GREGORIO CABRERA
ARRECIFE
La marea ha subido tanto que ha sido necesario reforzar y elevar el dique. La Fiscalía Especial Anticorrupción, dirigida por Antonio Salinas, comunicó ayer oficialmente que se hace cargo desde este momento de la coordinación de las investigaciones para sacar a flote supuestas tramas corruptas en Lanzarote y que se han saldado hasta el momento con cerca de cincuenta imputados que han caído dentro de las redes de las operaciones denominadas ´Unión´ y ´Jable´.
Esto supone en la práctica que la competencia queda en manos del delegado Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, y del fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Ródenas, que participa desde el inicio del caso de investigación.
La decisión se fundamenta en el tamaño que ha adquirido un ´monstruo´ que nació como una pesquisa alrededor de presuntos delitos de corte territorial y ambiental pero que ha alcanzado unas dimensiones brutales. De hecho, las pesquisas se han ramificado y tocan aspectos relacionados con el cohecho, el apaño de concursos, el alzamiento de bienes, la malversación de fondos o la insolvencia punible, en un listado que suma una decena de delitos distintos e implica a varios concejales de Arrecife, a técnicos del consistorio capitalino y del Cabildo, a consejeros insulares, a vocales de la Cámara de Comercio, a grandes empresarios de la construcción y al mayor hotelero de Lanzarote, Juan Francisco Rosa. La entrada en escena de Anticorrupción abre una nueva etapa en un paisaje que sigue salpicado en parte por las consecuencias políticas de las detenciones.
El alcalde de Arrecife, Cándido Reguera (PP) ha levantado de momento un muro de silencio y rechazó valorar el envío a prisión ayer de otro edil del grupo de gobierno, Antonio Machín.