El Gobierno acudirá a los tribunales si percibe subidas de precios ´abusivas´

Advierte a las empresas de que el alza del IGIC no debe ser excusa para castigar a los consumidores

 12:30  
El Gobierno acudirá a los tribunales si percibe subidas de precios ´abusivas´
El Gobierno acudirá a los tribunales si percibe subidas de precios ´abusivas´ 

R. ACOSTA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Gobierno canario vigilará que las subidas de precios que provoque el incremento de los impuestos para evitar situaciones "abusivas" con los consumidores y entablar, si llegara el caso, acciones jurídicas contra las empresas que lo hagan. El portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, aseguró ayer que la incidencia en los precios por el incremento del tipo reducido del IGIC sería de un céntimo por cada euro de subida y de dos céntimos por cada euro en el caso de los artículos gravados con el tipo general. "Si se produjeran incrementos superiores se estaría abusando del consumidor", afirmó Marrero.

Si se produjesen estos posibles "abusos" en el incremento de los precios el Ejecutivo analizaría los casos y adoptaría medidas jurí dicas. Marrero recordó que se está en un régimen de libre mercado, pero si las empresas aumentan los precios de forma excesiva bajo el argumento del incremento de impuestos el Ejecutivo no tendría más remedio que actuar, ya que, en su opinión, la repercusión en la cesta de la compra de la subida fiscal no debería superar el 1,5%.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales que mañana entrará en el Parlamento y se tramitará por la vía de urgencia para que entre en vigor el 1 de julio. La norma contempla la bajada salarial de los empleados públicos y el incremento de impuestos con ciertos retoques y cambios, tras los informes preceptivos de los servicios jurídicos y del Consejo Consultivo.


Jubilaciones y comercios
Los dos principales cambios introducidos por el Ejecutivo en el proyecto de ley se refieren a la jubilación forzosa y al impuesto sobre las grandes superficies comerciales. En el primer caso, el Gobierno fija la edad de jubilación de los empleados públicos en los 65 años con carácter general, aunque se puede prolongar excepcionalmente en el caso de que la continuidad del trabajador sea imprescindible para la prestación de un servicio. En el anteproyecto de ley el Ejecutivo imponía la jubilación forzosa incluso a los que ya se les había aprobado la prolongación del servicio activo.

En referencia al gravamen de las grandes superficies, Hacienda se ha visto obligada a mejorar la argumentación para justificar el impuesto, dejando claro que se trata de un tributo de carácter estrictamente medioambiental y que no tiene fines recaudatorios. De esta forma, se intenta corregir los reparos de los servicios jurídicos y del Consejo Consultivo, que habían advertido de sus dudas legales y constitucionales sobre la nueva figura impositiva, recurrida al Tribunal Constitucional en otras comunidades autónomas.

Marrero advirtió de que cualquier cambio del proyecto que pueda producirse en el trámite parlamentario debe cumplir con la premisa de que hay que llenar "el agujero" de 817 millones de euros provocado por los recortes procedentes del Estado. El Ejecutivo ajusta las previsiones de ingresos por la subida de impuestos en 257 millones de euros, mientras que los ajustes del gasto públicos supondrán eliminar 560 millones del presupuesto autonómico que entró en vigor en enero. Marrero reiteró que todas las medidas son temporales.

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