´Las garantías democráticas son escasas en Canarias´

Felipe Campos es a estas alturas uno de los abogados más famosos de Tenerife, no en vano ha puesto su sello personal y profesional en la defensa de diversas causas que, supuestamente, revelan un grado de corrupción demasiado alto. Así que su principal argumento es la necesidad de mejorar una democracia que no encuentra real, sino secuestrada por poderes fácticos.

SARO DÍAZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE - ¿Qué opinión genérica tiene de la política canaria?

- La democracia ha demostrado escasa eficacia y la política se ha manifestado como un claro instrumento al servicio de los intereses de grupos de gobierno, los cuales, a su vez, están claramente supeditados a los intereses económicos que mandan en Canarias. La ley de des catalogación de los sebadales es un claro ejemplo de lo dicho.

- ¿De qué hablaría en el Parlamento?

- Trataría de convencerles de acometer reformas encaminadas a la efectividad de la democracia, del Estado de Derecho. Dada la ausencia patente de libertad e independencia en los medios de comunicación, lo cual es fundamental para garantizar la democracia, propondría reformas legislativas que garantizaran que las instituciones públicas no pudieran realizar campañas publicitarias sin seguir criterios completamente objetivos. Tendría que garantizarse la absoluta objetividad de estas campañas. También habría que buscar fórmulas para garantizar la independencia de los medios frente a empresas privadas y evitar con ello el espectáculo antidemocrático que estamos viviendo, y que se ha hecho patente con el PGO de Santa Cruz.

- ¿En qué le gustaría mejorar la sociedad en la que vive de formar parte de un Gobierno?

- Haría falta una simplificación de la normativa, orientada a la seguridad jurídica, pero también a poner fin a la evidente corrupción que existe actualmente en esta materia. En este punto, se hace necesario dotar de independencia a los funcionarios municipales de control en los ayuntamientos, creando, asimismo, controles efectivos desde la Comunidad Autónoma respecto de actuaciones ilegales ( a veces públicas y notorias) cometidas en los ayuntamientos. Otro tanto ocurre en el plan económico o de contratación. No puede ser que se realicen contrataciones ilegales ( con reparos), y no pase nada, que no se depuren responsabilidades e incluso los comportamientos vuelvan a repetirse. En este punto, se debe revisar la normativa a fin de que se incoen los correspondientes expedientes de repetición contra los responsables de las indemnizaciones millonarias a pagar como consecuencia de supuestos errores. Es hora de que se inicien los expedientes para que en los casos de evidente negligencia el responsable responda con su patrimonio. También se hacen imprescindibles políticas encaminadas a una educación en democracia. Tendrían que ser intolerables en una democracia comportamientos tales como los de Paulino RIvero que se interesa en una oposición por su sobrina, o la de José Manuel Bermúdez, que se interesa por dos opositores concretos en una oposición a la Policía Local en Arona. En una verdadera democracia, los políticos son gestores ajenos que sirven a los intereses generales, esquema en el que no caben actuaciones como las descritas. En una sociedad con una verdadera conciencia democrática no tendrían cabida y, de producirse, el evidente rechazo que se produciría obligaría a la inmediata dimisión. Resulta anómalo que esto haya ocurrido y que estos personajes ( que usan y abusan de un cargo, que no es suyo sino de los ciudadanos) sigan en sus puestos. Por supuesto, y siendo la Justicia esencial para la democracia (en cuanto viene también a controlar a los poderes públicos), serían necesarias todas las medidas oportunas para dotar a los tribunales de los mayores medios posibles, instando a nivel nacional las reformas lógicas que redundarían en una mejor Justicia y un mayor control de la corrupción, que en Canarias es una verdadera lacra.

- ¿Algo más?

- Serían ilimitados los temas a tratar por cuanto el nivel de nuestra democracia es bajo. Pero no puedo dejar de citar la necesidad de un cambio en la ley electoral.

