Los alcaldes del PP se suman a las críticas contra la ley municipal del Gobierno de Rajoy

La Federación Canaria de Municipios acuerda las alegaciones para evitar que los ayuntamientos pierdan competencias

01.03.2013 | 02:00
Los alcaldes del PP se suman a las críticas contra la ley municipal del Gobierno de Rajoy
Los alcaldes del PP se suman a las críticas contra la ley municipal del Gobierno de Rajoy

Ni siquiera los alcaldes canarios del Partido Popular (PP) quieren desertar de la batalla que la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha emprendido contra el anteproyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública del Gobierno de Mariano Rajoy. Todos los ediles del Archipiélago reunidos ayer, sin excepción, decidieron por unanimidad poner alegaciones a esta norma que, de aprobarse tal y como está, pondría en jaque las competencias que gestionan los ayuntamientos, incluidas la relativa a los servicios sociales.

Durante un receso de la Asamblea General de la Fecam, el presidente de la Federación y alcalde de Alajeró (La Gomera), Manuel Plasencia Barroso, informó de que uno de los alegatos que redactarán contra el anteproyecto se refiere al artículo que determina que los consistorios con menos de 20.000 habitantes (60 en Canarias) que no atiendan de manera "eficaz" los servicios municipales deberán ceder su gestión a las diputaciones provinciales y, en el caso de Canarias, a los cabildos insulares. Plasencia explicó que esto supone un "agravio comparativo", sobre todo cuando son precisamente estos municipios los que "menos deudas tienen de todos" en las Islas. Por este motivo, aseguró no entender la cifra de menos de 20.000 habitantes que impone el Estado.

Además, también alegarán contra la posibilidad de perder las competencias de los servicios sociales, "ya que las víctimas serán los ciudadanos", advirtió. Asimismo, la Fecam solicitará que la nueva ley incluya la figura de los interventores judiciales, y no sólo de los financieros. En cuanto al artículo que regula las retribuciones de los cargos públicos municipales, Plasencia indicó que no presentarán alegaciones, ya que la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) está elaborando una tabla con salarios máximos y mínimos para proponerla al Estado.

Eso sí, el presidente de la Fecam se mostró contrario a los cálculos del Gobierno de España (que estima en 7.000 millones de euros de ahorro con la modificación de la tabla salarial de los ediles), y afirmó que no existe un estudio que avale esa cifra, además de que con la propuesta estatal habrá alcaldes canarios que cobren incluso más de lo que cobran ahora.

La Fecam también acordó ayer elegir a cuatro representantes (uno por cada fuerza política) para negociar con el Estado una disposición adicional a la ley que contemple las singularidades canarias, como la orografía y la lejanía con la Península.
Finalmente, los alcaldes pactaron la difusión entre los ciudadanos de los problemas a los que se enfrentará la sociedad canaria si se aprueba la norma que ha propuesto el Gobierno.

Y precisamente sobre estos problemas habló claro la vicepresidenta primera de la Fecam y alcaldesa de La Guancha (Tenerife), Elena Luis Domínguez. La edil, para la que la Asamblea General celebrada ayer es una de las más importantes que se han hecho en los últimos años, aseguró que si el anteproyecto sale adelante sin cambios, "una gran parte de los servicios que prestan los ayuntamientos están en riesgo" y, por lo tanto, también muchos puestos de trabajo.

También se dirigió a los que piensan que los servicios no desaparecerán porque los asumirán los cabildos, y explicó que el anteproyecto no incluye una ficha financiera para que las instituciones insulares los gestionen. "¿Cómo entonces pueden garantizar que prestarán los servicios en las mismas condiciones?", preguntó. Para la alcaldesa, con esta norma "volvemos a épocas preconstitucionalistas, en las que no había servicios en todos los municipios".

En cuanto al vicepresidente segundo de la Fecam y alcalde de Agaete (Gran Canaria), Antonio Calcines Molina, fue el que aseguró que todos los representantes municipales de su partido, el PP, se han unido a este frente común para mejorar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, y que no hay escisiones, ni siquiera a nivel regional. "La Federación ha tenido presente a los ciudadanos en estas alegaciones y todos los alcaldes estamos de acuerdo, incluso los del PP. Hemos olvidado el color político de cada uno", dijo. Eso sí, se preguntó el porqué los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria no estuvieron ayer presentes en la Asamblea, ni enviaron a representantes. Calcines deseó que su ausencia signifique que están de acuerdo con lo que se votó.

El vicepresidente segundo también adelantó que, según sus noticias, el Gobierno de España está dispuesto a mejorar el anteproyecto en beneficio de los ayuntamientos canarios. "Me consta que el Gobierno se plantea modificar algunos artículos". Informó que posiblemente se incluya "el hecho insular" en la norma, además de mejorar los puntos relativos a los servicios sociales.

Finalmente, el presidente de la Fecam indicó que los alcaldes no se han planteado aún llevar al Tribunal Constitucional el anteproyecto, en el caso de que sea aprobado tal y como está ahora. Y eso, a pesar de que Antonio Calcines informó que, en opinión de la Federación, sí hay algunos puntos que son inconstitucionales, ya que no tratan por igual a todos los ciudadanos.

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