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Gobierno y sindicatos, a la gresca

Los representantes laborales acusan al Ejecutivo de negar cifras contables sobre los recortes

 01:51  

NAIMA PÉREZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Las relaciones entre el Gobierno y los sindicatos se encuentran en punto muerto, tras la ruptura de la negociación sobre los ajustes públicos que el Ejecutivo quiere aplicar a la masa total de empleados públicos para alcanzar este año el objetivo del déficit público del 1,5% y que se traduce, como medida más dura, en la rebaja salarial de un 5% para este 2012 . Sin embargo, tal reducción será aún más abultada, ya que la medida se pondrá en marcha a mitad de año, con lo que los empleados públicos tendrán que hacer un mayor sacrificio en estos meses que restan de año y verán descontados de sus nóminas a partir de julio el 10% de sus ingresos.
Los representantes sindicales en la Mesa General de Empleados Públicos concretaron el pasado viernes nuevas medidas de protesta. Rafael Rodríguez, de Intersindical Canaria, informó de que probablemente se convoque un referéndum con varias propuestas entre los trabajadores para conocer "hasta dónde están dispuestos a llegar". En principio, no se baraja la huelga indefinida, pero "sí otras iniciativas, como más concentraciones, manifestaciones o denuncias judiciales, que pongan en evidencia la mala gestión del Gobierno". Rodríguez considera que lo más importante son los trabajadores y que la lucha actual por sus derechos es ya un asunto de "dignidad".
A la protesta de los empleados públicos autonómicos se suma hoy la jornada convocada por CCOO en todo el ámbito nacional para los funcionarios de las administraciones locales. El sindicato denuncia que los planes de ajuste elaborados dentro del plan de pago a proveedores están siendo utilizados por "numerosos alcaldes", junto con la reforma laboral, para "saltarse los convenios colectivos y la negociación colectiva", informó el sindicato en un comunicado.
Mientras tanto, la negociación en la Mesa de Empleados Públicos se rompió el miércoles, entre otros motivos y según los sindicatos, porque los representantes de la Administración no llevaron los detalles de los datos contables, "los números concretos". "Seguimos viendo ciertos privilegios de la clase política", criticó el representante de Intersindical.
En la misma línea se manifestó Javier Godoy, de CCOO. Éste lamenta que el Gobierno "se niegue a debatir con nosotros los datos sobre cómo mejorar los ingresos de la Comunidad Autónoma", de forma que no tenga que recurrirse a la rebaja salarial de los 62.000 empleados públicos de Canarias.
De hecho, los sindicatos han aportado diversos documentos con medidas alternativas, que permitan al Gobierno aumentar su recaudación mediante el ahorro en el gasto en otras políticas. Muchas de las ideas de los sindicatos, según el Ejecutivo, son inviables o no competen al marco de la negociación.
La reducción o suspensión temporal de los beneficios fiscales de la RIC; la supresión de una serie de organismos públicos cuyas funciones pueden desempeñar otras organizaciones en el ámbito estatal (Diputado del Común, Audiencia de Cuentas o Consejo Consultivo, entre otros); la rebaja de los emolumentos que reciben los altos cargos al margen de sus salarios para dietas o desplazamientos; la eliminación de los asesores de los altos cargos; o la supresión de gastos que se consideran superfluos, como el de las campañas institucionales, publicidad y atenciones protocolarias, entre otros, son algunas de las propuestas formuladas por los sindicatos y que en su conjunto supondrían un ahorro, según los cálculos sindicales, de unos 1.000 millones. "Ya está bien de campañitas en las que nos repiten que somos siete islas sobre un mismo mar, ¿es que aún hay algún canario que no lo sepa?", criticó Godoy.
A los argumentos esgrimidos por los sindicatos se suma el dictamen del Consejo Económico y Social sobre el anteproyecto de ley de Medidas Administrativas y Fiscales, la norma legal que recoge la polémica medida de la rebaja salarial.
Sobre ella, el CES manifiesta su "preocupación y sorpresa, ya que al usar la vía del Anteproyecto de Ley se aleja el proceso de discusión y consenso de las instancias de representación del personal al servicio de la Administración". Además, añade el dictamen que este tipo de proceder, "aparte de ser de dudosa legalidad, imposibilita extender el necesario consenso al proceso de reforma y modernización de la Administración".
Desde el Gobierno se lamenta la ruptura de las negociaciones y se invita a los sindicatos a retomar las vías del diálogo.

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