Interior no ve posible asemejar las víctimas de Spanair a las del 11-M

El Ministerio señala que la ley solo incluye a quienes sufren actos terroristas

22.08.2013 | 02:00
Una familiar de las víctimas de Spanair.
Una familiar de las víctimas de Spanair.

El Ministerio de Interior considera poco probable que las víctimas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair puedan valorarse como semejantes a las que han sufrido atentados terroristas. Fuentes del Ministerio señalaron ayer que el tratamiento que se les da a quienes han padecido un ataque terrorista está recogido por la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobada en septiembre del año 2011, y que incluye "solo a quienes han sufrido actos terroristas".

Con motivo del quinto aniversario de la tragedia de Spanair, celebrado el martes, la Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022 exigió a Mapfre, la aseguradora de la ya desaparecida aerolínea, que ofrezca indemnizaciones similares a las que recibieron los afectados por los atentados del 11-M en la estación madrileña de Atocha.

En noviembre de 2007 el Tribunal del 11-M fijó una indemnización de 350 millones de euros para repartir entre los familiares de los 191 fallecidos en el atentado, con lo que cada afectado obtuvo una compensación económica próxima a los 900.000 euros.
Tras los homenajes organizados el martes en Madrid, la presidenta de la VJK5022, Pilar Vera, señaló que la reivindicación a Mapfre se hace, más que por afán recaudatorio, "para que sirva como acicate y que las aseguradoras dejen de trabajar con las compañías aéreas que no sean seguras".

Interior señala que los afectados por el accidente de aviación tendrán que solicitar el estatus de víctima de terrorismo en la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, "y a partir de ahí se valorará si es posible o no".

Por su parte, la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) considera que cuando "se mata a una víctima del terrorismo hay una intencionalidad asesina en desestabilizar políticamente al Estado y a la Democracia" lo cual da lugar a la existencia de matices "muy diferentes" a los que padecen las víctimas del accidentes. "Aún así, comprendemos su sufrimiento y su lucha legal y administrativa para que no vuelva a suceder la misma cadena de errores fatales", apunta Lucía Jiménez, presidenta de la asociación Acavite.

Jiménez explica que mediante la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo el Estado reitera su compromiso de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo y sus víctimas en todas sus manifestaciones. "Añadiendo el valor de la memoria como la garantía última de que la sociedad española y sus instituciones representativas no van a olvidar nunca a los que perdieron la vida, sufrieron heridas físicas o psicológicas o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorista", señala.

El anexo de esta norma incluye los distintos baremos para indemnizar los daños físicos y psicofísicos de los afectados. Así, la compensación económica por fallecimiento se tasa en 250.000 euros; sufrir una gran invalidez, en 500.000; padecer una incapacidad, entre 75.000 y 180.000 euros, en función del nivel de gravedad.

Por otro lado, quienes a raíz de un acto terroristas sufran lesiones permanentes pero que no le causen invalidez serán indemnizados conforme a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor.

Precisamente es este el baremo que la Audiencia Provincial de Madrid y el fiscal del caso del vuelo JK5022 dictaminó para los 172 afectados por el accidente de Spanair del 20 de agosto de 2008.

Víctimas políticas

Para Acavite, el valor político que envuelve a las víctimas "exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social, política y romántica del terrorismo". En este sentido, La presidenta de Acavite apunta que los matices que diferencian a ambos tipos de afectados viene marcada porque "las víctimas del terrorismo constituyen una referencia ética para nuestro sistema democrático; simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente la amenaza terrorista".

En su opinión, "los poderes públicos deben garantizar que las víctimas de terrorismo sean tratadas con respeto conforme a sus derechos y asegurar la tutela efectiva de su dignidad".

Desde la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo afirman que "comprenden y acompañan moralmente en el sufrimiento, respeto, dignidad y memoria de las familias del accidente aéreo JK5022", aunque apuntan que "desgraciadamente existen muchas clases y tipos de victimización".

"Cuando el terrorismo golpea a las sociedades democráticas, causa víctimas para destruir al Estado y a sus instituciones, afecta a la convivencia en paz y en libertad", asegura la representante de la asociación Acavite.

"En este sentido, el terrorismo, más que otros delitos, violentos o similares, supone la deshumanización de las personas para fines ideológicos, religiosos o identitarios imposibles e indeseables. Es esta significación la que no se da en las víctimas de accidentes", afirma Lucía Jiménez en nombre de las víctimas de terrorismo.Una familiar de las víctimas de Spanair. / lot

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