Vivienda reclamará a la justicia los dos millones del cobro de alquileres

La administración autonómica ejecutará la garantía ante el incumplimiento de la empresa de pagar lo que debe

30.08.2013 | 02:00

El Instituto Canario de la Vivienda demandará en el juzgado a la empresa Hermanos Alonso Garrán SL por los cerca de dos millones de euros que le adeuda tras abandonar la gestión de los alquileres de las viviendas del parque público de la Comunidad Autónoma. El procedimiento previo antes de acudir a los tribunales es ejecutar la garantía que depositó la sociedad cuando se le adjudicó el servicio y si no se cubre la totalidad de la deuda es cuando se iniciarán los trámites para plantear la demanda.
Según han explicado fuentes de Vivienda, cuando la empresa dejó el servicio como consecuencia de sus dificultades financieras se le exigió por parte de la Administración el pago voluntario de la deuda. Sin embargo, la quiebra de la sociedad y el concurso de acreedores ha impedido que pueda devolver esta cantidad, por lo que el Ejecutivo tendrá que ejecutar la garantía.
Previamente, ya la Consejería de Políticas Sociales y Vivienda y Hermanos Alonso Garrán SL mantenían una pugna en el juzgado como consecuencia del expediente sancionador abierto por el departamento que dirige Inés Rojas debido a lo que, según la Administración, era una "ejecución defectuosa" de la facturación y recaudación de los alquileres y créditos de las casas de promoción pública.
Según Vivienda, la encomienda de gestión de los alquileres sociales adjudicada a Visocan no tiene porqué publicarse en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) al ser una empresa pública con amplia experiencia en el sector de la vivienda. La encomienda se ha realizado por dos años y con un millón de euros de presupuesto. El Ejecutivo recuerda que hay un ahorro para las arcas autonómicas que la gestión de los alquileres pase de manos de una empresa privada a una pública.
El Instituto Canario de la Vivienda niega que el traspaso de la gestión de los alquileres a Visocan, cuya gestión lleva desde principios de agosto, haya supuesto trastornos y problemas para los inquilinos de los pisos de promoción pública. Las fuentes consultadas aseguran que Visocan hará lo mismo que hacía hasta ahora la anterior empresa adjudicataria del servicio, por lo que no supondrá cambios importantes para los usuarios.
Además del cobro de recibos, la sociedad mercantil de la comunidad también realizará las tareas de gestión de los mismos, la aplicación informática y otro tipo de servicios vinculados a la administración. Las oficinas habilitadas son propiedad pública, por lo que no hay gastos añadidos en alquileres.

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