Unos 800.000 canarios se jubilarían a los 67 años

LA OPINIÓN-AGENCIAS | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La idea de prolongar la edad de actividad laboral hasta los 67 años a partir de 2013 y hasta 2025 a los nacidos a partir de 1959 ha provocado todo tipo de reacciones y críticas, básicamente porque existe una enorme población joven que aún espera poder incorporarse a un mercado de trabajo cada vez más restringido por la crisis económica, dando la impresión de que serán los mayores quienes mantengan en peso la actividad laboral.

En Canarias, con una población de 2.103.992 habitantes, hay unas 853.345 personas de entre 20 y 50 años que estarían afectadas por la medida de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, a los que habría que añadir los jóvenes de 18 y 19 años y restar a quienes por razones de salud no pueden trabajar.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder de los ´populares´ en las islas, José Manuel Soria, acusó hoy al Gobierno de no desarrollar una política económica "seria y con rigor" que permita a España salir de la situación de crisis económica, algo que refleja la "improvisación" de ampliar la edad de jubilación a los 67 años. Por ello, reclamó al Ejecutivo que "tome la iniciativa" de buscar consensos.

Las reacciones no se han hecho esperar. Así, el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, indicó que la idea "forma parte de la permanente improvisación" del Ejecutivo central en política económica. En su opinión, el problema en España es que "cada vez hay más gente que se queda sin trabajo" y eso "no se arregla con medidas que se improvisen". A su juicio, esta decisión se tomó porque el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "necesitaba poner encima de la mesa algunas cuestiones" para acudir al "importante foro económico" que se celebra en Davos (Suiza). "Y llevó esto y también la retención del gasto público, pero no veo en modo alguno que esas medidas respondan a una política económica sólida y con rigor", lamentó. El líder del PP en Canarias insistió en que en la estrategia política "no valen parches ni cortoplacismos", ni tampoco "acciones de cara a la galería", aconsejando al Ejecutivo que adopte una estrategia con medidas "a medio y largo plazo".

Por su parte, El sindicato Intersindical Canaria calificó de "ataque" del Gobierno su pretensión de retrasar el año de jubilación y plantea que la iniciativa tenga "una contundente reacción social y sindical con la convocatoria de movilizaciones y medidas de presión que paralice el proyecto del PSOE, en Canarias con más razones". La organización señala que espera que UGT y CC OO tomen una postura coherente y proporcional a este grave atentado del Gobierno. A juicio de Intersindica, el Gobierno español cede a las presiones de los sectores financieros y de la CEOE para, "contradiciendo su propio programa político y electoral", hacer recaer nuevamente el peso de la crisis sobre los trabajadores al alargar su vida labora".

De "demasiado precipitada" ha tachado el secretario de Cohesión Social de UGT en Canarias, Ramón Rodríguez, la decisión del Gobierno. UGT considera que "no se dan las circunstancias para tomar ese tipo de medidas, que además crean una preocupación innecesaria entre los futuros pensionistas".

Según Ramón Rodríguez, éstos "no son tiempos para crear esta alarma social". Independientemente de que en el Pacto de Toledo se acordara tomar medidas para paliar posibles riesgos en el sistema de pensiones, "el Estado por ahora dispone de un fondo de reserva de más de 60.000 millones de euros y en la Seguridad Social hay superávit", adujo el secretario de Cohesión Social de UGT.

Son necesarias movilizaciones

Intersindical Canaria considera un "ataque" a los trabajadores el retraso de la jubilación y considera que la medida merecería una contestación social contundente de todas las fuerzas sindicales, esperando que CC OO y UGT reaccionen "con coherencia". El sindicato nacionalista ve en esta decisión del Gobierno central una cesión a las presiones "de los sectores financieros y empresariales que ontradice su propio programa político y electoral". "Esta situación es tanto más grave en el caso de Canarias -argumenta-, al darse unos indicadores sociales y laborales extremadamente negativos y discriminatorios en relación con la media del Estado español". Al igual que UGT, Intersindical recuerda la propia línea argumental del Gobierno sobre la necesidad de sostenibilidad del sistema de pensiones, pues se da la circunstancia de que éste tiene asegurada su operatividad al menos durante los próximos 30 años.