Canarias trabaja por los derechos de los discapacitados

LA OPINIÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE La Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación se pone en marcha en Canarias en 1995. Han transcurrido 16 años, un tiempo más que razonable de funcionamiento, un tiempo que, en opinión de la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, "exige un análisis profundo sobre su función y el cumplimiento de sus objetivos pero, sobre todo, exige una reflexión sobre qué hacer para mejorar esta Ley y adaptarla a las nuevas necesidades de las personas con discapacidad".

La Ley de Accesibilidad supuso un claro avance para la integración de las personas con discapacidad, ya que exigía la puesta en marcha de un conjunto de acciones dirigido a la eliminación de las barreras, tanto físicas como de la comunicación, que impedían a las personas con discapacidad estar en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

Pero la aplicación de esta ley tuvo que ser complementada con políticas integradoras, políticas de impulso a la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades para las personas con discapacidad. "De hecho, si analizamos la aplicación de la Ley, podemos estar orgullosos porque se han ido cumpliendo sus objetivos, sin embargo, ahora estamos en otro momento, el momento de hacer un análisis de su grado de cumplimiento, no solo desde el área de Servicios Sociales, sino en el conjunto de las administraciones públicas, y en esa dirección es en la que estamos trabajando con un nuevo anteproyecto de ley", aclara la consejera.

"El fin es garantizar la igualdad de oportunidades, facilitando que todas las personas de este colectivo accedan no solo a bienes y servicios sino sobre todo a derechos, superando así el mero concepto de barrera física", explica Rojas.

El Gobierno canario se encuentra trabajando en esta línea. De hecho, en el seno del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras, a iniciativa del Gobierno, se ha elaborado un borrador de conclusiones del anteproyecto de ley que cuenta con una amplia participación del movimiento asociativo.

Rojas recuerda que muchos de los preceptos de este nuevo concepto ya están incluidos en los planes y legislación de la comunidad autónoma, "como es el caso del Plan de Vivienda de Canarias, en el que se contempla el impulso del concepto de vivienda sostenible y accesible, de forma que las viviendas que se construyan o se rehabiliten cumplan los estándares más avanzados en cuanto a diseño y calidad".

"Igualmente", aclara la consejera, "el decreto por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública, las conocidas viviendas sociales, incluye además del cupo general, otros cupos específicos para colectivos en dificultad social entre los que se encuentran las personas con movilidad reducida".

Ley de Dependencia

Otro elemento que Inés Rojas destacó en su intervención es que "la Ley de Dependencia, fue una ley que se elaboró pensando en las personas mayores que iban perdiendo autonomía, y obvió la necesaria evolución de las personas con discapacidad hacía la autonomía personal, hacia la integración e inserción en todos los aspectos de la vida: el social, educativo, el cultural, el económico e incluso el laboral, este último aspecto demandado siempre por el colectivo y el asociacionismo de las personas con discapacidad".

Aunque la ley incorpora en su título de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, no creo que ni en su articulado ni en la normativa que lo desarrolle se sustente una política de promoción de la autonomía personal de las personas mayores y mucho menos de las personas con discapacidad. "Las persona con discapacidad quieren ser independientes y no dependientes" insistió la consejera.

Más de 1.000 empleados con discapacidad trabajan en _Centros Especiales de Empleo

En este sentido, es de destacar el esfuerzo que se realiza también desde distintas áreas de la Administración, como en el área de Empleo. Según explica Rojas, "motiva a las academias de formación, tanto para personas desempleadas o para la formación ocupacional continua, para que sean accesibles mediante puntuación a la hora acceder a las subvenciones del Servicio Canario de Empleo".

"Además, durante el pasado año, el Servicio Canario de Empleo apoyó con 65 millones de euros los 65 Centros Especiales de Empleo distribuidos por todo el Archipiélago, donde trabajan 1.156 personas en un empleo apoyado".

El Gobierno de Canarias también contribuye económicamente a la creación de unidades de apoyo, equipos de profesionales que permiten superar las barreras o dificultades del trabajador en su incorporación al puesto de trabajo, y desde el servicio público de empleo se dispone de una línea de subvención para el fomento del empleo de personas con discapacidad destinada específicamente a la empresa privada.
"De esta manera, desde la administración pública se contribuye a dar cumplimiento de lo que anteriormente señalé como el tercer eje en la contratación de personas con discapacidad y es que la Ley obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a incorporar un 2% de su plantilla a personas con este perfil", agrega Rojas.

Las ayudas para la contratación indefinida ascienden a 3.907 euros por contrato realizado a jornada completa y la parte proporcional si se trata de un contrato a tiempo parcial. Por otro lado, también existe una subvención para la adaptación del puesto de trabajo o la dotación de medios de protección personal que alcanza los 900 euros. Además, las empresas pueden lograr la deducción íntegra del impuesto de Sociedades por la cantidad de 6.000 euros por persona y año siempre que incremente el promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad.

Integración social

El Gobierno de Canarias también contempla una serie de medidas dirigidas a facilitar la integración social de este colectivo. En este sentido, Rojas indica que el pasado año se concedieron un total de 2.058 pensiones no contributivas por invalidez, en las que el grado de discapacidad severo es determinante para alcanzar la condición de beneficiario, por lo que, en la actualidad, un total de 28.000 personas con discapacidad reciben este tipo de pensiones.

Cabe destacar que en la adjudicación de la Prestación Canaria de Inserción, instrumento de integración sociolaboral muy importante, sin constituir el grado de discapacidad reconocido el factor determinante, sí forma parte del baremo que se aplica en la evaluación del expediente de otorgamiento.

De igual forma, unidades especializadas emiten los informes vinculantes en mayor o menor grado en orden a la concesión de vivienda, en el acceso a la Función Pública o la configuración del preceptivo cupo de personas con discapacidad a efectos laborales y empresariales.

También cabe destacar como factor importante de integración el Gobierno tramita la tarjeta especial de Estacionamiento para personas discapacitadas, con una gran demanda, que en 2010, a falta de datos concretos de 2011, se tradujo en la concesión de 875 tarjetas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 920 en Gran Canaria.

"En definitiva, se trata de un conjunto de actuaciones que tienen un objetivo muy definido: lograr la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, algo que sin duda, se encuentra con muchas dificultades y obstáculos en el camino, lo que exige de nuestra parte, de parte de todos, un mayor esfuerzo, porque no debemos olvidar que la medida de la dificultad lo que mide de verdad es la medida de la capacidad de cada uno de nosotros", afirma Rojas.