Las infracciones urbanísticas caen a la mitad en tres años en las Islas

La mayoría de los expedientes que abre el Ejecutivo autónomo son por construir sin permiso

 03:00  

NAIMA PÉREZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los expedientes abiertos por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) de Canarias, el órgano responsable de velar por la legalidad de la ordenación medioambiental, territorial y urbanística en las Islas, han caído a la mitad desde el inicio de la crisis, en 2008, en lo que a infracciones constructivas se refiere. Si en 2008 la Apmun abrió 1.017 sumarios en este apartado de obras sin títulos habilitantes, es decir, aquellas que se inician sin los permisos correspondientes, a finales de noviembre de 2011 (últimos datos publicados) fueron 543, casi la mitad.
La causa no es otra que la caída de la actividad económica vinculada a la construcción, lo que provoca que haya menos opciones de cometer irregularidades. Pero también se suma a esta rebaja la acción conjunta de los distintos escalones de la Administración pública del Archipiélago en pro de una conciencia global por el respeto al medio. "La colaboración de las instituciones ha impulsado que la ciudadanía corrija ciertos comportamientos erróneos sobre el territorio", afirma el director de la Apmun, Emiliano Coello.
El auge del sector inmobiliario y de la construcción, con especial incidencia en Canarias, se produjo a raíz de la liberalización de las leyes del suelo, a partir de 1996, lo que provocó una bajada generalizada de los tipos de interés. Eso dio lugar a que las Islas, con una economía centrada en el turismo y la construcción, crecieran en 10 años lo que tenían que haber crecido en 50, según sostiene el Gobierno regional.
Los efectos de ese incremento desmedido pueden verse, entre otros ámbitos, en la apertura de expedientes por diferentes actuaciones contra el territorio, que llevan aparejada en muchos casos la aplicación de sanciones por parte de la Agencia. Por ejemplo, durante el año 2011 se impusieron unos 12 millones de euros en multas.
Las responsabilidades de este organismo tienen que ver con una labor inspectora, la instrucción de expedientes y la potestad sancionadora por infracción de la legislación en materia de costas, montes, ruido, residuos, envases, organismos genéticamente modificados, conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos, prevención y control integrados de la contaminación, evaluación de impacto y cetáceos.
Un poco más numerosos que los expedientes por irregularidades constructivas son los de residuos, con 1.301 casos abiertos por la Apmun en 2011. En total, desde el inicio de la actividad de la Agencia en 1999, pionera en España, se han levantado 15.050 expedientes por residuos y 14.363 por actividades constructivas. Le siguen las no constructivas (movimientos de tierra, por ejemplo), con 304 casos, y ya más de lejos los expedientes contra la Ley de Costas o los vertidos al mar.
En estos tiempos, la Apmun, con un presupuesto para este 2012 de 9 millones de euros, se ha marcado dos grandes objetivos: por un lado, profundizar en la cultura del respeto al medio y la prevención de atentados contra el territorio, en coordinación con ayuntamientos y cabildos; y por otro, la aplicación de las nuevas tecnologías de la información al territorio.
Sobre este último aspecto, la Agencia, a través de Grafcan (Cartográfica de Canarias), se ha marcado el objetivo de la detección temprana de infracciones en el territorio. Esa labor se lleva a cabo a través del sensor láser Lidar, con el que se sobrevuela el Archipiélago para descubrir esos posibles cambios sobre el terreno. Otro de los últimos avances es el proyecto Sigestein, en colaboración con Azores, una plataforma que permite la colaboración con otras entidades públicas y ciudadanas para el intercambio de información.
Estas y otras nuevas tecnologías al servicio del territorio se convierten en "instrumentos contra la especulación", según ha defendido el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero. Sin embargo, éste reconoce también que la "maquinaria administrativa" en el Archipiélago es aún muy lenta y compleja para responder al ciudadano con mayor rapidez a los problemas vinculados al territorio. "La mejor forma de luchar contra la vulneración de la legalidad es facilitando los trámites a los ciudadanos", manifestó Rivero en unas jornadas organizadas por la Apmun el pasado 26 de abril en Tenerife.

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