Rivero negocia con la banca cambiar las expropiaciones por alquileres

El Gobierno asumiría el pago de la renta a la entidad financiera para evitar el desahucio

24.08.2013 | 00:54
El presidente Paulino Rivero y la consejera de Vivienda, Inés Rojas.
El presidente Paulino Rivero y la consejera de Vivienda, Inés Rojas.

El Gobierno canario busca la fórmula de evitar la expropiación de las viviendas a los bancos acordando con las entidades financieras el pago de un alquiler social a aquellas familias que no pueden costear el crédito por carecer de ingresos y, de esta forma, frenar el desahucio de las mismas. Los problemas jurídicos que pueden acarrear las expropiaciones de viviendas obligan a buscar alternativas que no dejen a las familias desamparadas, por lo que el alquiler lo abonaría el Ejecutivo al banco hasta que mejoren las condiciones económicas de los afectados.

En Andalucía ya se está llevando a la práctica esta alternativa ante la disposición de la mayoría de los bancos de evitar más lanzamientos sin antes agotar las vías de negociación con las familias y el Gobierno. En el caso de ocupantes con riesgo de exclusión ante situaciones sobrevenidas que le impidan abonar el préstamo hipotecario, el Ejecutivo andaluz y los bancos negocian cantidades en concepto de alquiler social en el que las familias abonan una mínima parte y el resto lo subvenciona la Administración.

Esta fórmula está recogida en el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) y el Ejecutivo no la descarta ante la más que probable posibilidad de que el Tribunal Constitucional tumbe la expropiación temporal del uso de la vivienda a los bancos, que también han advertido con recurrir ante los tribunales medidas de este tipo por la vulneración del derecho a la propiedad. Los escollos jurídicos al decreto ley de Andalucía puede provocar que la reforma de la Ley de Vivienda de Canarias no se apruebe por el Parlamento al menos hasta diciembre, lo que supone que no entrará en vigor hasta el inicio del próximo año.

La principal hipótesis que maneja el Ejecutivo autonómico es aprovechar que la ley tiene que pasar aún por el Consejo de Gobierno y el trámite del Parlamento para llegar a diciembre y adaptar la ley al pronunciamiento que emita el Tribunal Constitucional, que deberá decidir si mantiene la suspensión de algunos artículos de la norma andaluza. En este caso, y mientras entra en el fondo de la cuestión, la expropiación de las casas a la banca quedaría definitivamente fuera de la normativa, por lo que en Canarias se tendrá que hacer lo mismo para evitar su impugnación por el Estado.

Fuentes cercanas al Ejecutivo admiten que si el tribunal mantiene la suspensión por ser inconstitucional la sentencia no estará hasta dentro de varios años.

A pesar de las prisas iniciales, el único informe que se encuentra sobre la mesa del Ejecutivo es el del Consejo Económico y Social (CES). Queda aún el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo antes de que el texto sea remitido al Parlamento, además del informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y una evaluación económica del coste que puede suponer para el Ejecutivo el pago de los alquileres sociales para evitar los desahucios de familias en riesgo de exclusión social.

El objetivo de la modificación de la Ley de Vivienda es fomentar el alquiler de las viviendas vacías en Canarias e impulsar medidas para evitar los desahucios en las situaciones que afecten a familias en situación de emergencia social y cuando culminen los procesos de adjudicación a las entidades financieras. La norma crea un registro de vivienda, al estilo del creado en Andalucía, en el que se tendrán que inscribir obligatoriamente las viviendas que se encuentren vacías de los bancos, sus filiales inmobiliarios y promotoras.

Otra de las cuestiones en duda en el contenido del anteproyecto de ley son las medidas sancionadoras contra aquellas empresas u organizaciones con personalidad jurídica propia que no atiendan las disposiciones prevista en esta norma. El informe del CES recoge que las sanciones son discriminatorias.

Sugerencias

Recomendación
El Consejo Económico y Social (CES) recomienda al Ejecutivo regional que espere a la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el Gobierno de la nación contra el decreto ley de la Junta de Andalucía que sirvió de inspiración a Canarias para evitar los desahucios a personas en situación de exclusión social y que incluye la expropiación temporal de los pisos en poder de los bancos.

Adecuación
El órgano consultivo también echa en falta las aportaciones de la Dirección General del Servicio Jurídico con vistas a emitir un parecer en relación a la "adecuación o no de determinados artículos" a la Constitución. En este escenario, el CES subraya que el derecho a la propiedad es una materia vedada a los decretos leyes, conforme a los artículos 53 y 86 de la Carta Magna.

Casas vacías
El número de viviendas vacías en Canarias se sitúa en 138.262. El Archipiélago es, junto a Baleares, Cataluña, Madrid y País Vasco, una de las comunidades autónomas donde la cifra desciende en mayor o menor medida. La media nacional registra un crecimiento del 11%.

Alarma social
El Consejo Económico y Social anota que las Islas Canarias aparecen como la región con menor porcentaje de hogares con vivienda en propiedad y que el peso de la vivienda protegida respecto al total de las finalizadas está por debajo de la media en el periodo 2004-2011. El CES recalca que uno de los efectos de la crisis que están creando una mayor alarma social es el incremento en el número de familias que pierden sus hogares.

Canarias

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