plan B", consistente en que el Gobierno de Canarias promueva un sistema de mediación entre el deudor y el acreedor y la creación de un fondo de ayudas para que las familias necesitadas puedan hacer frente a los pagos, sin perjuicio de que se tramite la expropiación temporal de la propiedad durante tres años a las entidades financieras.

Román Rodríguez propuso además que tanto la mediación como las ayudas a los pagos se extiendan no sólo para el caso de personas o familias con vivienda en propiedad que no puedan pagar la hipoteca, sino también a aquellas en situación de alquiler que no tienen recursos para pagar la renta.

Asimismo, debe protegerse a aquellos avalistas, normalmente familiares de deudores que también están en situación precaria y que pierden su propia vivienda.

El portavoz de Nueva Canarias dijo que los lanzamientos por impago de la hipoteca son solamente la mitad de los desalojos, mientras que la otra mitad son desahucios por impago del alquiler, una proporción esta última que va en aumento y a cuyos afectados debe proteger también la ley.

Los representantes de los grupos nacionalista y socialista admitieron la posibilidad de buscar fórmulas transaccionales con respecto a las propuestas de Nueva Canarias que podrían introducirse en el debate en el pleno del Parlamento.

La diputada del PSOE Rosa Guadalupe Jerez aclaró que el refuerzo de la mediación ya ha sido asumido por los grupos que apoyan al Gobierno en las enmiendas ya introducidas en la fase de ponencia en el proyecto de ley.

Pero en lo referente a crear un fondo de ayuda a las familias, consideró que eso desactivaría por completo la presión que la posibilidad de una expropiación temporal de la propiedad supone para que las entidades bancarias estén interesadas en llegar a un acuerdo con los deudores.

Si saben que de todos modos van a cobrar la hipoteca gracias a un fondo de ayuda de dinero público, las entidades bancarias dejarán de interesarse en llegar a un acuerdo con los deudores, argumentó Rosa Guadalupe Jerez.

Los grupos del Gobierno rechazaron además las sugerencias del PP para cambiar la ley y garantizar así su legalidad y exigibilidad ante los tribunales, y evitar la posibilidad de que sea declarada inconstitucional.

José Miguel Ruano, del grupo nacionalista, afirmó que de CC y PSOE ya han hecho un gran esfuerzo con sus enmiendas en el trámite parlamentario para reforzar la legalidad del proyecto de ley, que al fin y al cabo sólo trata de paliar el drama social que no ha querido evitar el Estado con su legislación respecto a las familias que se quedan sin vivienda, un derecho constitucional.

"Hemos intentado reforzar los objetivos de la ley y mejorar y reforzar las funciones de mediación de las autoridades gubernamentales en caso de alzamiento", dijo Ruano, quien acusó al PP de intentar desnaturalizar su contenido.

La Ley introduce medidas especiales para que las viviendas en manos de los bancos no estén vacías y que no sean objeto de especulación, y trata de que el deudor hipotecario no quede protegido mediante la mediación y la expropiación temporal de la propiedad solamente en caso de que no sea aplicable la legislación del Estado de 2013, explicó.

El Gobierno puede poner recursos de inconstitucionalidad si lo estima oportuno, "pero sólo intentamos paliar los efectos" que no ha sido capaz de atajar el Estado, dijo Ruano, quien señaló que lo que les gustaría a socialistas y nacionalistas es que el PP se comprometiera más con este problema social.

Felipe Afonso El Jaber, diputado del PP, dijo que la ley "es un paripé para tapar la incompetencia y la incapacidad del Gobierno de Canarias para satisfacer la necesidad de vivienda de llos ciudadanos y para gestionar su propio patrinomio inmobiliario".

Lamentó que los grupos del Gobierno de Canarias no hayan aprovechado la tramitación parlamentaria de la ley para corregir su evidente inconstitucionalidad debido a que supone cambios en la legislación básica de expropiaciones y sobre la propiedad.

"Nuestras enmiendas pretende que esta ley sea legal y exigible por los ciudadanos ante los tribunales", porque tal como está será inútil y no servirá a las personas afectadas, advirtió el diputado del PP.

Afonso propuso que la misma cantidad que el Gobierno de Canarias quiere dedicar a expropiaciones temporales forzosas se destinen a los deudores o a los avalistas.

Señaló que a los bancos no les preocupan las expropiaciones temporales, porque se producen a un justiprecio y al final del plazo recuperan la propiedad.

También argumentó que es una ley que no garantiza la igualdad, puesto que prevé la posibilidad de convenios con los bancos para sacar al mercado sus viviendas, pero se excluye de esos convenios a promotores o incluso a particulares propietarios que también quieren ayudas para dar salida a sus inmuebles.

La creación de un registro público de viviendas vacías también fue criticada por el diputado del PP, ya que supone un señalamiento y una coerción para muchos propietarios.

Felipe Afonso El Jaber mantuvo su oferta a los grupos del Gobierno para llegar a acuerdos respecto a sus enmiendas y conseguir un texto final que sea legal y exigible.

Canarias

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