Canarias responsabiliza a Madrid del descontrol urbanístico en las costas

José Fernández señala que el Archipiélago no es competente para revertir la situación

10.08.2013 | 02:00

El Gobierno canario considera que hay espacio para, "a largo plazo", revertir la situación que ha llevado al Archipiélago a ser la segunda comunidad autónoma española con menor superficie de costa natural en primera línea, según el informe "Destrucción a toda costa 2013" presentado esta semana por la organización ecologista Greenpeace. El director general de Protección de la Naturaleza del Ejecutivo canario, José Fernández, explicó ayer que para mejorar la calidad medioambiental de la franja litoral isleña es necesaria "la voluntad política" y especificó que Canarias, a diferencia de otras comunidades autónomas, no "dispone de instrumentos de ordenación territorial específicos" para tomar la iniciativa en el camino hacia ese objetivo.

"En muchos tramos de la costa habría que empezar a pensar en un proceso de retroceso y desmantelamiento de cosas que no se han hecho correctamente", aseguró José Fernández. El responsable autonómico de Protección de la Naturaleza enumeró las amenazas, "muy importantes", que se ciernen sobre las costas de las Islas, entre ellas "la destrucción de ecosistemas, el aumento de la presión y, ahora mismo, los efectos del cambio climático".

Entre esos efectos inducidos por la presión ejercida por el hombre sobre el medio ambiente, se encuentra el crecimiento del nivel del mar y su avance tierra adentro. "Las playas desaparecen y el mar va a invadir zonas ocupadas por esas edificaciones que en la actualidad presionan sobre la costa", explicó el director general. El resultado final es que todas ellas "se van a convertir en escombros, porque el mar se las va a ir tragando poco a poco".

Es uno de los motivos principales para que esa voluntad política mencionada por el director general de Protección de la Naturaleza se imponga con el fin de establecer estrategias que a largo plazo desatasquen el litoral. "Son procesos lentos", señaló, porque también lo es "el acomodarse a la nueva situación. De la noche a la mañana es muy difícil, ya que no hay recursos económicos para hacerlo" aseveró.

José Fernández señaló que el planeamiento urbanístico de las Islas cuenta con herramientas "sostenibles desde un punto de vista económico para ir reconduciendo" las cuestiones más perentorias. A su juicio, no se trata de tirar todo lo que sea susceptible de incidir sobre el medio ambiente, sino de hacer una evaluación de los enclaves más sensibles, entre los que enumeró "dunas, saladares, estuarios o lagunas litorales", por ejemplo.

Para medir la existencia o no de esa voluntad política invocada, José Fernández echó mano de la nueva Ley de Costas aprobada el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados. Una norma que, en su opinión, "alienta el proceso de presión sobre la orilla", camino que no tomará el Archipiélago, si bien, precisamente Canarias tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional esta ley, entre otras cuestiones porque elimina núcleos costeros urbanos.

Con todo, el director general advirtió de que la anterior norma estatal "era más estricta y no permitía que la comunidad autónoma aumentara la presión sobre la costa; aún así ya se ha visto lo que ha ocurrido", apuntó. Fernández avanzó que el Gobierno de Canarias está trabajando para hacerse con las competencias suficientes que le permitan decidir sobre el proceso de desmantelamiento en el largo plazo de las edificaciones que en la actualidad se alzan junto a la costa.

Ya tienen esa potestad para intentar reordenar y atemperar la presión sobre la costa Cataluña, Asturias, Cantabria, Andalucía, Valencia y Baleares. La Consejería de Política Territorial "está trabajando en ello", señaló el director general de Protección de la Naturaleza.

Sobre el origen de este incremento de las edificaciones junto al mar, José Fernández se remontó a la aprobación de la Ley de Costas de 1988. En los últimos días del año 1987 se aprobaron muchos planes "de aquella manera" para evitar la norma, más restrictiva, que estaba en ciernes. "Varios de esos planes se pusieron en marcha mucho después, en la década de los noventa o incluso más tarde", rememoró el responsable del Ejecutivo regional.

Sobre las cifras que arroja el estudio realizado por Greenpeace, el director general optó por no discutirlas. "Son datos incontestables", afirmó, y entre ellos encuentra alguno que no deja tan mal parada a la Comunidad Autónoma de Canarias. "Por ejemplo, en el conjunto de España el 52% de las zonas de playa están urbanizadas o tienen ya suelo declarado como urbanizable, mientras que en Canarias ese porcentaje es del 36%".
Variación

Sobre la variación que sufrirá el panorama en los próximos años, José Fernández explicó que el cambio climático "es imparable, un dato científico". Para mediados de este siglo, el nivel del mar habrá crecido en torno a 15 centímetros.

El propio Ministerio de Medio Ambiente analizó el impacto y se ha comprobado que la orilla de la playa va a avanzar una media de 15 metros tierra adentro. "En la zona de Canarias puede alcanzar decenas de metros, tanto por el efecto directo de la subida como por la basculación que van a sufrir las playas como consecuencia del cambio de orientación de los oleajes medios", detalló el director general de Protección de la Naturaleza.

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