La empresa que cobra el alquiler social deja al Ejecutivo dos millones de deuda

El Gobierno abrió un expediente sancionador a Hermanos Alonso Garrán SL a final de 2012

28.08.2013 | 23:22

La quiebra de la empresa que gestionaba la recaudación de los alquileres de las viviendas del Gobierno canario, Hermanos Alonso Garrán SL, ha dejado una deuda de la empresa con el Instituto Canario de la Vivienda cercana a los dos millones de euros. La sociedad gestionaba el cobro de los alquileres desde hacía varios años aunque, tras la última renovación del concurso, en mayo de 2011, las dificultades financieras de Hermanos Alonso Garrán fueron incrementándose a la misma vez que aumentaban los problemas de gestión de los servicios contratados por la Administración autonómica.

En julio del pasado año, la consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, abrió un expediente sancionador contra la empresa por la "ejecución defectuosa" del contrato administrativo de los servicios de facturación, recaudación y apoyo a la Administración del parque público de viviendas del Instituto Canario de la Vivienda. Los gestores de Hermanos Alonso Garrán recurrieron el expediente y en noviembre el anterior director general de Vivienda, Jerónimo Fregel, dictó una resolución que disponía la r emisión al Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria del expediente de imposición de sanciones.

La empresa ha ido acumulando en los últimos meses deudas tanto con sus trabajadores como con la Administración. Hermanos Alonso Garrán tiene su domicilio social en Madrid y contaba con contratos de gestión con gobiernos de varias comunidades autónomas y ayuntamientos. Una vez presentado el concurso de acreedores, la sociedad ha acumulado unos impagos a la Comunidad Autónoma cercanos a los dos millones de euros, según ha podido saber este periódico, además de las deudas que mantiene con la plantilla, la Seguridad Social o Hacienda.

El Instituto Canario de la Vivienda aún no ha tomado una decisión sobre las medidas a adoptar para reintegrar a las arcas autonómicas la deuda, ya que se trata de los cobros de la parte del alquiler que le corresponden a las familias que habitan las viviendas públicas.

Oficinas

Esta situación ha provocado que el Ejecutivo haya dejado en manos de la empresa pública Visocan la gestión de estos cobros a través de una encomienda directa sin pasar por ningún tipo de concurso ni procedimiento negociado. Desde principios de agosto, Visocan ha habilitado dos oficinas –una en Santa Cruz de Tenerife y otra en la capital grancanaria– para la gestión y el cobro de esta tarea encomendada por el Ejecutivo. Este nuevo procedimiento está causando ciertas disfunciones e incomodidades a los titulares de las viviendas ya que se les obliga a ir a estas oficinas para pagar o domiciliar los cobros.

Según las fuentes consultadas por este periódico, la encomienda de gestión a Visocan de las tareas que realizaba la anterior empresa no fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), a pesar de que se le ha dado por dos años y por una cuantía de alrededor de dos millones de euros.

Cerca de 10.000 familias canarias residen en las viviendas sociales de la Comunidad Autónoma que pagan entre los dos y los 90 euros mensuales de media dependiendo de los ingresos y del número de dormitorios de la casa. Se trata de familias con escasos recursos económicos y en una parte importante de carácter monoparental, es decir, integradas por una mujer e hijos cuyos ingresos pueden ser inferiores a los 11.000 euros.

Según los datos del propio Ejecutivo, el Instituto Canario de la Vivienda abonó sólo en el año 2012 en concepto de ayudas al alquiler de viviendas sociales más de 18 millones de euros. La ayuda que se aporta desde el Gobierno se aplica en función del número de miembros de la unidad familiar y de los ingresos netos mensuales, además se tiene en cuenta a las personas con discapacidad.

Alivio

La encomienda realizada por Vivienda a Visocan puede aliviar parte de la situación en la que se ha visto inmersa la empresa pública, sometida como otras sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma a expedientes de regulación de empleo y recortes de su presupuesto. No obstante, Visocan también ha estado sometida a la polémica en los últimos meses por denuncias sobre desahucios en sus viviendas a familias que tienen dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca. Desde el punto de vista político, la consejera del ramo, Inés Rojas, ha insistido en varias ocasiones que en ningún caso se va a desahuciar a ninguna familia que resida en una casa de promoción pública si los problemas de pago son por motivos exclusivamente económicos.

Un parque de 2.000 viviendas

El patrimonio público de viviendas de la Comunidad Autónoma está formado por unos 20.000 inmuebles de diferentes tipologías: en alquiler, con acceso a la propiedad o con hipoteca. Desde que se asumieron las competencias en materia de vivienda, en los primeros años de la etapa autonómica, los diferentes gobiernos han ido construyendo casas dando prioridad al régimen especial en alquiler, destinado a aquellas familias con escasos recursos económicos. Con el paso de los años se han construido también otras modalidad de viviendas protegidas para dar respuesta a familias que no están en el umbral de los ingresos para un piso social pero tampoco pueden acceder al mercado libre. De esta forma surgieron las viviendas de régimen general en venta, con ayudas a la entrada de la vivienda e intereses subvencionados. Con la agudización de la crisis, el Ejecutivo regional, como el resto de los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Fomento, ha frenado la construcción de nuevas viviendas sociales y da prioridad al alquiler y a la rehabilitación de barrios y comunidades.

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