La Audiencia de Cuentas suspende la gestión de García en la TV autonómica

El órgano ve visos de irregularidad en la contratación de 2007 a 2011 y denuncia falta de transparencia

14.08.2013 | 02:20

La gestión de la contratación llevada a cabo durante la pasada legislatura (2007-2011) por Radiotelevisión Canaria y sus sociedades "no se ha ajustado en general a criterios de eficacia, eficiencia y economía". Ésta es la contundente conclusión del informe hecho público por la Audiencia de Cuentas que señala, además, como " infracciones a la legislación sobre contratos en el sector público, la ausencia de documentación justificativa en las fases de preparación y adjudicación, y de sujeción a los principios de publicidad y concurrencia", por parte de los responsables de los procedimientos.
Asimismo, la Audiencia pone especial énfasis en los posibles riesgos de carácter legal de determinadas actuaciones del director general de RTVC, Guillermo García. El informe expone que las actuaciones realizadas en materia de contratación por el director general "se llevaron a cabo sin contar con un manual de procedimientos o circulares internas que pudiesen, en su caso, delimitar las funciones de cada interviniente en el proceso de contratación (justificación de la necesidad de adquisición, aprobación del expediente, recepción del bien, conformación de la factura, orden de pago, etc.)".
Por ello, en sus recomendaciones cuestiona la "centralización" de la actividad contractual en la figura de Guillermo García y afirma que "no debe priorizarse anteponiendo la misma a los necesarios controles internos y a un marco reglado que proporcionen las mínimas garantías" en la gestión correcta de la contratación.
Durante la anterior legislatura se formalizaron 575 contratos por el grupo audiovisual por un importe inicial de 264 millones de euros. En concreto, se suscribieron 448 contratos privados de compra de programas, producción y adquisición de derechos de emisión y tiempo de difusión en medios audiovisuales y, por tanto, no sometidos a la normativa española sobre contratación del sector. No obstante, la Audiencia de Cuentas subraya que, aunque son contratos privados, sería recomendable que se "establecieran las medidas oportunas para garantizar una publicidad adecuada a la gestión de su contratación atendiendo a los principios de publicidad y transparencia". Los restantes 127 contratos sí estaban sujetos a la normativa española, si bien 70 de los mismos se hicieron como contratos menores y en torno a un 19% de los casos se utilizó el procedimiento negociado como forma de adjudicación, lo que evita la publicidad y sólo requiere el beneplácito del director.
La gestión de Guillermo García al frente del ente público ha sido sumamente cuestionada en los últimos años. Tanto el PSOE cuando estaba en la oposición, como ahora el PP, han denunciado los contratos a dedo como una de las prácticas habituales de García. Ambos grupos forman parte del Consejo de Adminstración que, al parecer, no participa en los procedimientos de contratación.
Según la diputada del PP, Águeda Montelongo, su formación siempre ha cuestionado –aún cuando formaba parte del Gobierno con Coalición Canaria hasta el año 2009– las presuntas irregularidades que ahora "confirma la Audiencia de Cuentas". Montelongo critica "el silencio vergonzoso" del presidente del Gobierno, Paulino Rivero, sobre la gestión de "su protegido, Guillermo García, quien durante cuatro años ha cometido importantes irregularidades en la gestión de casi 300 millones de euros incumpliendo la Ley de la Hacienda Pública Canaria, sin transparencia y rigor en el gasto".
Asimismo, condena que el PSOE, socio en el Gobierno de los nacionalistas, "dé la callada por respuesta cuando fueron ellos los que encargaron este informe a la Audiencia". En estos momentos, el Ejecutivo autónomo ultima una reforma de la ley que regula la Televisión Canaria, limitando precisamente las competencias del director general. El pacto CC-PSC propone en su texto legislativo que fija la cuantía de los contratos, restringe las facultades del director para resolver contrataciones de programas sin consultar al Consejo de Administración, delimita sus competencias e incrementa el control del Parlamento.

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