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El Gobierno abre 212 expedientes por ocupación ilegal de viviendas públicas

No hay ninguna familia que esté en vías de desahucio por el impago del alquiler. El Ejecutivo desembolsó 14 millones de euros en 2009 para subvencionar los abonos

 
Bloques de viviendas sociales en Santa Cruz de Tenerife.
Bloques de viviendas sociales en Santa Cruz de Tenerife.  jonay rodríguez

S.R.B. La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias tiene abiertos en la actualidad 212 expedientes por ocupación ilegal de viviendas públicas. Los investigados son personas que han entrado en las casas por la fuerza para ocuparlas o que han accedido a ellas por otros métodos irregulares, como cesiones ilegales.

Sin embargo, no hay ningún expediente de desahucio por impago del alquiler. La Consejería informó al respecto que las familias que tienen más apuros económicos reciben ayudas. Se trata de una de las medidas que el Gobierno canario puso en marcha con el decreto 135 publicado el 2 de noviembre de 2009, por el que se renovaron las ayudas al alquiler a 510 familias que no podían pagar. Estas subvenciones cubren hasta el 90% del importe del alquiler y nunca pueden superar el 12,5% de los ingresos familiares.

El director del Instituto Canario de la Vivienda, Jerónimo Fregel, informó que el año pasado el Gobierno desembolsó 14 millones de euros para subvencionar los pagos de los alquileres que no pudieron afrontar familias con rentas mínimas. "Esta medida social es única en España", aseguró.

Según la Consejería de Vivienda, un 70% de las familias que optan a este tipo de alquiler pueden residir en una vivienda digna abonando una mensualidad que va de los 2 a los 10 euros, dependiendo del número de dormitorios. El director del Instituto de la Vivienda asegura que Canarias es de las pocas autonomías que construye directamente viviendas para las personas como menos recursos.

En la actualidad, alrededor de 14.000 familias en Canarias residen en una vivienda social en régimen de alquiler pagando una mensualidad que se ajusta a sus particulares condiciones económicas, informa el Gobierno.

En total, la consejería tiene 711 expedientes disciplinarios abiertos, de los que 212 son por ocupación ilegal; 377 por impago de la cuota de la comunidad de vecinos; 122 por desocupación (relativos a viviendas que están en proceso de ser adjudicadas por segunda vez, bien porque nunca fueron ocupadas por los primeros adjudicatarios o porque han sido desalojadas por ocupación ilegal) y catorce por fallecimiento del adjudicatario.
Fregel explicó que la denuncia vecinal es fundamental para detectar situaciones ilegales e iniciar los trámites necesarios para el desahucio. "Hay que tener en cuenta que hay una lista de personas que necesitan vivienda y que sí cumplen los requisitos legales", resaltó el director del Instituto Canario de la Vivienda.

El Gobierno regional también reserva una partida para el mantenimiento y conservación de las viviendas públicas. Se destina a preparar las viviendas que han sido habitadas para poder adjudicarlas por segunda vez. Según los datos facilitados por Jerónimo Fregel, en 2009 se invirtieron 500.000 euros.

46.097 viviendas públicas

En Canarias hay 46.097 viviendas públicas, entre las del Instituto Canario de Vivienda del Gobierno y las de la empresa pública Visocan. De esa cifra, 15.858 son en régimen de alquiler. Por provincias, en las islas orientales hay 23.986 y en las de la provincia tinerfeña, 22.111 viviendas.
En cuanto a las de alquiler, hay más en la provincia de Las Palmas (9.491) que en Santa Cruz de Tenerife (6.387).

El 90% de los inquilinos de San Pío sigue sin pagar los alquileres

Aunque el Gobierno no tiene ningún caso de desahucio por impagos de los alquileres de su parque de vivienda pública, no ocurre lo mismo con algunas casas de protección oficial promovidas por los ayuntamientos. Este es el caso de las 108 viviendas de San Pío, en la capital tinerfeña; un problema enquistado desde hace años que no ha sabido o no ha podido resolver el Ayuntamiento de Santa Cruz. Alrededor del 90% de los inquilinos de estos inmuebles dejaron hace tiempo de pagar el alquiler. El año pasado, la deuda ascendía ya a más de 40.000 euros, sin contar el coste de los desperfectos de las zonas comunes. Los ascensores no funcionan, las ventanas están rotas, hay luces que no encienden, bombas de agua inútiles y paredes pintadas son algunas de las cosas que no han podido ser arregladas por la Junta de Administración debido a que no dispone de dinero.

El abogado que está ayudando a la Junta, José Luis Langa, lleva años pidiendo responsabilidades al Ayuntamiento. "Si los alquileres no se pagan es porque no hay voluntad de hacerlo", asegura. Por eso no se explica el motivo por el que las autoridades municipales no han abierto expediente de desahucio, tal y como marca la ley. "El Ayuntamiento debería haber estudiado caso por caso e iniciar los expedientes que fueran necesarios", insiste.

La desidia de unos y de otros perjudica a los pocos inquilinos que sí cumplen con sus obligaciones. Sin embargo, Langa advierte de que también están a punto de dejar de pagar el alquiler. "Es normal si ven que el Ayuntamiento no atiende a sus denuncias y que a los que no pagan no les pasa nada", afirma el abogado.

José Luis Langa cree que este caso de las 108 viviendas de San Pío debería servir para hacer reflexionar a los responsables de las administraciones públicas. "Lo que no se debe hacer es salir en la foto entregando las llaves a personas con bajos recursos económicos y desentenderse luego de la situación de esas familias y de las viviendas". Este jurista resalta que muchos de los adjudicatarios de estas clases de viviendas sociales sufren una situación social marginal, por lo que hay que ayudarles. Además, añade, "es un deber moral del Ayuntamiento atender esta clase de reclamaciones".

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