Los cabildos plantan cara al Gobierno

SOL RINCÓN BOROBIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE Los siete cabildos canarios escenificaron ayer otro frente común contra el Gobierno regional y algunos dieron una vuelta más de tuerca al amenzar con el posible cierre de servicios esenciales. El nuevo pulso que mantienen con el Ejecutivo hizo que los siete presidentes insulares le exigieran al unísono el cumplimiento de la Ley de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias.

Esta ley establece que los cabildos deben tener garantizada una cantidad económica mínima de los recursos económicos provenientes del Régimen Económico y Fiscal (REF). Según los cálculos hechos por estas instituciones insulares, la cantidad que les correspondería de la liquidación de 2009 asciende a 75 millones de euros. De estos, 45 millones se quedarían en las arcas insulares y el resto se repartiría entre los ayuntamientos.

La negativa del Ejecutivo a reconocer esta deuda, y que ha provocado que los cabildos amenacen con un recurso contencioso-administrativo, ha sido considerada por la Federación Canaria de Islas (Fecai) "una gota más en un contexto de permanentes discrepancias", señaló el consejero de Economía y Hacienda del Cabildo de Tenerife, Víctor Pérez Borrego.

Se refería a las continuas, y ya históricas, demandas de los presidentes insulares al Gobierno canario, entre las que destaca la petición de más financiación para atender las competencias transferidas a los cabildos.

También recordó que, tras haber conseguido que el Gobierno les dé parte del dinero que el Estado ya no retiene a la Comunidad Autónoma en concepto del desaparecido IGTE (Impuesto de Tráfico de Empresas), "todavía no hemos visto cumplido el compromiso" adquirido.
Cifra

Aunque el consejero no facilitó la cifra total que el Gobierno adeuda a los cabildos por diferentes motivos, hay que destacar que el pasado año se hablaba ya de 3.000 millones de euros.

De hecho, un año antes, en abril de 2008, la Fecai solicitó al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, más de 2.000 millones de euros. Esta cifra equivalía al coste que han asumido las instituciones insulares para atender las transferencias que les hizo el Gobierno de Canarias. La suma calculada, que fue entregada a Soria en febrero de ese año, correspondía a la deuda contraída en el periodo1998-2006,según informó entonces el presidente del Cabildo de El Hierro, Tomás Padrón.

Pérez Borrego recordó que, aunque la crisis ha afectado a todas las administraciones públicas canarias, "es incuestionable que las más castigadas son los cabildos".

Explicó que la fuente financiara más importante de la que se nutren las corporaciones insulares son, precisamente, los recursos del REF: el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), el AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías) y el Impuesto de Matriculación. De hecho, suponen el 40% de sus ingresos, mientras que para el Gobierno representa sólo un 6,6%.

La crisis económica ha hecho que esos recursos hayan descendido en 135 millones durante el periodo 2007-2010, lo que supone un 31%. Por este motivo, los cabildos han tenido que reducir "drásticamente" los gastos corrientes.

A pesar de que el consejero aseguró que "nos enfrentamos al peor periodo de la administración pública", garantizó que el Cabildo de Tenerife no cerrará ningún servicio social. Por su parte, Ricardo Melchior se quejó de que el Gobierno no haya facilitado a las instituciones insulares la información sobre la recaudación de tributos REF correspondientes al primer cuatrimestre del año, incumpliendo así un acuerdo de 2002.

"No podemos estar con esa incertidumbre. Queremos los datos para despejar incógnitas de futuro", señaló. No obstante, anunció que hoy se debatirá en el Cabildo el Plan Económico y Financiero hasta 2013, donde se contempla un ajuste del gasto corriente y del gasto de personal.

Melchior también advirtió de que, si el Gobierno de Canarias no empieza a dar a los cabildos lo que les debe, "están en juego la calidad y cantidad de servicios públicos", aunque aclaró que esto no significa que se vayan a dejar de ofrecer aquellos servicios que ya están en funcionamiento, "y menos aún los esenciales".

Eso sí, no pudo asegurar que todos los cabildos vayan a ser capaces de mantener la totalidad de los servicios públicos. "La situación de cada administración es distinta y todas lo pasaremos mal, particularmente en 2011".

Finalmente, Víctor Pérez añadió que las entidades insulares también se han visto afectadas por la disminución de las participación en los tributos del Estado.