Canarias debe 2.000 millones a empresas isleñas

JULIO GUTIÉRREZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE La nueva herramienta que aprobará el próximo viernes el Consejo de Ministros para agilizar el pago a los proveedores servirá para reducir los más de 2.000 millones de euros que las administraciones públicas canarias adeudan a empresas y autónomos. El sector de la construcción, con 1.145 millones de euros, y los trabajadores autónomos, con otros 516 millones, son los más afectados en el Archipiélago por los retrasos en los pagos.

La medida, adelantada la semana pasada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, abandona la línea que había anunciado a principios de este mismo mes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de abrir una nueva línea de 10.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El objetivo del Ejecutivo central es ahora más ambicioso, ya que pretende poner en manos de las administraciones públicas una cantidad entre cuatro y cinco veces superior a la indicada por Sáenz de Santamaría. Según cálculos del profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco Hernández, la cantidad que el Gobierno central avalaría con la nueva herramienta disponible a partir de la próxima semana se sitúa "entre 40.000 y 50.000 millones de euros".

"Hay que leer la letra pequeña", afirmó ayer el alcalde de Agüimes, Antonio Morales. El regidor se refería con ello al impacto que podría tener la medida sobre la deuda global de ayuntamientos y cabildos.

Sin embargo, según el profesor Hernández, no se producirá un incremento porque las cantidades que van a cobrar los proveedores "ya están contabilizadas en los presupuestos públicos".

El plan de Montoro se articula como "una emisión de deuda en los mercados financieros que asumirán las comunidades autónomas y las entidades locales", afirmó Hernández. El Estado será el avalista de dicha emisión de deuda a través del ICO frente a las entidades bancarias que participarán en la puesta en marcha de la medida.

De ese modo, los proveedores podrán acudir a los bancos a redescontar las cantidades que les adeudan las entidades locales y regionales y estas dejarán de tener acreedores y deberán devolver las cantidades a los inversores, es decir, las entidades financieras que conformarán el consorcio bancario.