El Gobierno urge a las autonomías a reducir sus empresas públicas

N. VAQUERO / A. MARTÍNEZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE No hay tiempo que perder. El Gobierno central apremia a las autonomías para que metan tijera en su sector público. En Navacerrada, junto al expresidente Aznar y en un acto de la fundación FAES, la vice presidenta Soraya Sáenz de Santamaría emplazó ayer las comunidades a que procedan de inmediato al cierre de empresas dependientes de las administraciones regionales, tal y como, según indicó, ya está haciendo el Ejecutivo de Rajoy con las suyas. "Las administraciones tienen que hacer más con menos. El Gobierno central ha aprobado la desaparición de 80 empresas públicas. Sin embargo, la inmensa mayoría de las 4.000 empresas públicas son autonómicas y, por eso, las comunidades tienen que reproducir el esfuerzo", subrayó la vicepresidenta.
El Gobierno central no se anda con paños calientes y cree insuficientes los tímidos pasos dados por el Ejecutivo de Paulino Rivero para suprimir las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tampoco parece hacer caso a las alertas lanzadas por el presidente Paulino Rivero, quien ha dejado claro que el Archipiélago no puede hacer más esfuerzos "porque se hunde". Rivero apela además al hecho de que Canarias es una de las regiones españolas mejor situadas en cuanto a cumplimiento del déficit.
A finales de pasado mes de enero, el consejero de Economía y Hacienda canario, Javier González Ortiz, presentó una propuesta de recorte de las sociedades mercantiles públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias que ha ido ejecutando de forma tímida ante el rechazo de los 3.000 funcionarios que trabajan para la administración autonómica.
Se trataba de un documento de apenas 12 folios al que tuvo acceso la opinión de tenerife y en el que el equipo del consejero Javier González Ortiz recomendaba al Ejecutivo enajenar los terrenos e inmuebles de Hecansa, desvincularse de 21 sociedades adscritas a la Comunidad Autónoma y reestructurar completamente el funcionamiento de otras 14 para cumplir con el plan de contención del gasto público hasta 2014.
Tanto los contratos-programa de viabilidad de cada empresa como los planes de disolución, liquidación o enajenación de estas sociedades, tendrán que estar suscritos antes del 31 de marzo. González Ortiz esperaba de esta forma reducir los gastos fijos de estos entes públicos en 21,9 millones de euros, bajar la deuda en 44,1 millones y enajenar activos materiales y financieros por un importe cercano a los 50 millones.
El plan de viabilidad incluía una reducción de los gastos de personal que alcanzaba el 15%. Eso suponía el adelgazamiento de las empresas públicas en aproximadamente 400 empleados, pese a que, en los dos últimos años, más de un centenar de trabajadores se han visto afectados por regulaciones de empleo y despidos, como es el caso de Gestión del Medio Rural, el Instituto Tecnológico de Canarias, Gestión Recaudatoria de Canarias o Ideo.
Las medidas se han concretado, por ejemplo, en que Gesplan ha planteado un ERE que incluye el despido de 34 trabajadores. Asimismo, el Gobierno propuso el mes pasado suprimir a 70 de los 170 empleados de Hecansa.