El juez envía a prisión al edil del PIL Antonio Machín acusado de cohecho

DOMINGO RIVERO
ARRECIFE El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ordenó ayer el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del concejal del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Machín, al que le acusa de un presunto delito de cohecho. Con el ingreso en la cárcel de Tahíche de Antonio Machín, son cuatro las personas que han sido encarceladas en el marco del Caso Unión dentro de la denominada operación Jable.

Las investigaciones puestas en marcha por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la coordinación del juzgado número cinco y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Canarias se han centrado en una red de corrupción dedicada presuntamente al cobro de comisiones ilegales a empresarios de Lanzarote por la adjudicación de obras y servicios.

Machín ha sido una pieza clave en el Ayuntamiento de Arrecife para la adjudicación de la primera fase del Plan de Barrios de la capital lanzaroteña a una UTE formada por Lanzagrava y otra empresa de la isla. Precisamente, el juez también ha imputado por cohecho al representante de esta constructora, Demetrio Rodríguez, aunque fue puesto en libertad en la noche del pasado miércoles.

El último turno de los interrogatorios fue para el empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa, que fue asistido por su abogado Felipe Fernández Camero. Una declaración que se prolongó hasta altas horas de la madrugada por lo que al cierre de nuestra edición se desconocía el futuro procesal del principal hotelero de Lanzarote.

Rosa que fue detenido el pasado jueves cuando fue a trabajar a su empresa en Arrecife podría ser investigado por el contrato laboral que le realizó al líder del PIL, Dimas Martín para que pudiera obtener el tercer grado penitenciario. El político, que sigue en prisión por el caso del complejo agroalimentario de Teguise, reconoció al juez durante la primera fase de la ´operación Unión´ que había sido contratado pero que apenas iba por esa empresa.

Además, el juez Romero podría interrogar a Rosa por el presunto alzamiento de bienes en favor de Dimas Martín.