Hacienda perdió 67,5 millones por fallos de cobro

SALVADOR LACHICA
SANTA CRUZ DE TENERIFE En los años 2004 y 2005, la Consejería de Economía y Hacienda, gestionada por José Carlos Mauricio, dejó de cobrar un total de 67,5 millones de euros a sus acreedores por varios defectos de gestión, según aseguró ayer en el Parlamento el presidente de la Audiencia de Cuentas, Rafael Medina.

En concreto, según el informe de fiscalización de las Pérdidas de Créditos Incobrables y de las Pérdidas por la Modificación de Derechos de Presupuestos Cerrados en los ejercicios 2004-2005 presentado ayer, "sumando las cancelaciones de derechos de cobro correspondientes a todas las datas e integrando las agrupaciones contables de ejercicios cerrados y ejercicio corriente se obtiene un total de 36,0 millones de euros en 2005 y 31,5 millones de euros en 2004".

Asimismo, el organismo auditor ha detectado irregularidades en la gestión de Mauricio como consejero que pueden ser susceptibles de ser investigadas por el propio Tribunal de Cuentas del Estado, informó Acn Press.

Así, el hecho de que se hayan dejado de cobrar deudas se debe a la "falta de anotación de la fecha de notificación en el sistema informático y, por tanto, no emisión de la certificación de descubierto impidiéndose el inicio de la exigencia de la deuda en vía ejecutiva". A ello se unen "defectos procedimentales en las notificaciones de la deuda. Y, sobre todo, la "inacción de la Administración Tributaria en cuanto a la ejecución de actos interruptivos del plazo de prescripción".

Enajenaciones

Además, la Audiencia de Cuentas manifiesta que en varios expedientes la Consejería "ha desistido del procedimiento de enajenación de bienes embargados cuyas valoraciones ascendían al 75,2% y 26,3% de las respectivas deudas".

De todo ello, según el informe "se puede concluir la existencia de, al menos, algunas de las notas indiciarias de la responsabilidad contable, cuya efectiva determinación correspondería examinar, en su caso, al Tribunal de Cuentas". Otra irregularidad detectada es que "no se ha realizado manual de procedimientos en relación a la cancelación de liquidaciones", lo que determina la ausencia de parámetros contables homogéneos entre ambas provincias".

Si bien el informe asegura que se reflejan "correctamente las bajas por anulaciones, insolvencias, prescripción, y otras causas correspondientes a 2004 y 2005", el presidente de la Audiencia ha sugerido que se establezcan "medidas que posibiliten la coordinación de criterios de actuación de los servicios de gestión, inspección, recaudación y contabilización territoriales" en ambas provincias.

Además, el informe recomienda poner en marcha "un sistema de seguimiento informático que alerte de las liquidaciones en que el plazo de prescripción pudiera agotarse de no ser por una intensificación de las acciones encaminadas al cobro". Junto a este sistema, también "debe instaurarse el procedimiento de declaración anual de prescripciones conforme a la normativa reguladora evitando notificaciones de deudas ya prescritas".

Por último, y como recomendación "imprescindible" para evitar perder dinero por una mala gestión de los expedientes de acreedores, el informe exige "medidas técnicas, de gestión, de control y contabilización pertinentes a efectos de evitar que se produzcan prescripciones en voluntaria, así como una evaluación periódica de los estados de la deuda total mediante la evolución del número de liquidaciones e importes de deuda en voluntaria emitida, en voluntaria notificada, en voluntaria vencida, providenciado de apremio, apremio emitido, apremio vencido, fase de embargo sin actuaciones y fase de embargo con actuaciones".