El Gobierno prepara una ´avalancha de recursos´ contra las catas petrolíferas

D. E. TORRES
SANTA CRUZ DE TENERIFE No habrá tregua y el camino son los tribunales. Fuentes del Ejecutivo regional adelantaron ayer que se presentará "una avalancha" de recursos contra las actuaciones que lleve a cabo el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para impulsar de nuevo las prospecciones de hidrocarburos en las aguas del Archipiélago. Habrá, señalan fuentes del Gobierno de Canarias, recursos tanto ante los órganos ordinarios de justicia como ante el Tribunal Constitucional.
Esgrime para ello que la única entidad competente en el ámbito territorial de Canarias para autorizar los trabajos de exploración, investigación y las concesiones de explotación es la Comunidad Autónoma. Pero también se apuntan deficiencias en la fórmula que pretende utilizar Madrid para dar el visto bueno a la petrolera Repsol.
No basta, se apunta, con la convalidación de un real decreto que fue redactado en 2001, por lo que el procedimiento debería volver a su inicio. Han pasado 10 años y para el Gobierno de Ca narias "rescatar un expediente después de tanto tiempo parece una falta de respecto a los canarios y al Derecho y no parece esté revestido de buena fe", subrayó el portavoz del Ejecutivo Martín Marrero al término de Consejo de Gobierno en el que se aprobó una declaración institucional al respecto.
"El Gobierno de Canarias no desmayará", señala la declaración, "en el cumplimiento de la obligación de defender su marco institucional y, en particular, la integridad de las competencias estatutarias". En tal sentido, sigue, "se propone recurrir a todas a todas las medidas que sean legalmente procedentes para que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo asuma el orden competencial establecido".
La diferencia con el Estado, que se arroga la competencia en exclusiva cuando las prospecciones tengan como escenario el subsuelo marino, llevó al Gobierno regional a recurrir ante el Constitucional en abril de 2008 la Ley de Hidrocarburos de 2007, que modifica la de 1998.
La norma da potestad a las comunidades autónomas para otorgar las autorizaciones de exploración y los permisos de investigación siempre que los supuestos yacimientos se encuentren sobre tierra.
El Ejecutivo regional argumenta, por contra, y lo hizo igual en el recurso de inconstitucionalidad, que el espacio marítimo adyacente a las Islas forman parte de su territorio, en conformidad con el Estatuto de Autonomía, y por ende gestionar la explotación de sus recursos corresponde la Comunidad Autónoma.
Este argumento, entienden las mismas fuentes, se ha visto reforzado desde que en diciembre de 2010 las Cortes Generales aprobaron la Ley de Aguas de Canarias. Las aguas canarias serían las comprendidas, según la norma, "dentro del contorno perimetral de las islas e islotes" que forman el Archipiélago.
El mapa del espacio territorial de Canarias que acompaña la norma del mar canario, sin embargo, traza la frontera pegada a la línea litoral de Punta de El Matorral en Fuerteventura y la Entallada en Lanzarote.
Medio ambiente
La declaración institucional aprobada ayer en el Consejo hace especial hincapié en la preocupación del Gobierno por la preservación del entorno medioambiental del Archipiélago "único pero frágil y vulnerable a la acción de las agresiones exteriores y por eso mismo objeto de la protección de la Comunidad Autónoma, del propio Estado y de las instituciones internacionales". En ea línea, el Ejecutivo subraya que "cualquier actuación en el campo de la exploración de hidrocarburos ha de pasar por un detallado estudio de sus repercusiones medioambientales y la adopción de la medidas correctoras pertinentes". Se recuerda que la carencia de una adecuada protección llevó al Tribunal Supremo en 2004 a anular el permiso a Repsol.