El Gobierno avisa de que la nueva ley reducirá los colegios profesionales

Los representantes de los colectivos en las Islas critican la reforma propuesta por el Estado y denuncian la falta de consenso con la que se ha llevado a cabo

12.08.2013 | 02:20

La nueva normativa aprobada recientemente por el Consejo de Ministros para regular los colegios profesionales no ha gustado ni a los propios colectivos en el Archipiélago ni al Gobierno de Canarias, que avisan de que la ley puede conllevar la reducción de los colegios profesionales, tanto en el número de asociados como en la cifra de estas organizaciones.

Según el viceconsejero de Justicia del Ejecutivo regional, Pedro Herrera, la amenaza que planea sobre esta disposición "exige la centralización y la reducción de los colegios profesionales canarios", circunscritos a un "ámbito territorial en el que la ley es bastante vaga y poco precisa". Aunque no todos los colectivos se ven igual de perjudicados, quien mejor resume la situación es el presiden del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife, Argeo Semán, quien explica que, para la demarcación provincial de este colectivo, la norma puede llevar a una bajada considerable de sus colegiados.

"En la actualidad tenemos 658 personas en el colectivo, pero si la colegiación solo es obligatoria para aquellos profesionales que tengan un visado concreto, nos podremos quedar en una veintena", lamenta Semán quien critica que el Gobierno central "confunda un colectivo profesional con una asociación de amigos".

Respecto a cómo afecta a gremios como los abogados, con cuatro colegios en Canarias, el viceconsejero da por hecho que "se ve venir una eliminación de varios de ellos a favor de la concentración", aunque el trámite que queda por delante para la aprobación de la normativa es "largo y complejo".

Al decano del Colegio de Abogados de la provincia tinerfeña, Víctor Medina, tampoco le agrada el texto aprobado por los ministros pero mantiene la esperanza de que el Gobierno central incorpore las aportaciones que desde los diferentes sectores se están realizando a la norma. En el caso particular de los letrados, Medina defiende que "para la abogacía es esencial garantizar el derecho de la ciudadanía para preservar cualquier tipo de práctica contraria a la normativa", una función de control, recuerda, ejerce la colegiación profesional.

Ese control es precisamente lo que reclama el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, quien considera que la obligación que tienen los profesionales sanitarios de colegiarse para ejercer la profesión es una garantía del servicio que recibe la población, especialmente en el caso de la sanidad pública. Sin embargo, Martín recuerda que en Canarias, hasta hace "escasos meses", la colegiación era voluntaria en el caso de los médicos, hasta que un sentencia del Tribunal Constitucional obligó a formar parte del colectivo profesional. "Aún así, apenas un 0,1% de los facultativos ejercían sin estar colegiados", añade el presidente.

La norma aprobada por los ministros españoles modifica la obligación de la colegiación y la limita a profesionales que tienen que ver con actividades sanitarias y jurídicas, además de aquellas labores técnicas que exijan visado. Aunque se trata de uno de los aspectos que más contestación está teniendo por parte los representantes profesionales, los presidentes de los colegios profesionales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife cuestionan sobre todo las formas en las que ha actuado el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

Para Víctor Medina no fue una sorpresa porque, según sus palabras, "lo habitual en este Gobierno no es precisamente el diálogo". "No se ha tenido en cuenta nada de las aportaciones que se han hecho", lamenta el decano, quien considera que con el texto aprobado por el Consejo de Ministros "se da un paso atrás en el derecho de los ciudadanos".

Similar percepción mantiene el viceconsejero canario de Justicia, quien anima a los colegios afectados por el anteproyecto a "reclamar y dejarse oír a través de los grupos parlamentarios", ya que es necesario "luchar por los derechos que les son propios". El anteproyecto, aprobado por el ministerio que encabeza De Guindos, "ha sido tremendamente precipitado", a juicio de Herrera. "Aunque la renovación de esta ley que estaba quedando obsoleta es necesaria, ni se han hecho las consultas adecuadas ni se ha tramitado en conformidad a los diferentes organismos", argumenta.

Quejas

El presidente del Colegio de Médicos tinerfeño también considera que la modernización de la normativa era necesaria. Sin embargo, cree que "el Gobierno ha aprovechado para inmiscuirse en la organización de los colegios profesionales" y alude a dos cuestiones. Por un lado, Rodrigo Martín entiende que se pierde confidencialidad con la obligación de la norma de incluir "un nombramiento político en los tribunales que dirimen el incumplimiento del código deontológico", pero también ve "ilógico" que los miembros de la junta directivas de los colegios no puedan "formar parte o tener participación en sociedades, ni siquiera cuando no tienen nada que ver con el ejercicio de la medicina".

Además, el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, que también se muestra en contra de la norma, explica que está llevando a cabo acciones "conjuntamente con otros colegios para luchar por unos derechos que nos son propios", según afirma el decano Juan Antonio Bermejo. En el caso de este sector profesional, el anteproyecto no tiene un impacto económico "sino más bien ético" pues, según Bermejo, "la falta de regulación en la profesión podrían tener graves consecuencias a largo plazo" tanto en las acciones y responsabilidades como para el colegio.

Precisamente, el impacto económico es otra de las quejas que soporta la decisión de los ministros, ya que el responsable de la cartera que impulsa la reforma, Luis de Guindos, asegura que la medida implementará el PIB en 7.000 millones de euros. Al respecto, el decano del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife asegura que "es mentira, como lo es justificar que lo mandan las directrices europeas, porque lo cierto es que no generará beneficios".

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