El pacto que no fue

NAIMA PÉREZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE Se comentaba hace algunos días en diferentes círculos políticos, sobre todo a raíz de que el presidente de los populares canarios, José Manuel Soria, desvelara su existencia: el documento firmado la noche electoral entre los cabeza de lista al Cabildo de Tenerife por el PP y el PSC, Antonio Alarcó y Aurelio Abreu, respectiva- mente, para la conformación de un pacto de gobierno que dejara en la oposición a Coalición Canaria, liderada por el presidente en funciones, Ricardo Melchior.

El anuncio fue utilizado por los nacionalistas para arremeter contra el PP y su "intoxicación" por sus "ansias de poder", mientras que el propio Alarcó mantenía un silencio inicial, al igual que su deseado socio Aurelio Abreu.

Lo cierto es que ese texto existe y, aunque no especificaba un reparto concreto de áreas entre socialistas y populares, sí dejaba claros dos compromisos relevantes: el primero, que los representantes de ambos partidos conformarían un "único y cohesionado equipo de gobierno" y, el segundo, el apoyo "sin fisuras a la investidura del representante del Partido Popular en la corporación como presidente del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife".

El documento, de tres páginas y firmado por Antonio Alarcó y José Antonio Valbuena, éste último consejero electo por el PSC y uno de los mayores defensores del acuerdo con el PP para aprovechar la oportunidad histórica de desalojar a los nacionalistas del Cabildo, expone un breve marco inicial que resume la situación que atraviesa la Isla, marcada especialmente por las "actuales circunstancias económicas y sociales". Asimismo, considera que los representantes públicos deben "aportar al gobierno de la Isla una nueva forma de hacer política, de abrir las instituciones al servicio de los ciudadanos y permitir a la sociedad civil adoptar el liderazgo de futuro que Tenerife necesita".

Ese pacto de estabilidad, como se lo designó en el documento, planteaba una serie de objetivos y varios compromisos. Entre los primeros se establecía que la consistencia institucional que otorgarían ambos partidos al Cabildo debería tener como resultado "el fortalecimiento de las políticas generadoras de desarrollo, empleo y sostenibilidad", un planteamiento en el que todas las formaciones políticas han coincidido, al menos en su declaración de objetivos, dada la situación de crisis global y elevadas tasas de desempleo.

Con ese marco económico, José Antonio Valbuena y Antonio Alarcó se planteaban en ese acuerdo de gobierno que no cristalizó el desarrollo de una "política de austeridad, contención del gasto, racionalización de la inversión y transparencia en el empleo de los recursos públicos". En este sentido, se recogía la "racionalización de las empresas participadas por capital de la institución insular", una iniciativa que finalmente también irá contemplada en el pacto final que el PSC quiere firmar antes del fin de semana con CC.

Otro de los puntos del polémico documento planteaba revisar la planificación insular (Plan Insular), con el fin de reducir "el intervencionismo", así como trasladando al PIOT la necesidad de generar economía en la Isla.

Proponía, asimismo, el impulso de las políticas sociales municipales, con especial atención al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), así como la exigencia a todas las administraciones implicadas de que finalizaran la construcción de los hospitales "de segundo nivel" del Norte y del Sur de Tenerife "para su entrada en funcionamiento durante el presente mandato".

Reuniones no oficiales
Fuentes de la negociación entre socialistas y populares aseguraron estos días que, para el desarrollo de este acuerdo no oficial, ambos dirigentes mantuvieron una serie de encuentros informales, incluso alguno de ellos tuvo lugar antes del 22 de mayo y de conocer los resultados de las urnas. Socialistas y populares andaban en la misma senda para pactar en el Cabildo y el feeling entre Abreu y Alarcó era conocido, entre otras cuestiones porque ambos son senadores.

En esas reuniones estuvieron presentes, además de Alarcó y Abreu, otros integrantes, al menos de la plancha socialista, e incluso se llegó a hablar del reparto global de áreas: cada uno tendría bajo su control cinco consejerías, además de que dos de las cinco vicepresidencias las tendría el PSC. La institución, obviamente, la dirigiría el político popular, al obtener más votos que el socialista.

Con esa oferta en el bolsillo, el PSC tinerfeño acudió, mandatado por Ferraz y por la directriz regional, a pactar el Cabildo tinerfeño con Coalición, con el fin de hacer extensiva su idea de alianza global en Canarias entre ambas fuerzas. La estrategia consistía, según informaron hace días fuentes de la negociación, en exigir tanta cuota de poder a CC que ésta se negara, dejara las manos libres a Abreu y éste recuperara su diálogo con Alarcó. Sin embargo, las demandas socialistas tuvieron respuesta positiva por parte de los nacionalistas de la comisión negociadora: Carlos Alonso, Javier Ortiz y Ricardo Melchior, con lo que el pacto tuvo bandera nacionalsocialista.