- ¿ De qué área de un hipotético Gobierno se haría cargo?

- No tengo ninguna vocación política, pero quizás, por mi trabajo, el área de Medio Ambiente, o Justicia. En Medio Ambiente serían necesarias muchas reformas encaminadas a simplificar los procedimientos para dotar al sistema de mayor seguridad jurídica, pero con el objetivo real de poner freno al control que los grupos económicos tienen sobre este área y sobre todos los elementos de su engranaje, dado que las decisiones que parten de esta Consejería tienen una evidente consecuencia económica sobre estos poderes fácticos. Habría que poner fin a la corrupción galopante que reina en este ámbito. Creo que prácticamente habría que rehacer el sistema, porque tiene evidentes deficiencias. Hay que buscar fórmulas que impidan de modo efectivo el control que sobre los organismos tienen los poderes económicos. Posiblemente, nadie que pensara o fuera a actuar así tendría posibilidades de acceder a puestos de responsabilidad. En Justicia, la dotaría de más medios. Es evidente que los poderes políticos en general se niegan sin razón lógica a dotar de los mismos a la Justicia con el propósito de que no actúe ágil y eficazmente. No hay que olvidar que precisamente es a la Justicia a quien compete controlar los desmanes de los políticos, por lo que escaso interés tienen éstos en dotarla de medios. Otro tanto ocurre con las necesarias reformas legislativas necesarias para luchar más eficazmente contra la lacra de la corrupción, cambios legislativos que dependen de los políticos. Cada vez resulta más inconciliable el control que los políticos pretenden del poder judicial, siendo la separación de ambos poderes una de las claves del Estado de Derecho. Por eso me parece positivo que miles de jueces de todo el Estado quieran constituir una plataforma de lucha frente a la injerencia política.

- ¿Cree que la gente participa en política lo suficiente?

- Hay escasa participación ciudadana. De ello son en parte responsables los políticos, que no desean ciudadanos críticos y fomentan desde los poderes públicos todo lo contrario. En Canarias, especialmente, tenemos una situación de democracia muy débil, el nivel de garantías es escaso. Es necesaria una reacción ciudadana, una mayor participación. No basta sólo con votar en las elecciones. Esto es una apariencia de democracia. En Santa Cruz (esquema posiblemente exportable a todo el Archipiélago), el grupo municipal, desde hace mucho tiempo, tiene un control social que supone la ausencia de garantías, la ausencia de verdadera democracia. Controlan las asociaciones de vecinos, los medios de comunicación, actuando como si el cargo fuera de su propiedad, olvidando que trabajan para nosotros y para el interés general. El PGO, al poner en juego mucho dinero de los que realmente mandan, ha puesto de manifiesto, dada la intensidad de la presión, el verdadero estado de salud de la democracia. Un pleno que se tiene que celebrar con casi 200 policías y con el pueblo fuera en contra de su aprobación es una foto poco democrática... Su supuesta urgencia nunca explicada; el Plan aún no se ha enviado a la Cotmac y, encima, en esa mentira se involucraron la mayoría de los medios de comunicación en complicidad indigna. Se orquestó una campaña de mentiras. Formalmente tenemos democracia, pero en la práctica es evidente el totalitarismo vigente.

A la vanguardia de las denuncias

Campos es un vehemente abogado de causas difíciles, causas que hacen que el ciudadano debata sobre si es lícito o no que una tradición como el carnaval haga imposible la vida a unos vecinos. También ha llevado los denominados caso Arona y caso Parque Marítimo y en las últimas semanas ha abanderado la oposición a un Plan General de Ordenación (PGO) que deja a muchos vecinos santacruceros sin su casa en el mapa urbanístico. Hubo quien recurrió a la descalificación personal para desacreditarlo, pero él no se dejó arredar por ello. Si no existieran su actitud y su trabajo habría que inventarlos, porque es un antídoto contra las conciencias adormecidas por políticas de pan (con mortadela) y circo salsero.