Magistrados canarios declaran la guerra a la injerencia política

PEDRO GUERRA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tambores de guerra en la Justicia. Un grupo de jueces ha decidido levantarse en armas contra los políticos como nunca había ocurrido en la historia de la Democracia. Un durísimo manifiesto "por la independencia y la despolitización judicial" elaborado en Madrid por 43 magistrados de diferentes ideologías ha logrado el respaldo de casi un cuarto de la carrera judicial en apenas dos semanas de circulación.
Entre los que elaboraron el documento, de 11 folios, la magistrada Elena Corral, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas; y entre los firmantes, magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas, del Tribunal Superior e incluso un miembro de la actual y recientemente confeccionada Sala de Gobierno del TSJC.

Cerca de ochocientos jueces españoles (770 hasta la jornada de ayer) de los cuatro mil existentes han mostrado ya su apoyo a un documento inédito en el mundo de la Justicia. Bajo el lema "Plataforma por la despolitización y la independencia judicial", los jueces españoles dan un puñetazo sobre la mesa para frenar las injerencias políticas que, según ellos, alcanzan su mayor grado en la elaboración del Consejo General del Poder Judicial y los nombramientos que lleva a cabo el órgano de gobierno.

"Consideramos que no podemos ni debemos demorar por más tiempo el momento de unirnos para denunciar públicamente el desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el Poder Judicial en nuestro país, así como para hacerle frente con todos los medios legales y constitucionales a nuestro alcance", recoge el documento en su preámbulo. "Nos hemos propuesto como tarea urgente e indispensable impulsar un movimiento activo... que articule de manera estable y con un mínimo de cohesión interna una organización estructurada y permanentemente operativa que sepa abrirse a la sociedad y poner en su conocimiento la gravedad de la situación judicial", exponen los jueces.

Ocupación. El documento, que vio la luz el pasado 13 de enero, califica la reforma judicial de 1985 como el inicio de la "progresiva ocupación" del poder político sobre el judicial. "El poder político", recoge, "por su propia genética siempre ha dado sobradas muestras históricas de su incontenible afán expansivo y dominador". "Apenas transcurridos siete años de su vigencia (la de la reforma de 1985), el poder político consiguió derribar el principal muro de protección constitucional de esa independencia judicial que tantas expectativas e ilusiones había despertado entre los demócratas de este país después de 40 años de ausencia de Estado de Derecho y de jueces maniatados y sometidos al único poder político entonces existente: la Dictadura".

El documento está recibiendo el apoyo de jueces de todas las ideologías así como de magistrados no asociados; sin embargo, es casi nula la adherencia al mismo de los miembros de Jueces para la Democracia, el sector progresista de la carrera y que se encuentra en posesión de la mayoría (simple) en el CGPJ.

"El poder político, fiel una vez más a su insaciable afán por controlar a su controlador, lejos de respetar las advertencias y condiciones del TC, procedió a renovar a los sucesivos consejos judiciales en clave política, haciendo uso abusivo y marcadamente partidista de este sistema de elección parlamentaria".

El documento continúa su imparable marcha por el correo interno de los jueces en lo que ya se conoce como la guerra de las togas contra las corbatas.