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El despido será más barato si la empresa está en pérdidas

El PSOE, que aprobó la medida en solitario en el Congreso, descarta abaratar la rescisión de contratos cuando baja el beneficio

 12:50  
Los miembros de la comisiòn de Trabajo del Congreso que aprobó la reforma.
Los miembros de la comisiòn de Trabajo del Congreso que aprobó la reforma.  / efe

LA OPINIÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados aprobó ayer, sólo con los votos a favor del PSOE, frente al rechazo de PP, ERC-IU-ICV y BNG y las abstenciones de CiU y PNV, el dictamen del proyecto de ley de reforma laboral, tras incorporar una serie de enmiendas que concretan las causas económicas para el despido objetivo (con 20 días de indemnización por año trabajado), que podrá justificarse por pérdidas "actuales o previstas" o la "disminución persistente del nivel de ingresos" en la empresa. El texto, que fue modificado antes de aprobarse, no precisa qué nivel de pérdidas o de caída de ingresos bastan para aplicar este despido más barato, lo que dejará la última decisión en manos de los magistrados, que deberán determinar en cada caso cuándo se cumplen las condiciones previstas en la ley.

La reforma socialista abre la vía a abaratar el despido, desde los 45 días de indemnización por despido improcedente, a los sólo 20 días por causas económicas objetivas, al ampliar los supuestos en que se dan las circunstancias que justifican una compensación económica menor al trabajador despedido.

El PSOE, que tuvo que recurrir al voto ponderado para sacar adelante el dictamen, pactó treinta y tres enmiendas con el resto de grupos y perdió dos votaciones, aunque el balance valorativo de toda la oposición fue muy negativo sobre el texto que ahora se remite al Senado. Allí se debatirá en la semana del 23 de agosto, con vistas a que, si se introducen enmiendas, regrese a la Cámara baja para ser votado en pleno el 9 de septiembre, 20 días antes de la jornada de huelga general convocada por los sindicatos como rechazo a la reforma laboral y al ajuste.

En la recta final de la negociación, el PSOE pactó con el PNV concretar las causas que permitan acogerse al despido objetivo por causas económicas con 20 días de indemnización, introduciendo una prevención que exige que la empresa demuestre que las pérdidas o la caída de ingresos –antes se hablaba de beneficios– "puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo". Asimismo, elimina la alusión a la "falta de liquidez" de la compañía como justificación para abaratar el despido.
El texto aprobado señala además que la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la "razonabilidad" de la decisión de hacer despidos para "preservar o favorecer" su posición competitiva en el mercado. No obstante, mantiene que cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajuste al derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, le corresponderá a él la "carga de la prueba".

El portavoz socialista, Jesús Membrado, se declaró "realmente satisfecho" de la modificación de las causas del despido, ya que el texto deja "claramente garantizado" que los empresarios tendrán que demostrar que el ajuste de plantilla es la única manera de que sus empresas se pueden mantener en pie.

Por absentismo

El Congreso refuerza el papel de los inspectores de la Seguridad Social en los procesos de incapacidad temporal, de manera que podrán emitir un alta médica de forma más rápida que la de los médicos de las mutuas. El objeto de esta medida es "evitar una prolongación innecesaria de las bajas" y, según fuentes socialistas, contribuirá a reducir en un 25% el absentismo de las empresas. Además, se modifican las condiciones que justifican el despido por motivos de absentismo laboral, que la ley mantiene en un límite del 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un período de un año, aunque rebaja el umbral con el que se calcula en relación con la media de la plantilla, que los socialistas aceptaron rebajar ahora del 5% al 2,5%.

El proyecto de ley señala que en seis meses se emprenderá la reforma de la negociación colectiva, pero de acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales, revisando los mecanismos de articulación para adaptarlos a las necesidades de los trabajadores. Además, reclama al Gobierno un plan para recolocar a desempleados de la construcción.

El PSOE aceptó la petición de CiU de reformar la prestación por desempleo para mejorar su vinculación a las políticas activas de empleo cuando el mercado laboral inicie su recuperación. De momento, se permitirá que los excedentes de las cantidades transferidas a las autonomías para el pago de prestaciones puedan ser utilizadas para esas políticas activas de empleo.

Sobre la negociación en empresas, se señala que en las compañías en las que no haya representación legal de los trabajadores, éstos puedan elegir entre negociar a través de una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa elegidos "democráticamente" o mediante una comisión de igual número de componentes designados por los sindicatos más representativos del sector.

El debate se alargó cerca de siete horas. El portavoz del PP, José Ignacio Echániz, denunció el "batiburrillo" en el que el PSOE ha convertido la reforma laboral y en la que es el único grupo de la Cámara que la respalda, por lo que "nace coja y favorece el despido". Por CiU, Carles Campuzano la calificó de "acto fallido y oportunidad perdida", aunque su grupo, dijo, "no ha querido llevar la situación a un callejón sin salida". PP e CiU aprovecharán la mayoría que suman en el Senado para nuevas enmiendas.

Emilio Olabarria, de PNV, indicó que aprobar la reforma sólo por voto ponderado es continuar mal lo que ya "empezó mal", "fruto de un fracaso de los interlocutores sociales". "La capacidad de esta reforma para crear empleo va a ser prácticamente nula", dijo. El PNV se abstuvo "porque las alternativas eran peores". Por IU, Gaspar Llamazares lamentó la "alevosía" del "trámite exprés" que "endurece los recortes a los trabajadores que ya tenía la propuesta inicial", y lamentó que no haya prosperado su propuesta para evitar que el Fogasa financie los despidos improcedentes.

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