Baile de cifras entre el Ejecutivo y los sindicatos

YLENIA LORENZO
SANTA CRUZ DE TENERIFE Comisiones Obreras (CCOO), el Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), el Sindicato Profesional de Médicos (CESM), el de Enfermería (Satse Canarias) y el de los empleados públicos (Sepca) recorrieron ayer por la tarde las calles de Santa Cruz como colofón a la jornada de huelga convocada para ayer. El objetivo de las organizaciones era luchar contra los recortes del Gobierno autónomo, que implicarán, entre otras consecuencias, y según las organizaciones, el despido de casi 2.000 trabajadores de la sanidad pública. La huelga para las agrupaciones fue un "éxito", con una participación "del 80%", mientras que para la Consejería solo fue seguida por el 8,21%.

La movilización de ayer no paralizó los servicios básicos para los pacientes, aunque la mayor incidencia de la huelga se dio entre los médicos. No obstante, casi 2.000 personas, según los sindicatos, protestaron frente las puertas de los hospitales canarios ante el recorte de 50 millones en personal. Una de las portavoces de Satse, Ramona Mendoza, reconoció que la iniciativa fue bastante limitada, pero se debió a que el Ejecutivo convocó unos servicios mínimos "abusivos".

Las cuatro organizaciones denunciaron que, según la legislación española en caso de huelga, el Gobierno canario tuvo que dejar "al 100% de la plantilla o contratar a más personal" en determinados departamentos, "como en el Hospital de La Palma", para cumplir con eficiencia los servicios básicos para la población. "Han salido a la calle los que han podido, pero el sentimiento de los trabajadores está ahí", agregó Mendoza.

Como aviso, unas 3.000 personas (de acuerdo con la Policía Nacional) o 5.000 (según los trabajadores) alzaron sus voces para exigir al Ejecutivo "un derecho fundamental [la sanidad pública] y que no termine como un negocio", subrayó el secretario general de CCOO, José Tapia. Si no se para el tijeretazo que arremete contra la salud, "el futuro es muy negro", añadió.

El portavoz del Satse, José Manuel Llada, reivindicó que la administración "de momento, no da señales". El problema es que, mientras tengan la intención de despedir a "2.000 trabajadores, no nos dejan salidas". Llada indicó que la consecuencia de que esas personas se queden en la calle es "la depreciación de la sanidad canaria; la asistencia no va a ser la misma y los pacientes lo van a notar en las listas de espera, como ejemplo". Por su parte, el vicesecretario del CESM, Levy Cabrera, reprochó que la sanidad, al ser pública, "es de la sociedad", por lo que la Consejería "debe renegociar el presupuesto".

Ante esta situación, han puesto un plazo límite para que el Gobierno entre en acción: "El 12 de diciembre". Por su parte, el secretario general de la Federación Estatal de Sanidad y el Sector Sociosanitario de CCOO, Antonio Cabrera, criticó que los servicios mínimos de ayer "fueron abusivos porque mantuvieron al 100% de la plantilla y, en muchos casos, han impedido el derecho a la huelga".

Pero las personas que se manifestaron por la tarde no solo eran trabajadores, sino que también había universitarios y, simplemente, usuarios del servicio público. Todos, entre pancartas y lemas, como el que pedía la dimisión de la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, caminaron hasta plantarse enfrente de Presidencia, que estuvo resguardada por unos ocho policías nacionales, y, como colofón, gritaron: "El pueblo, unido, jamás será vencido".