Canarias se planta ante la ley que permite despedir a 29.500 laborales

HARIDIAN DEL PINO
SANTA CRUZ DE TENERIFE El Gobierno de Canarias lo tiene claro: no va a prescindir de ninguna de las 29.500 personas que trabajan como personal laboral en la administración pública. "Esta comunidad autónoma se opone frontalmente a la política estatal de destruir empleo público y consideramos que es errónea la idea del Ejecutivo central de adelgazar la administración", aseguró ayer la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Margarita Ramos.

El Ministerio de Empleo ya ha remitido al Ejecutivo canario el borrador del Real Decreto, por el que se regula el despido colectivo del personal laboral fijo en la administración central, autonómica, local y en las empresas públicas, para que presente las alegaciones que considere oportunas.

"Aún estamos analizando el documento pero una de las alegaciones estará relacionada con la reducción del 10% en las transferencias realizadas a las regiones porque creemos que este porcentaje es demasiado bajo para alejar insuficiencia presupuestaria", comentó el director general de la Función Pública del Gobierno canario, Aarón Afonso.
Este borrador, que da continuidad a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y en la que se facilitaba a las empresas la posibilidad de presentar Expedientes de Regulación de Empleo alegando tres trimestres consecutivos de pérdidas, permite a las administraciones públicas argumentar que sus transferencias de capital o subvenciones han disminuido un 10% con respecto al ejercicio anterior para poder realizar los despidos.

"No nos obliga"
"Este reglamento regula el procedimiento pero no obliga a las Comunidades Autónomas a realizar los despidos. No impone que se tenga que prescindir de un determinado colectivo ni tampoco habla de cifras, sólo regula el procedimiento para llevarlo a cabo", apuntó Afonso, quien criticó que el documento no contempla la posibilidad de efectuar suspensiones de contratos o reducciones de jornadas a los trabajadores de las instituciones públicas. Unas medidas que sí permite aplicar a las empresas privadas.

En Canarias hay 29.500 personas contratadas como personal laboral en las administraciones públicas que se podrían ver afectadas por la puesta en marcha de esta medida estatal. Del total de estos trabajadores, 18.258 están empleados en los ayuntamientos y cabildos de las Islas, 7.991 trabajan para la Comunidad Autónoma, 2.266 para el Estado y 991 para las dos universidades canarias.

"El Gobierno canario sigue tratando de hacer todos los esfuerzos para mantener el empleo público y no ha contemplado un escenario de despidos colectivos en el ámbito del personal laboral de la Comunidad Autónoma", manifestó Aarón Afonso, quien recordó que el desempleo en las Islas ya tiene unas tasas muy altas como para llevar a cabo este tipo de medidas. Una postura que fue compartida con la consejera de Empleo, quien afirmó: "Esta medida sólo incrementará la tasa de paro".

Por su parte, el secretario general de UGT-Canarias, Gustavo Santana, también mostró su rechazo frontal al nuevo documento ya que, a su juicio, supone un paso más para desmantelar el sector público e invita a la destrucción masiva de empleo en las Islas. "Es una medida desmesurada que abre la puerta a los despidos masivos, lo que repercutirá de manera muy negativa en las altas tasas de desempleo que ya se registran en el Archipiélago", concluyó Gustavo Santana.