Función pública

Multas de 1.500 euros a los funcionarios indisciplinados

La Ley de la Función Pública establece personal de alta dirección para inspeccionar a los empleados

 12:32  
Imagen de una concentración de empleados públicos en contra de los recortes en la Administración.
Imagen de una concentración de empleados públicos en contra de los recortes en la Administración.  / la opinión

Los sindicatos acusan al Ejecutivo regional de someterlos a un férreo control

SALVADOR LACHICA/ACN PRESS
SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Gobierno quiere incluir la figura de la multa dineraria, de hasta 1.500 euros, en el régimen sancionador de la Ley Canaria de la Función Pública, así como la figura del personal de alta dirección, que no tiene por qué ser designado entre los empleados públicos. Estos son dos de los puntos más polémicos del anteproyecto de ley que está elaborando la Consejería de Presidencia que dirige José Miguel Ruano y que concitan el rechazo unánime de los principales sindicatos canarios que representan al empleado público.

Los portavoces del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) coinciden en que la creación de esta figura directiva, "se regula al margen de los funcionarios" y suponen una "especie de control de alta dirección política, lo que se conoce como ´comisarios´, con el fin de someter al funcionario a la política". "El funcionario debe ser libre, los gobiernos vienen y van, y sólo pueden estar sometidos a la ley, pero no a la acción política", afirman desde el Sepca.

El artículo 9.7 del proyecto del Ejecutivo afirma que "el funcionario de carrera que sea designado personal directivo en el ámbito de la Administración Pública canaria a la que pertenezca, se le realizará un contrato de alta dirección y pasará a la situación administrativa de servicios especiales, salvo que el puesto directivo estuviese reservado para funcionario de carrera, en cuyo caso, permanecerá en servicio activo". Además, la "designación de personal laboral fijo como personal directivo conllevará la formalización de un contrato de alta dirección", lo que para los sindicatos supone "una nueva forma de premiar los servicios políticos prestados".

Regimen
En cuanto al otro de los puntos más conflictivos, el de la multa dineraria, se asegura que "un funcionario debe estar sometido a un régimen disciplinario, por supuesto, que conlleve una restricción de empleo y sueldo si ha tenido una infracción grave, ¿pero dónde se ha visto que se le multe, que se le obligue a pagar dinero, si llega tarde a su puesto de trabajo?, eso no pasa ni en la empresa privada". El artículo 99, en su apartado g), instaura la multa "por comisión de falta grave", que "no podrá superar los 500 euros y por falta muy grave será de entre 500 y 1.500 euros".

Para los sindicatos está claro que el Ejecutivo pretende "rebajar los derechos de los funcionarios, incluida una importante merma salarial con fines subjetivos" con la creación de la evaluación por desempeño de la tarea asignada, "que no es nada transparente en los términos en los que se incluye en el anteproyecto". Intersindical Canaria cree que el anteproyecto "es totalmente abusivo, contrario a derecho y pensado para favorecer los intereses de los cargos políticos de la Administración exclusivamente."

Concretamente, al artículo 52 del texto del Ejecutivo asegura que la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual el Gobierno "mide y valora la conducta y comportamiento profesional, la implicación, el rendimiento y el logro de resultados de sus empleados públicos". No obstante, no define el sistema de evaluación del desempeño y se remite a un futuro para establecerlo, si bien afirma que se adecuará "a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos".

Evaluación
"Consideramos intolerable la falta de definición del sistema de evaluación al desempeño y sus desmedidas consecuencias, a la vista de que se utilizará para castigar al funcionario que no sea totalmente sumiso, al extremo de poderse utilizar para cesar a los interinos, no valorar los servicios de los funcionarios de carrera a los efectos de la carrera administrativa y dejar de percibir retribuciones", asegura el sindicato nacionalista.

Desde el Sepca se afirma que "el Gobierno está yendo mucho más allá" del estatuto nacional del Empleado Público aprobado por el Gobierno central y, además, "no da respuesta a los problemas de prevención o precariedad laboral que tiene el sector". Sepca asegura que otro motivo por el que rechazarán el borrador del Ejecutivo regional será el relativo al de funcionarización del personal laboral y su consolidación como fijo, pues la actual redacción "significa una pérdida de derechos laborales adquiridos que no recogen ni siquiera la antigüedad".

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