CC enmienda el Catálogo al recibir una lista actualizada

DANIEL MILLET | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria enmienda en la actualidad la polémica proposición de ley sobre el cambio del Catálogo de Especies Protegidas al recibir hace unas semanas una evaluación revisada del estado de la flora y fauna vulnerable hecha por expertos internos y externos del Gobierno de Canarias. José Miguel González, presidente del Grupo de CC, reconoció a este diario que la proposición de ley original, cuya toma en consideración en el Parlamento de Canarias fue aprobada el pasado 22 de octubre con los votos del propio CC y del PP y el rechazo del PSC, fue realizada en base a datos del año 2004 que el nuevo estudio permitirá "adecuar al presente".

Otras enmiendas que van a introducir los nacionalistas son las que pasan por las recomendaciones del Consejo Consultivo, cuyo informe tiene diversas interpretaciones. Según el partido proponente, el Consejo únicamente pide pequeñas modificaciones en la redacción de la proposición de ley. Para las más de 40 asociaciones y colectivos contrarios, el dictamen del Consultivo va mucho más allá y supone una crítica en toda regla a las formas de proceder del Grupo Parlamentario de CC.

Lo que estableció este dictamen es que la proposición de ley "se ajusta al ordenamiento jurídico", pero posee serios vacíos que se deben resolver en el trámite parlamentario: no contiene ninguna previsión respecto a la regulación del régimen sancionador de referencia, presenta sombras en las excepcionalidades por razón de interés público y prioritario, la fórmula seguida no es la que mejor permite el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación pública en una materia tan sensible como el medio ambiente, deja la puerta abierta a cambios por decretos del Gobierno y peca en su articulado de falta de concordancia con el Catálogo de Especies del Estado.

José Miguel González rechazó las denuncias de que detrás del cambio en el Catálogo estén las prisas por reanudar las obras del puerto de Granadilla. "Esto no es así. La Ley de Patrimonio Natural dice que hay que reajustar los catálogos pues eliminó dos de las grandes categorías de clasificación. La ley derogada incluía las siguientes categorías: especies en peligro, especies vulnerables, especies susceptibles de alteración de hábitat y especies de interés. Ahora reduce las categorías a dos: en peligro y vulnerables".

González aclara que "lo único que ha hecho CC es presentar una proposición para adecuar el Catálogo autonómico a la nueva realidad jurídica". Ahora bien, admite que sí hay una intención de eliminar trabas para la gestión del territorio, la preservación del derecho a la propiedad y la realización de proyectos: "Dice la ley que las comunidades podrán añadir otras categorías. ¿Qué podíamos hacer? Crear el concepto de especies de interés para los ecosistemas: es decir, proteger a las especies con esa categoría pero dentro de los espacios protegidos de las Islas". Las que se quedan fuera no tendrán protección, con lo que no serán impedimento para esas actividades económicas declaradas "imprescindibles".

"No restaremos ningún nivel de protección"

Lo que para el Grupo Parlamentario de CC es una medida para "objetivar el procedimiento" de confección del Catálogo de Especies, para los numerosos colectivos contrarios es una maniobra más para rebajar la protección de la rica biodiversidad canaria en beneficio de obras y proyectos de naturaleza especulativa. El presidente de CC, José Miguel González, asegura que su grupo no persigue "restar ningún nivel de protección a ninguna especie" por capricho. Ahora bien, asegura que "lo que no puede pasar es que no se pueda hacer nada en ningún sitio, porque en todos lados hay especies". Los conservacionistas –se han manifestado en contra de esta proposición de ley más de 40 asociaciones o colectivos– no sólo se rebelan contra la intención de liberar suelo en contra del interés público sobre el patromonio natural, sino también contra las formas de llevar a cabo la iniciativa: a toda prisa al intentar sin éxito hasta habilitar este mes para acelerar el proceso, de espaldas a una buena parte de la comunidad científica local, en base a datos desfasados, con discordancias con respecto al Catálogo Nacional (que pueden motivar el rechazo del Estado) y a través de una vía parlamentaria –legítima sí– que deja sin embargo vacíos en lo concerniente a la participación pública.