El Supremo tardará un año en decidir si abre el juicio

DANIEL MILLET
SANTA CRUZ DE TENERIFE Todavía queda caso Las Teresitas para rato. Abogados de las defensas de los 13 imputados en la causa y de las acusaciones particulares consultados por este diario calculan que no se sabrá si habrá juicio hasta dentro de al menos un año. Es tal el volumen de información contenida en los tochos del sumario –más de 70.000 folios– que la magistrada instructora del caso, Carla Bellini, ha dado hasta cinco meses a las partes para presentar los recursos que consideren oportunos. Y habrá recursos, tal y como ha adelantado Justicia y Sociedad, que forma parte de la acusación particular, contra el archivo de las acusaciones de cohecho. Otro retraso asegurado en unas diligencias que comenzaron hace cinco años.
Después de la apertura del sumario, el pasado 2 de diciembre –al retirar Bellini las acusaciones de soborno al exalcalde Miguel Zerolo, los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, y los exediles Emilio Fresco, José Luis Martín (PSC), José Emilio García Gómez (PP) y Manuel Parejo (CC)–, el siguiente paso será el traslado de la causa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al Tribunal Supremo (TS). La razón es la elección de uno de los imputados, Zerolo, como senador, lo que le otorga el derecho de aforado, privilegio que se concede a los representantes públicos por el que solo pueden ser juzgados por el máximo tribunal.
El exalcalde asumió el pasado 19 de julio mediante un poder notarial los derechos y deberes de los aforados. Acababa de ser elegido representante de la Comunidad Autónomo en la Cámara Alta con los 21 votos de CC en el Parlamento de Canarias. El paréntesis de las elecciones nacionales hará que hasta al menos la próxima semana, Zerolo no recupere su condición, a la espera de que se vuelva a constituir la Cámara Alta.
Una vez llegue al Supremo, el alto tribunal elegirá por sorteo al magistrado instructor. Será este quien revise toda la documentación, quien decida sobre los recursos de defensa y acusación, quien lleve las diligencias que se puedan practicar durante esta fase –las partes están todavía a tiempo de solicitarlas– y quien finalmente adopte la decisión de archivar la causa o en caso contrario abrir el juicio.
Es posible que la Fiscalía del TS delegue en María Farnés, la mujer que ha llevado las riendas de la acusación pública desde que elevara su denuncia al TSJC el 19 de diciembre de 2006. Su elección es catalogada de "lógica" por las fuentes consultadas al ser la que tiene un mayor conocimiento de los indicios de delitos existentes. Estas fuentes precisan que el hecho de que la causa haya pasado a la mayor instancia judicial en España no va a ser un factor influyente salvo que producirá un nuevo retraso en la resolución.
Algunos juristas consideran, no obstante, que el Supremo "es más garantista", pero no ven en ello la razón por la que Carla Bellini retiró los cargos de cohecho. Matizan que lo hizo sencillamente porque la propia fiscal concluyó el pasado 22 de noviembre lo siguiente: "Pese a lo manifestado [en los informes policiales], dado el largo periodo de tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos, la complejidad de la investigación, la existencia de fondos en paraísos fiscales y la envergadura del entramado societario de alguno de los imputados, no se ha logrado acreditar de una manera cierta e inequívoca, tal como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la existencia de indicios que permitan sustentar de una manera fehaciente que los incrementos patrimoniales de los imputados hayan sido entregados por los socios de Inversiones Las Teresitas, Ignacio González y Antonio Plasencia".
La clave de la falta de "indicios inequívocos" de que se pagaran comisiones, según subrayan los letrados de la acusación particular, está en un dato revelador. Las investigaciones policiales y de la Agencia Tributaria se iniciaron cinco años después del hecho central del caso Las Teresitas: la compra por parte del Ayuntamiento de los terrenos del frente de playa por 8.750 millones de pesetas a Inversiones Las Teresitas, cuando hasta tres informes internos rebajaban el valor a 3.200, 2.835 y 1.100 millones de pesetas.
Farnés también archivó la acusación de asociación ilícita, si bien mantiene la de prevaricación (autoridad o funcionario que a sabiendas de su injusticia dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo) y malversación de fondos públicos (utilización indebida de caudales ajenos, sobre todo si pertenecen al erario público) contra 13 personas, entre políticos, empresarios y funcionarios.
La fiscal contra los delitos económicos todavía tiene que realizar el escrito de acusación, el paso previo para que el magistrado instructor del Supremo se decante por archivar o dar continuidad al proceso. De ir a juicio, el instructor quedaría apartado y el Supremo tendría que elegir a tres magistrados para dirigir el proceso final.