MARÍA PLASENCIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los trabajadores de Correos están llamados a secundar una huelga que se desarrollará en todo el país el próximo 10 de junio para rechazar la pérdida de empleo que provocará lo que se denomina apagón postal, además de una manifestación el 11 de mayo. Según explican los sindicatos mayoritarios en esta empresa pública, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ya se ha reducido el presupuesto cuatro millones de euros.
En concreto, respecto al pasado año Correos cuenta con un 52% menos de inversiones (2.012.000 euros) y un 84% en construcciones (1.935.000 euros). Las organizaciones sindicales CC OO, CSIF, Sindicato Libre y CGT aseguran que "esto ha significado el parón de importantes obras como las que se iban a realizar en Los Cristianos, Granadilla o Valle Gran Rey, entre otros".
Por su parte, la propia entidad postal ha informado de que se ha abierto una oficina en El Médano, duplicado el horario de atención al cliente en la oficina de La Cuesta y a lo largo del año se van a realizar cuatro actuaciones más en la provincia. "La empresa postal impulsa cambios que mejoran la calidad del servicio postal dotándose de mejores medios de transporte, acceso informático al seguimiento y control de envíos y concentración de los carteros en centros mejor acondicionados", añade Correos en una nota.
Pérdida de empleo. Los cuatro sindicatos critican además que han contabilizado "más de 60 plazas que siguen sin ofertarse a personal fijo". Según el argumento sindical, "el objetivo de Correos es amortizarlas como ya se está haciendo en el centro de tratamiento automatizado en Taco". En la provincia hay alrededor de 1.200 trabajadores y "en el último año se han incorporado 88 trabajadores fijos de nuevo ingreso", afirma la entidad postal.
Además, 50 trabajadores fijos se han trasladado a puestos operativos a través del concurso de traslados, cuyo objetivo es favorecer el acercamiento de los empleados a sus destinos de preferencia. "No existe, por tanto, falta de carteros ni insuficiencia de reparto en los domicilios y empresas de las Islas", aseveran desde Correos.
Menos demanda. Las organizaciones sindicales también denunciaron que esta situación se produce "pese al aumento del reparto de paquetería en muchos municipios". "Nueve de ellos siguen sin servicio y las ampliaciones que se han efectuado se han realizado sin el contrato de plantilla", añaden los representantes de los trabajadores.
Sin embargo, desde Correos han informado de que la demanda se ha reducido, hasta el punto de que "el servicio ha disminuido en torno a un diez por ciento". Los responsables de la empresa pública han indicado que "pese a ello ningún empleado se ha visto afectado" aunque admiten que "no se han producido las contrataciones eventuales de otros años".
Demanda de una nueva ley postal
El 1 de enero de 2011 entrará en vigor una nueva Directiva Postal aprobada por el Parlamento europeo. A falta de unos meses para que se instale esta normativa, los sindicatos denuncian que los ministerios de Hacienda y Fomento "no han hecho ni una sola propuesta de Ley Postal, ni de Modelo financiero, ni de Plan Estratégico, ni de plan de inversiones". Por ello, con el temor de la pérdida de empleo, las organizaciones sindicales más representativas del sector exigen que "el Gobierno promueva, desde el ámbito de la Presidencia Europea que ejerce, la moratoria de la tercera directiva postal europea", además de que "mediante Ley, el Gobierno designe a Correos como prestador preferente del Servicio Postal Universal, lo que no impide en absoluto, ni mandata en sentido contrario, la Directiva Postal".
Además, reivindican que en esta nueva normativa estatal "se establezcan barreras de acceso claras para evitar la entrada masiva de operadores privados al mercado postal español". Entre estas barreras, las organizaciones sindicales demandan que "se establezca un volumen mínimo de envíos y requisitos específicos de clasificación y preparación" y "se "determine un precio de acceso a la red postal de Correos que no suponga pérdida financiera para el operador público", entre otras acciones.
Al margen de la normativa, los sindicatos aseguran que "pese a ser conscientes de que existe una recesión profunda, pero también de que el colectivo no ha de ser el pagano de lo que no ha generado, exigimos un acuerdo plurianual con avances salariales". Estos avances implicarían, según las organizaciones sindicales, una cláusula de revisión salarial o el incremento salarial de 2 puntos por encima del IPC en el periodo de vigencia del Convenio.