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Un siglo de política insular

La Ley de Cabildos celebra este año su centenario

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Un siglo de política insular
Un siglo de política insular 

NAIMA PÉREZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE
En Canarias pronunciar el término cabildo no da lugar a dudas. Es la institución pública que representa a cada isla y que se adentra ya en su primer centenario de creación. Con el paso de los años, especialmente desde la llegada de la democracia, los cabildos han ido haciéndose poco a poco con un mayor número de competencias en cada uno de los territorios insulares en que el Archipiélago tiene entidad jurídico-administrativa.
Sin embargo, esa acepción aparece en décimo lugar en una rápida búsqueda online en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Para esta institución lingüística, un cabildo es, en primer lugar "el cuerpo o comunidad de eclesiásticos capitulares de una iglesia catedral o colegial". La tercera de sus acepciones es la de "ayuntamiento", precisamente la que en el Antiguo Régimen, antes de la llegada del Liberalismo (1812), se daba a los concejos. "En Canarias se hablaba de Concejo Insular porque hasta las Cortes de Cádiz sólo había un ayuntamiento por isla", explica Manuel Hernández, profesor de Historia de América de la ULL. En el caso de Tenerife, ese ayuntamiento era La Laguna.
El nacimiento de los cabildos insulares tuvo una motivación vinculada a la capitalidad, apunta Hernández. "Gran Canaria no aceptaba que la capitalidad de Canarias estuviera en Santa Cruz de Tenerife, por lo que planteó que las funciones de las diputaciones provinciales antiguas €cuando Canarias era una sola provincia€ pasasen a los cabildos insulares", añade. De hecho, tras la aprobación de la Ley de Cabildos en julio de 1912, la Diputación Provincial de Canarias mantiene su sede en Santa Cruz, hasta 1927 en que se produce la división provincial del Archipiélago.
Estas nuevas instituciones se toparon con el problema de la falta de fondos, ya que las diputaciones provinciales en España tenían muy poca capacidad financiera en un país muy centralista, y menos aún en Canarias, donde el territorio estaba dividido en siete islas.
El encargo
Es el Gobierno de José Canalejas el que encarga al ministro Trinitario Ruiz Valarino, "que dimitiría pocos días después del encargo", la elaboración de la Ley sobre Organización Administrativa y Representación en Cortes de las Islas Canarias, que pondría en marcha los cabildos como gobiernos de cada isla. La precipitada dimisión de Valarino dejó la defensa del texto legal en las Cortes en manos del palmero Pedro Pérez Díaz, letrado y oficial del Consejo de Estado, que elaboró el famoso folleto de 1910 titulado El problema canario.
En su libro Historia del Cabildo Insular de Tenerife (1913-1988), Alejandro Cionarescu explica que una vez aprobada y promulgada la Ley de Cabildos, su aplicación sufrió un retraso importante. "Hacía falta esperar la aprobación del reglamento que debía regir las actividades de las nuevas corporaciones. Luego se aplazó la constitución de las mismas para dar tiempo a la instalación de los delegados del Gobierno en las islas menores y a las elecciones que iban a celebrarse para la Diputación Provincial".
En los años y décadas posteriores a 1927, los cabildos seguían teniendo el mismo problema económico. "En los años 50 no tenían dónde caerse muertos", asegura Manuel Hernández, quien apunta que el verdadero impulso de estas corporaciones ha llegado siempre con las mejoras de financiación. De nada servía el poder político si no había dinero.
Llegaron entonces los años 70 y se produjo un hecho decisivo en la historia de los cabildos, según explica el profesor de la ULL: la aprobación de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) en 1973. Con este texto legal se creó la Junta Interinsular de Arbitrios Insulares (JIAI), un órgano que recaudaba los impuestos especiales gravados a determinados productos importados, una competencia que le confería a las Islas el REF y que establecía el territorio canario como Puerto Franco. Esto supuso un salto económico importante para los cabildos, destinatarios de esas tasas cobradas por la JIAI hasta la llegada de las autonomías, momento en que ese dinero recaudado pasa a la Comunidad Autónoma. En ese año, en 1982, las corporaciones insulares pierden peso económico, pero asumen algunas competencias que les traspasa el Gobierno, como el control del medio ambiente y el territorio, entre otras.
Los cabildos se han erigido hoy en locomotoras del desarrollo de las Islas, ya que han permitido el desarrollo de obras e infraestructuras públicas importantes.
Además, han sido modelo para otras administraciones similares, como los consejos insulares de Baleares, que no se crearon hasta la llegada de la democracia. Sin embargo, la estructura y relación entre los consejos es más dispar que en Canarias, debido a la importante hegemonía de Mallorca frente a las demás islas.

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